Mestre sueña con un ProCreAr cordobés, con participación cooperativa

La dinámica arrolladora del ProCreAr disparó también la demanda de soluciones habitacionales por sectores de bajos recursos, reclamos que en muchos casos han sido acompañados por organizaciones de la sociedad civil con experiencia en materia de soluciones habitacionales.

En el país hay más de 250 cooperativas de vivienda, que han brindado soluciones habitacionales a 25 mil familias. El sistema funciona con apoyo estatal. La tierra fiscal es el recurso esencial.

La recuperación de la política de vivienda en Argentina con el uso de los fondos garantizados de los aportes jubilatorios mediante el plan ProCreAr no sólo incide fuertemente en el Producto Interno Bruto sino en otras de las variables fundamentales de la macroeconomía: además está logrando que gobiernos provinciales y municipales, que habían abandonado la promoción social mediante la construcción de viviendas, busquen alternativas similares e intenten reconstruir, esta vez a escalas local o regional, una política de vivienda social por años dejada de lado.

Es el caso de la provincia de Mendoza, seguida luego por la provincia de Chaco y también por algunos municipios del país, entre los cuales hoy busca insertarse también la ciudad de Córdoba, según anticipó ayer el diario Día a Día.

La dinámica arrolladora del ProCreAr disparó también la demanda de soluciones habitacionales por parte de sectores de bajos recursos, reclamos que en muchos casos han sido acompañados por organizaciones de la sociedad civil con experiencia en materia de solución habitacional.

En estos casos, el programa conducido por la Anses y un equipo de jóvenes economistas está dando paso a la recreación de espacios de construcción colectiva del hábitat vía cooperativas de vivienda o de trabajo. Se trata de abordajes consensuados del Estado con sectores de la sociedad civil que vienen batallando desde hace muchos años en las arenas de la vivienda popular.

Así es como desde inicios de 2013 se construyen acuerdos con cooperativas de vivienda para facilitar el acceso a terrenos por los beneficiarios del ProCreAr o se promueve la construcción misma por medio de la forma cooperativa.

Esta última alternativa es particularmente interesante porque recupera la experiencia acumulada durante décadas por estas organizaciones de la economía solidaria, asegura el manejo eficiente de fondos sin apropiación privada y, por supuesto, bloquea la especulación inmobiliaria en territorios donde se asienta la lógica contraria. En Argentina hay medio millar de organizaciones de este tipo, muchas de ellas con baja actividad por ausencia de fondos, pero hay experiencias notables en las cuales la alternativa ya es una realidad en marcha, como la provincia de Mendoza.

Ocho federaciones provinciales que agrupan más de 250 cooperativas y mutuales de vivienda que trabajan para más de 25 mil familias atestiguan que la solución colectiva es más barata, más justa y sobre todo más satisfactoria, en particular para quienes necesitan vivienda. La construcción social del hábitat comienza en estos casos muy lejos del barrio, pero se reproduce luego en el territorio en infinitos gestos de construcción de sociedad.

Algo parecido es lo que parece haber nacido en barrio Las Lilas, donde poco más de una veintena de familias está construyendo sus viviendas mediante un sistema de ayuda mutua y bajo la forma de cooperativa, sobre terrenos municipales que están siendo transferidos a los nuevos propietarios.

La experiencia, que viene siendo gestionada por el municipio desde 2012, funciona en forma exitosa y es lo que impulsó al municipio cordobés a ensayar formas asociativas con el plan ProCreAr y el Gobienro nacional para sumar a cientos de familias a alternativas similares y lograr así soluciones habitacionales para sectores hasta ahora excluidos no sólo de los créditos bancarios sino del mismo programa nacional de financiamiento para la construcción de la vivienda propia.

La Municipalidad dice que tiene 200 lotes disponibles para este programa y busca acordar con la Nación para acceder a unos 500 ó 600 más.

La reglamentación -todavía pendiente- de la ordenanza que creó el Banco Municipal de Inmuebles, en 2011, completaría el cuadro de una política de alentar soluciones habitacionales realizadas en formato cooperativo sobre terrenos fiscales.

En todos los casos, la Municipalidad pondría los terrenos, la urbanización y los materiales, financiados a precios sociales, y cooperativas de beneficiarios construirían las casas. El proyecto puede estar listo para ser anunciado a fin de mes.

Artículos destacados