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Repensar los resguardos con la violencia familiar y de género

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Por Luis Carranza Torres (*) y Carlos Krauth (**)

El homicidio de Milagros Bottone, la joven estudiante de derecho baleada por su padre cuando salió en defensa de su madre, pone nuevamente en discusión una serie de cuestiones que, pese al énfasis de los organismos públicos por resolver, continúan sin solución. Nos referimos -entre otras cosas- a la violencia en general (particularmente a la intrafamiliar o de género), a las políticas oficiales desplegadas para enfrentarla y la respuesta de los operadores públicos, por citar los aspectos principales.

Tristemente, no es nueva la queja escuchada por boca de sus familiares directos, fundamentalmente la madre de Milagros, quien ponen en duda la efectividad del sistema. En varios reportajes, ella (también víctima del homicida) fue insistente en decir que no fue escuchada por el sistema (y sus operadores) “Yo lo denuncié y dije que era una persona violenta. Sufrí violencia 30 años de mi vida, dije que él era una persona que tenía armas. Yo lo anuncié y nadie me escuchó», expresó. 

Si bien sus palabras fueron dirigidas principalmente al Poder Judicial, entre otras cosas manifestó que la magistrada interviniente se mostró impotente en 2022, cuando le pidió seguridad para sus hijas y para ella, «porque él era un psicópata con armas y podía hacer una locura con cualquiera»; y que Milagros había solicitado el botón antipánico porque tenía miedo pero que se lo negaron. Su queja se extendió también a la policía y al funcionamiento del Polo de la Mujer, respecto de los cuales dijo que “han dejado mucho que desear” y los acusó de haber actuado negligentemente. 

El hecho tuvo gran repercusión, tanta que, como suele suceder, a partir de su publicidad, empezaron a salir a la luz otros casos, que sin haber terminado tan tristemente, son coincidentes, según los planteos hechos por las personas involucradas.

No hay dudas de que luchar contra lo injustificado de la violencia que sufren especialmente las mujeres no es fácil. Coincidimos en eso con lo dicho por la fiscal Adjunta de la Provincia. Sin embargo, creemos que es necesario hacer un replanteo sobre cómo enfrentarla. Es que nadie puede sostener ya que se trata de la “justicia machista de antes”. Es conocido el grado de especialización en cuestiones de género que tienen los funcionarios intervinientes, así como la creación, en los últimos tiempos, de fueros y organismos especializados en la materia. En consecuencia, la pregunta es, ¿por qué siguen ocurriendo hechos semejantes,  la forma como suceden y por qué las quejas de las víctimas son tan potentes y no cesan? 

Como dijimos, es necesario que se revise la forma como se enfrenta este problema. Para ello se deben rever, por ejemplo, algunos comportamientos de los operadores del sistema; se deben aceitar los mecanismos de asistencia y prevención, y tener en cuenta la realidad de manera despojada de influencias ideológicas que nada aportan y que muchas veces opacan y hasta esterilizan la actuación en este campo. 

Claramente no todo está mal y es real que muchas mujeres víctimas se han visto amparadas, pero muchas otras no. Mejorar esto es a lo que hay que apuntar. Es sabido que un sistema, para tener legitimidad, debe ser creíble, y en este caso no son pocas las personas que descreen de él. Esto se ve reflejado en las palabras de la mamá de Milagros cuando instó a las mujeres a «que se apoyen en las familias, que se apoyen en los amigos, en los vecinos, que se cuiden entre ellos porque el sistema no sirve».

El sistema “no sirve”, en particular, cuando a las necesidades de las personas las transformamos en actos de trámite de un expediente; o cuando se actúa en situaciones no para resguardar a las víctimas sino para “sacar chapa” o, mucho peor, militar ideas del funcionario o magistrado interviniente sobre el mundo, la política o los hombres. 

Estamos convencidos de que las palabras de la madre de Milagros -y de tantas otras víctimas- deben sonar como un redoble de tambor en la cabeza y corazón de todos nosotros, y fundamentalmente en quienes son los encargados de diseñar y aplicar las políticas públicas vinculadas con el tema. Enfrentar este flagelo requiere de compromiso, comprensión, conocimiento, empatía, profesionalismo, prescindencia de ideologías, aplicación comprometida de las normas, búsqueda del resguardo real y sustentabilidad en el tiempo. Todas ellas aptitudes que, por lo general, chocan contra el dogmatismo y la burocracia.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

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