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En tiempo de descuento hacia las presidenciales y con la primera ronda de paritarias cerradas, expertos sostienen que el segundo semestre será “más tranquilo” y que, de surgir conflictos, el Gobierno los contendrá a fuerza de conciliaciones obligatorias para no empañar el clima electoral.
Tras conocerse el informe oficial que destaca una baja de la conflictividad laboral en el país durante el primer semestre del año con respecto a 2010, el pronóstico parece anunciar que, durante el segundo semestre, en el marco de un escenario eleccionario, seguirá bajando.
Así lo analizó para Comercio y Justicia el abogado laboralista y consultor de empresas Héctor García, quien advirtió que hay varios factores que abonan esta predicción. Por un lado, 90% de las empresas ya cerró la primera ronda de paritarias y además sostuvo que “rumbo a las elecciones presidenciales del 23 de octubre el Gobierno hará todo lo posible para que el nivel de conflictividad en el sector privado sea el menor posible”.
En este sentido, ponderó que, de generarse conflictos laborales, en el Ministerio de Trabajo “dictarán todas las conciliaciones obligatorias que sean posibles para contener la conflictividad”.
Cabe señalar que las apreciaciones de García surgen luego de que la cartera que dirige el ministro Carlos Tomada difundió el martes pasado un informe que asegura que “la evolución registrada entre 2010 y 2011 muestra que disminuyó la cantidad de conflictos en el sector privado y se incrementó en el ámbito estatal , aunque en este caso se trató de conflictos de tamaño reducido, con escasa incidencia en la evolución del número de huelguistas y de jornadas no trabajadas”.
Según señala el informe, durante el primer semestre hubo 494 conflictos laborales que incluyeron paros, en los que participaron 694 mil huelguistas y sumaron casi dos millones de jornadas individuales no trabajadas.
En la primer parte del año, el ámbito estatal fue el que concentró la mayor cantidad de conflictos (64%), de huelguistas (69%) y de jornadas no trabajadas (85%).
Huelguistas
Según explicó la Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo y la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, algunos conflictos involucraron paros muy extendidos, entre los que sobresalieron los de los docentes y petroleros de Santa Cruz.
“En el ámbito estatal, la disminución de los huelguistas y las jornadas no trabajadas en un año de contienda electoral contrasta con el comportamiento de 2007 y 2009, cuando se registraron picos de conflictividad en ambos indicadores”, puntualizó el estudio.
Con respecto a los causales de las protestas de este año, las demandas de mejoras salariales impulsaron 48 por ciento de los conflictos y, luego, se ubicaron los reclamos de pagos adeudados, que ascendieron a 0,15 por ciento del total.
Mientras el ministro Tomada destacó que «la mejora de la negociación salarial es producto de la permeabilidad de empresarios y dirigentes sindicales y, fundamentalmente, producto del crecimiento económico», García confrontó esa visión y sostuvo que, con el argumento del crecimiento económico, el Ministerio de Trabajo “enmascara” la conflictividad por efecto de la inflación.
Acerca de la baja de la conflictividad en lo que va de 2011 respecto del año pasado, el especialista sostuvo que si bien a nivel cuantitativo se registró una disminución, a nivel cualitativo, los conflictos fueron “más profundos y cruentos” y lo ejemplificó con los 25 días de paro del sector petrolero y las protestas del sector gasífero que generaron problemas de abastecimiento y logística.
García coincidió en que el sector público estuvo más confrontativo que el privado, puesto que las discusiones salariales estuvieron por debajo de los márgenes del sector privado y fueron alimentadas con el condimento de un calendario político de elecciones provinciales.
Manifestaciones
Más de las dos terceras partes de los conflictos laborales de 2011 se localizaron en el nivel más próximo al lugar de trabajo, correspondientes a establecimientos o empresas privadas y en reparticiones o dependencias específicas del sector estatal, es decir, en el nivel más bajo de agregación
