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Industria del cine en jaque: figuras del negocio se pronunciaron en Diputados contra Ley Ómnibus

Santiago Mitre. El director de "Argentina, 1985" expuso en el Congreso por la Ley Ómnibus. TELAM
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La productora ejecutiva Vanessa Ragone y el director Santiago Mitre, referentes de «El secreto de sus ojos» y «Argentina, 1985», hablaron de los perjuicios que ocasionaría la aprobación de la norma sobre el financiamiento de la actividad cinematográfica

Dos figuras del cine argentino como Vanessa Ragone y Santiago Mitre, productora de «El secreto de sus ojos» y director «Argentina, 1985″, respectivamente, dos filmes con presencia en los Premios Oscar, se pronunciaron este lunes en el Congreso en contra de las modificaciones a la Ley de Cine previstas en el proyecto de Ley Ómnibus.

Tanto la productora de la película que ganó un Oscar como el realizador del largometraje basado en el Juicio a las Juntas que estuvo entre los cinco nominados internacionales de la Academia de Hollywood, instaron a tratar una nueva norma para la industria de manera separada.
«El cine es una actividad virtuosa que devuelve mucho de lo que el Estado le da», sostuvo Ragone en el marco del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Mitre aclaró que «el presupuesto del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (Incaa), pese a las insistentes falsedades que se dicen, no está relacionado con el presupuesto nacional, sino que se autoabastece».

El proyecto de ley propone la eliminación del financiamiento que el Incaa obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.

Si bien la iniciativa no suprime el propósito de impulso a la actividad cinematográfica, el nuevo texto postula que el Fondo de Fomento Cinematográfico se integrará «con un impuesto equivalente al diez por ciento (10%) aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen», como ya existe, y «con los recursos que defina el Presupuesto Nacional».

«Nuestra perspectiva es que esta Ley requiere análisis de muchísimas áreas, pero el momento de hacer un cambio a la ley de cine implicaría no poder seguir produciendo prácticamente», señaló Ragone, quien fue productora ejecutiva en el filme dirigido por Juan José Campanella.

«Deseamos pedirle a los legisladores la oportunidad de discutir una nueva Ley de Cine que nos solidifique y que nos lleve al lugar donde siempre hemos estado. Consideramos que apurar unas modificaciones que no conocemos sería letal para el cine e impediría que pudiéramos seguir filmando», señaló, a la vez que junto a Mitre pidió a los diputados que hagan a un lado los artículos que hacen referencia a la actividad cinematográfica.

“El cine no pide plata, pide que se mantenga la ley que le permite autofinanciarse”, sostuvo Mitre.

De aprobarse el nuevo régimen, no subsistiría la garantía de financiamiento que hoy prevé la Ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25% «de las sumas efectivamente percibidas» por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522. A la vez el proyecto propone eliminar otra fuente de financiamiento que hoy surge de computar el 10% del monto que derive de la «venta o locación de todo tipo de videograma grabado».

Exportación

Mitre, por su parte, subrayó que «Argentina es el país que más nominaciones tiene en la región porque hay una Ley de Cine. Las películas se exportan y son reconocidas en el mundo y le dan visibilidad a la Argentina en todo el planeta», tras lo cual se preguntó: «¿Por qué quieren destruir eso?».
«No es momento de retroceder y destruir lo que logramos -afirmó Mitre-. Los cambios deben ser reflexivos y sobre todo para atender el prestigio de nuestro país».

Esta propuesta de reforma resulta particularmente importante para la comunidad cinematográfica, que venía discutiendo, justamente en el ámbito del Congreso de la Nación, un proyecto de ley para extender la base impositiva a las plataformas de streaming, algo que no redundaría en mayores impuestos, sino que cerca del 10% del IVA que ya se cobra, sea destinado al fomento de la actividad.

Sin embargo, en el nuevo texto, que además modifica la estructura funcional del Incaa (reestructura las funciones de la Asamblea y el Consejo Asesor), no sólo no amplía la base de tributación sino que elimina esta fuente de financiamiento.

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