Según informó hoy la agencia de noticias Télam, el Estado Nacional solicitó al juez en lo civil y comercial federal Edmundo Carbone que deje sin efecto la medida cautelar que dejó en suspenso, para el Grupo Clarín, el plazo de un año de la cláusula de desinversión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A través del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha y con el respaldo del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, el Estado pidió el levantamiento de la medida, recientemente confirmada por la Corte Suprema a condición de que se le fijara un plazo «razonable» de vigencia.
La norma impone la desinversión de quienes fueren titularesde una cantidad de licencias mayor que la permitida por legislación. Al respecto, la Procuración expuso que el plazo de un año previsto por el artículo 161 comenzó a regir desde el 9 de setiembre de 2010, por lo que, «en los hechos, desde la sanción de la ley -octubre del año 2009- habrán transcurrido aproximadamente dos años cuando expire el término antes indicado».
Para Da Rocha, este último plazo «resulta más que razonable a fin de que el Grupo Clarín -al igual que los restantes titulares de licencias- cumpla el régimen de desinversión que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual».
El Estado solicitó al magistrado que, en caso de que no acepte el pedido, «fije el plazo razonable por el cual entiende que debe permanecer vigente la medida cautelar», tal como lo estableció la Corte el 5 de octubre último, para evitar que la misma se transforme en «una virtual sentencia definitiva».
