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El pasado viernes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó en un acto que se realizó en la Escuela Penitenciaria Doctor Juan José O’Connor, en Ezeiza (Buenos Aires), la asunción formal de las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario Federal.
En su discurso, la ministra resaltó la importancia de la “continuidad en el marco de una conducción en la fuerza”, lo que marcó una diferencia de la pasada gestión nacional, que intervino dicha fuerza federal y nombró una funcionaria política para conducirla. Las nuevas autoridades puestas en funciones son personal superior penitenciario con una carrera en la institución de varias décadas, habiéndose desempeñado en todos los grados de la jerarquía de oficiales.
Además, pidió que la tarea penitenciaria sirva como “el tránsito de la delincuencia para llegar a un argentino de bien” y aseveró: “Trabajaremos para bajar la reincidencia y que la sociedad no esté tan insegura”.
No es poco el trabajo por hacer. Los años de la pasada gestión política del servicio, entre 2020 y 2023, estuvieron signados por sucesivas polémicas respecto al desmantelamiento de ciertos servicios claves de prevención y vigilancia interna de las cárceles, la liberación de presos durante la epidemia del covid-19, o la constatación de que ciertos reclusos de alta peligrosidad vinculados al narcotráfico planificaban delitos y seguían mandando a sus bandas desde los penales federales.
Cabe destacar que, en la presente gestión nacional, además de poner oficiales penitenciarios de carrera al frente del servicio, apenas asumida en la cartera de seguridad, la ministra impulsó y obtuvo que el Servicio Penitenciario Federal fuera traspasado desde el ministerio de justicia a su cartera.
Nos parecen -ambos- gestos que apuntan a jerarquizar a la fuerza federal quizás menos reconocida en su labor, que -sin embargo- es de crucial importancia.
Recordemos que el Servicio Penitenciario Federal no sólo administra los establecimientos penitenciarios federales sino que también resulta el área desde la cual se llevan a cabo programas criminológicos de seguridad y reinserción social, contando con diferentes establecimientos en 15 provincias de la República Argentina.
Fue creado en 1933 por medio de la Ley Nº 11833 de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena, del 9 de octubre de ese año, obra del Dr. Juan José O’Connor, primer director General de Institutos Penales, quien abogó por el cumplimiento del mandato constitucional de humanidad y promoción de la reinserción del interno. Con su sanción se ha dicho que se elevó el régimen penitenciario argentino a la vanguardia de los países más adelantados.
No por nada, el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional rezan: «(…) Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice».
Como puede leerse en la parte de historia de la página web del Servicio Penitenciario Federal: “Heredero de la Dirección General de Institutos Penales creada por la Ley Nº 11833 ‘De Organización Carcelaria y Régimen de la Pena’, del año 1933, el Servicio Penitenciario Federal hoy encuadrado por el articulado de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24660, reafirma la premisa resocializadora del tratamiento de los internos que impregna su historia. Es decir, confirma la premisa con la que las cárceles federales acompañó la historia nacional: la humanización de la pena. A través de su historia, se trata de revertir muchos años de ocultar la cárcel para negar una realidad que forma parte de la sociedad a la que sirve. A través de este repaso, se espera transmitir este sentido humano del penitenciarismo federal argentino asociado a su trayectoria institucional”.
La situación de las cárceles argentinas es un problema acuciante, y que viene de años de gestiones que las han tenido en caída libre -veamos lo que pasa en nuestra provincia, por ejemplo-, pero a escala federal la cosa ha sido peor aún. Esperemos que esta nueva gestión se halle a la altura de tales tradiciones, que no por ser muy conocidas a nivel general, dejan de tener una central importancia de cara a una sociedad libre, abierta y democrática.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
