Confirman denegación de medida cautelar en un caso de violencia de género laboral

La planteó una agente de la Administración pública nacional respecto de un compañero de tareas. El tribunal concluyó que la mujer recibió todas las garantías para su seguridad

Al considerar que se tomaron todas las medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de la accionante y que la empleadora cumplió de inmediato con las precauciones para evitar el contacto de aquélla con el denunciado, la Cámara 2ª de Familia de Córdoba confirmó el rechazo de la solicitud de una nueva medida cautelar que buscaba la reubicación de las tareas de la actora.

El tribunal no observó un peligro inminente ni un daño en la situación laboral actual, y manifestó que para ello se deberá recurrir a un proceso más amplio, con mayor debate y prueba.

Los vocales Graciela Melania Moreno de Ugarte y Fabián Eduardo Faraoni destacaron que la denuncia por violencia institucional fue presentada por la señora R. contra la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el requerimiento, R. manifestó que se sentía víctima de violencia laboral al no cumplirse lo acordado en la denuncia contra el señor G., con relación a su traslado a cualquier organismo nacional ubicado en la Provincia de Córdoba. Por lo tanto, solicitó las medidas establecidas en el artículo 11 de la ley 10401, incisos i), m) y p), y cualquier otra medida necesaria para garantizar su cumplimiento efectivo.

En ese contexto, el tribunal señaló que se llevó a cabo de inmediato la reasignación de tareas de la señora R. para evitar cualquier contacto con G., y aclaró que ambos agentes tienen la misma jerarquía pero no comparten espacio físico sino que trabajan como fiscalizadores en el terreno.

En el fallo se indicó que la reasignación de tareas no implica para la mujer ninguna modificación perjudicial para sus condiciones laborales actuales, ya que deja de participar como agente fiscalizador en las inspecciones del rubro carnes para pasar al rubro grano y lácteos, según su elección, no existiendo otras tareas disponibles para desempeñarse en la ciudad de Córdoba.

La cámara evaluó que la insistencia de la señora R. en solicitar una reubicación laboral, a pesar de que sus condiciones de trabajo están garantizadas y no ha sufrido perjuicio después de presentar la denuncia, excede el alcance del proceso (denuncia por violencia institucional) debido a la falta de los requisitos necesarios para su procedencia, como la verosimilitud del derecho y el peligro de daño, los cuales han sido neutralizados por la actuación del tribunal en el caso relacionado.

Por lo tanto, los camaristas precisaron que las quejas presentadas por la apelante carecen de validez para revertir la decisión impugnada, ya que la situación planteada claramente requiere un tratamiento que va más allá del marco cautelar establecido en el artículo 11 de la ley 10401 -incisos i), m) y p)- y cualquier otra medida necesaria para garantizar su cumplimiento efectivo), por lo que, en caso de considerarlo necesario, deberá presentar su reclamo en un proceso que permita un debate amplio y la presentación de pruebas para resolver las cuestiones relacionadas con su situación laboral.

En consecuencia, el fallo resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar la decisión impugnada en los aspectos cuestionados.

Se consideró que la decisión apelada se ajusta a derecho, ya que los planteos realizados por la mujer buscaban garantizar su reubicación laboral, lo cual ya ha sido efectuado por su empleador.

Por lo tanto, se concluyó que no puede argumentarse que el archivo ordenado sea resultado de una omisión en el tratamiento de la solicitud sino que se debe a la necesidad de un enfoque que va más allá de las medidas precautorias adoptadas por la actuación judicial anterior, la cual ha cumplido con su intervención en ese aspecto.

En conclusión, el fallo determinó que se debe rechazar el recurso de apelación presentado y confirmar la decisión impugnada en los aspectos cuestionados.