Empresa y ART indemnizan a trabajadores rurales intoxicados con agroquímicos

Los operarios se vieron afectados cuando paleaban cereales en un silo subterráneo, propiedad de la compañía demandada. La aseguradora responde sólo por el límite establecido en la póliza

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) condenó por responsabilidad civil a Carlos Boero Romano SAIC y La Segunda ART -ésta con el límite del seguro- a pagar a un grupo de trabajadores rurales el lucro cesante y daño moral padecido tras haberse intoxicado con agroquímicos mientras paleaban cereales en un silo subterráneo, propiedad de la accionada.

Los operarios cuestionaron que se les rechazaran las demandas con las que perseguían reparación por las secuelas incapacitantes producidas por las sustancias tóxicas y denunciaron que el a quo fundó el pronunciamiento únicamente en los informes dictados por médicos no especialistas en toxicología.

Los recurrentes agregaron que la juzgadora formuló apreciaciones dogmáticas al referirse a los síntomas clínicos y los atribuyó al alcoholismo, lo que -consideraron- resulta escandaloso y violatorio del honor, siendo que se trata de algo que no fue invocado ni acreditado. Por último, afirmaron que el material probatorio incorporado indicó que padecieron de una intoxicación aguda por exposición a órganos fosforados, que luego devino en crónica lo cual les produjo una incapacidad de 30% de la total obrera

Constatación

El TSJ -integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo - indicó que la expresa constatación de las neuropatías por medio de los estudios realizados más de dos años después de los accidentes que sufrieron los trabajadores le quita justificación a la ausencia de dicha evidencia en la clínica de aquéllos.

Además, sostuvo que la titular del departamento de Toxicología del Hospital San Roque no sólo certificó las secuelas, habiendo sido la médica que los trató en los años posteriores, sino que durante la audiencia de vista de la causa se opuso a la conclusión pericial relativa a la ausencia de clínica que evidenciara el daño.

Luego indicó que la cuestión que priorizó el a quo para descalificar dicha opinión científica (la especialista no expuso su disidencia formal en el tiempo oportuno), debió ceder por aplicación del principio de la búsqueda de la verdad real.

El Alto Cuerpo consideró inquietante la constatación de las condiciones en que los trabajadores efectuaron las tareas luego de la aplicación de los agroquímicos, al acreditarse que no se les brindó ningún elemento de protección que garantizara la integridad de la salud ni información al respecto.

Pericia

A su vez, se ponderó que la pericia técnica resaltó la ausencia de ventilación suficiente, incorporó fotografías de los silos subterráneos donde ocurrieron las intoxicaciones y destacó las prevenciones que debieron tomarse al respecto.

Los vocales recordaron que la OIT y la OMS informan y advierten sobre la cantidad de enfermedades y accidentes de trabajo que cada año causa el uso de plaguicidas, a saber 70.000 muertes por envenenamiento y, al menos, siete millones de casos de enfermedades no fatales.

Para el TSJ, las comprobaciones muestran que no sólo se desoyeron las regulaciones legales de referencia sino que no se cumplieron las más mínimas prevenciones para evitar las intoxicaciones a los trabajadores, dando por acreditado el daño crónico en la salud de los demandantes en oportunidad que paleaban cereal en los silos subterráneos de propiedad de sus empleadores.

Luego, ordenó el TSJ que a los fines de la cuantificación de las indemnizaciones se tomara el porcentaje de incapacidad otorgado en los certificados acompañados inicialmente (30% de la TO).

Lucro cesante

Para la determinación del lucro cesante, los vocales indicaron que corresponde hacer un cálculo lineal de las ganancias perdidas, que se obtiene partiendo de un salario actualizado con el coeficiente que resulta de dividir 60 por la edad de los accidentados a la fecha del hecho, luego reducido por la incapacidad fijada (30%) y multiplicado por el número de períodos temporales útiles transcurridos entre el hecho lesivo y la fecha de la sentencia.

Respecto del resarcimiento futuro, el TSJ consideró que la operación parte de actualizar nuevamente el salario con el mismo método que el anterior, pero ahora el coeficiente surge de dividir 60 por la edad del damnificado a la fecha del resolutorio del a quo, reducido igualmente al porcentaje de incapacidad (30%), al resultado se lo multiplica por 13 períodos y este es el capital, que puesto a un interés equivalente a seis por ciento anual por los años que le quedan de expectativa de vida, es decir, hasta cumplir 75 años, muestra la indemnización para la posteridad.

Finalmente, el fallo cuantificó el daño moral el cual ordenó que se determine en 20% del capital obtenido.

Autos: "Calderón Rubén Darío y Otros c/ Carlos Boero Romano SAIC- Ordinario" Recurso Directo - 767813, Trib. de origen: Cám. Civ., Com., Flia. y Trab., Marcos Juárez