Reforma judicial: Losardo abre el debate

Comienzan las reuniones de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales. Se prevé que estos encuentros duren al menos tres semanas Con la presencia de la ministra de Justicia Marcela Losardo, el Senado comenzará formalmente a estudiar el proyecto de reforma judicial que impulsa el propio Presidente de la Nación. [privado] Según se conoció, los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales fueron convocados a sumarse a una videoconferencia que se iniciará a las 16. El Frente de Todos en el Congreso espera poder concretar el debate en la cámara alta para luego girarlo a Diputados. En el Senado el oficialismo cuenta con al menos 41 votos, sobre el total de los 72 miembros. Las reuniones en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia -que preside la senadora María de los Angeles Sacnun-, durarán al menos tres semanas, tiempo que utilizará el oficialismo para discutir el proyecto y para poder negociar, paralelamente, en la cámara de Diputados de la Nación su aprobación, ya que allí todavía no consiguen los votos necesarios para convertir en Ley la iniciativa. El punto más cuestionado del proyecto de la Reforma Judicial es la idea de ampliar la Corte Suprema, propuesta que Juntos por el Cambio, en el Senado y en Diputados, critica al Presidente. La oposición sospecha de que el único objetivo es garantizar la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner en las causas de corrupción que pesan sobre ella. “El sentido final de la reforma es llevar a nueve o 12 los jueces de la Corte o dividirla por salas con la intención de congelar las causas o que terminen en una sala penal que favorezca a Cristina Kirchner", opinó el legislador cordobés Ernesto Martínez, vicepresidente de la Comisión de Justicia del Senado. La iniciativa El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal propone la creación de la nueva “justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica”. Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tiene. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán. Habrá un sistema de subrogancias con “máxima transparencia” en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales. Los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes en los nuevos juzgados deberán realizarse por prueba de oposición oral y pública. Se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales que se cometan en su territorio. Unifica plenamente la materia Civil y Comercial Federal con la de Contencioso-administrativo. Se buscará el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país. Se proponen pautas para la actuación de los jueces federales. Se pretende “evitar que el clamor público y el miedo a las críticas incidan en sus decisiones judiciales”.[/privado]

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