Suspenden descuentos a un veterano de Malvinas, víctima de ciberdelito

Publicó la venta de una cortadora-tractor de césped en Internet y un supuesto comprador lo embaucó y obtuvo los datos de su cuenta bancaria, con los que pudo sacar un crédito de $270.000

La Sala I de la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó una sentencia de grado que admitió la medida cautelar para que un banco se abstenga de efectuar los descuentos que se realizan en la cuenta bancaria de titularidad del actor, víctima de ciberdelito. [privado]

En autos “Reimondi, José Antonio c/ Banco Nación Argentina s/ Ley de Defensa del consumidor”, el tribunal también rechazó el recurso de apelación de la entidad financiera, que había argumentado que fue el cliente quien habilitó a que se concreten las operaciones cuestionadas, por cuanto las credenciales de acceso y uso de los canales electrónicos son personales e intransferibles y su guarda es exclusiva responsabilidad del titular de las mismas.

El caso se originó cuando un veterano de Malvinas publicó en Internet la venta de una máquina de cortar pasto, del tipo tractor, a $120.000, siendo contactado por una persona que aparentaba estar interesada en la operación. Lo hizo primero por mensajería interna de Facebook el 14/9/2020 y a su vez dio el número de telefonía móvil y un supuesto nombre de pila.

Seguridad

El supuesto comprador refirió que por una cuestión de seguridad no podría retirar todo el dinero del banco, de modo que le solicitó el CBU a efectos de realizar la transferencia del dinero, por un valor de $80.000, habiendo pactado que el resto lo abonaría al retirar el tractor. El 18/9/2020 el supuesto comprador envió una aparente constancia de transferencia por dicha suma, pero el vendedor observó que no estaba acreditada en su cuenta.

El artículo 1º de la LDC refiere que se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Ante el reclamo del veterano, el presunto comprador manifestó que no pudo realizar la transferencia porque había un problema administrativo con el banco e indicó que ello se podría solucionar rápidamente si se realizaba desde un cajero, tras lo cual recibió un email de RedLink diciendo que se comunicaría con él un asesor para "realizar la activación" de los $80.000 que no se acreditaron en la cuenta.

Así las cosas, se comunicaron desde un teléfono y le dieron indicaciones de lo que debía hacer en el cajero automático para que se realizara la operación y, siguiendo esos pasos, el supuesto comprador obtuvo los datos de acceso a su cuenta.

Con esa información en su poder, quien se había hecho pasar por interesado en el tractor solicitó un préstamo personal por $270.000 y transfirió ese dinero a dos cuentas radicadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Además, extrajo en efectivo de la cuenta del veterano $16.000, en movimientos ocurridos entre el 18/9/2020 y el 21/9/2020.

En la sentencia, el tribunal integrado por Roberto Daniel Amabile y Pablo Candisano Mera recordó que el vínculo jurídico que une a las partes es una relación de consumo en la que el apelante reviste la calidad de proveedor en los términos del artículo 2 de la ley 24240 de Defensa del Consumidor (LDC) y 1093 del Código Civil y Comercial, con lo cual pesaría sobre él una obligación expresa de seguridad y garantía respecto de los usuarios con los que ha contratado, que le impone prestar el servicio de forma tal que no le cause daños a éstos, tanto en su persona como en sus bienes (artículos 5, 6, 28 y 40 LDC y 42 de la Constitución Nacional).

Expectativa

Los jueces añadieron que, en contraposición, el usuario tiene una razonable expectativa de que las operaciones sobre su cuenta se realizarán en un entorno seguro para él y sus bienes.

Bajo este marco normativo, en el fallo se entendió que el actor, veterano de guerra, adulto mayor y discapacitado, debe ser considerado, a los fines del artículo 1 LDC un consumidor hípervulnerable.

Los magistrados interpretaron que frente a ese consumidor se encuentra una institución bancaria centenaria como el Banco Nación Argentina, de enorme envergadura, cuyas respuestas en el marco del proceso fueron absolutamente genéricas.

Para admitir la medida cautelar, el tribunal consideró que el peligro en la demora se encuentra acreditado en la trascendencia económica de los montos descontados de los ingresos y que, descuentos mediante, se traduce en apenas poco más que un salario mínimo vital y móvil.

"Esto torna aún más evidente el perjuicio que se genera y releva de mayor análisis acerca de la superioridad económica que detenta el banco frente al actor. Se trata en definitiva de cautelar a la parte más vulnerable dentro del vínculo jurídico y de proteger el salario de R. sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el marco de la causa principal, lo que hace que deba atenerse a la solución más favorable al consumidor (art. 3, ley 24.240)", concluyó la sentencia.