ESCUCHARLos juzgados federales de la ciudad de Córdoba recibieron 771 causas por delitos tributarios entre 1998 y 2008. De ese total, en 53,5% (412) no se ha dictado ningún tipo de resolución. Y en el caso de las que sí se han dictado (359), el mayor número de resoluciones corresponde a sobreseimientos, detectándose un índice muy bajo de procesamientos y de elevaciones a juicio. También advierten bajos niveles de productividad y extensos plazos de duración de los procesos.
Los datos surgen de la investigación empírica sobre el funcionamiento del Fuero Penal federal (en materia de criminalidad tributaria) que llevó adelante el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip- Córdoba) con el apoyo del Fondo Regional para la Transparencia (Fontra) al que tuvo acceso Comercio y Justicia y que hoy será presentado, a las 11, en la Escuela de Capacitación de Tribunales Federales .
El relevamiento surge de los libros de entrada de los tres juzgados de los que se filtraron tanto las causas denunciadas por AFIP y Dirección General de Aduanas (DGA) como las denunciadas por particulares que fueron remitidas a al fisco para su investigación administrativa. Los delitos investigados se corresponden a infracciones a las leyes 24769 (Régimen Penal Tributario) y 22415 (Código Aduanero), entre los que se incluyen figuras como evasión simple, agravada, aprovechamiento indebido de subsidios, ocultación fraudulenta de beneficios fiscales y apropiación indebida de tributos, entre otros. Del total de 771 causas relevadas en esos diez años, la mayoría, 623, corresponden a los delitos referidos a la primera ley y 63 a la segunda.
Tasa de ingreso
El equipo de estudio comandado por Sebastián Narvaja analizó cuestiones como la productividad del sistema de justicia penal y del manejo de su carga de trabajo. En este sentido, trazó una serie de conclusiones.
“Una de las dificultades recurrentemente señaladas por los operadores del sistema se relaciona con una percepción de saturación de la capacidad de trabajo disponible en las oficinas judiciales, agravada en este tipo de casos por la ausencia de operadores especializados en la materia que nos ocupa. No obstante, el análisis de situación que hemos efectuado, tomando por muestra el período correspondiente a los últimos diez años, enseña que en realidad, la carga de trabajo en esta materia es relativamente baja.”
Seguidamente, detalla el informe que el promedio de ingreso de casos por cada uno de los tres juzgados federales es de 2,14 por mes en los últimos diez años (alrededor de 25 casos por año). “A ello debemos sumar que un elevado número de casos se corresponde con causas tremendamente simples”, como la infracción de los empleadores que no deposita los recursos de la seguridad social de sus empleados, ilustra el informe.
Bajo nivel de productividad
“Pese a la baja tasa de ingreso de casos, los índices de avance en las investigaciones hablan de bajos niveles de productividad: más de la mitad de los casos sin resoluciones, pocos casos procesados o elevados a juicio y extensos plazos de duración de los procesos, constituyen el panorama en la materia”, expresan entre las conclusiones.
“La mayoría de los casos que llegan a juicio demoran entre tres y seis años en llegar a dicha instancia, mientras que la situación de los pocos casos en que se logra arribar a condenas es aún más deficitaria. Específicamente, la extensa duración de los procesos termina determinando como resultado que muchas investigac
