ESCUCHARTras los episodios de de violencia que se vivieron ayer en la provincia de Jujuy, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, informó que no enviará fuerzas federales a dicha jurisdicción.
“Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin la autorización previa ni el armado de un Consejo. Yo no tengo una orden”, dijo Fernández en la puerta de Ministerio de Seguridad de la Nación.
El funcionario del Gobierno subrayó: “La Policía de Jujuy es la que está actuando, nosotros no tenemos nada que hacer ahí”. Y en la misma línea, agregó: “Nosotros miramos con mucho detenimiento y preocupación porque la represión nunca es buena”.
Al ser consultado por los acusaciones de Morales, quien ayer apuntó como responsables de la violencia en Jujuy al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a él mismo, el ministro Fernández respondió sin rodeos: “Lo que dice el Gobernador es mentira”.
“¿Ustedes pueden creer esa estupidez? Díganme una persona que haya actuado impulsada, financiada, incitada, acompañada para ir a provocar un problema a Jujuy. ¡Que presenten las pruebas! Hasta ahora estamos hablando de algo que no tiene”, planteó el funcionario ante las reiteradas preguntas de los periodistas.
Qué se modificó de la Constitución de Jujuy
Impulsada por el gobernador Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada el martes en medio de graves incidentes en las calles de la ciudad capital.
Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma constitucional oficialista.
Frente al conflicto y antes de la jura, Morales dio marcha atrás para revisar dos artículos, el 36 y el 50 (relacionados con derechos de los pueblos originarios), que ya habían sido aprobados y volvieron a la redacción vieja del ’86. A la vez ratificó el contenido del artículo 67 que limita la protesta social.
