ESCUCHARCaerán el programa de Precios Justos y los fideicomisos que le ponen un freno a los aumentos de los aceites y los derivados del trigo. Lo que se viene en materia de consumo
Con la salida del peronismo del Gobierno, desaparece la política nacional de contención de precios. Los instrumentos hasta ahora vigentes que le ponían un bozal a las bestias del retail, a las industrias y monopolios que producen siete de cada diez productos de la canasta básica, llámense indistintamente Precios Justos o fideicomisos para el trigo, el aceite o las harinas, desaparecerán. No forman parte del menú de la política económica que llevará adelante el presidente electo Javier Milei y los anuncios catástrofe comienzan a llover en catarata: el «sinceramiento» de precios en los aceites rondará 100%, según el gerente de la proveeduría mutual más grande de la ciudad de Córdoba y el dato no es desmentido por sus colegas del supermercadismo privado.
Hasta este momento, Precios Justos y los fideicomisos están vigentes e incluso llevan las firmas de su continuidad hasta el último día de diciembre. Pero todos sabemos que el acuerdo se cae el 10 de ese mes, cuando el Gobierno que los impulsó o impuso -que ese detalle lo discuta la historia- ya no estará. Y la eliminación de este programa impactará hasta en el precio de algunos modelos de autos cero kilómetro, ya que si bien los Precios Justos comenzaron en el ámbito del consumo masivo, se extendieron a diversos sectores como bicicletas, calzado, canasta escolar, celulares, indumentaria, insumos industriales, motos, textil, venta por catálogo e incluso autos.
El portal especializado América Retail daba cuenta el viernes pasado que «fuentes cercanas al presidente Milei informaron que las reuniones con empresas de diferentes rubros ya han comenzado, con el objetivo de asegurar que la eliminación de Precios Justos no genere un descontrol en el mercado«. Pero el rumor que corre como pólvora encendida entre los ejecutivos del supermercadismo es que caídos los fideicomisos, el aceite y las harinas duplicarán sus precios actuales, con su impacto consecuente en los costos de las pastas, panificados, mayonesas, margarinas y muchos otros productos, todos parte de la canasta básica.
El problema es que la Argentina es el país de los monopolios. U oligopolios, para ser más precisos. Empresas o grupos de empresas que en distintos rubros cuentan con capacidad de fijación de precios, por su fuerte poder individual de mercado o por su comportamiento en trust. En el caso de los alimentos, es fácil identificar sus nombres en la cámara empresaria que agrupa a las industrias productoras, la Copal. Son gigantes alimenticias que poseen decenas de marcas diferentes que vemos cuando vamos al súper, pero cuya referencia de origen productivo remite a las mismas grandes industrias.
Ya es casi una tradición argentina que la contención de la voracidad empresaria por las altas tasas de rentabilidad, ha pasado entonces por acuerdos más o menos voluntarios con las empresas, que aseguren al menos en una pequeña parte del menú de productos, una variación controlada de precios que acompañe el ingreso de las familias en productos cuya demanda tiende a ser inelástica: por más que la leche o el pan suban de precio, se compran porque son parte fundamental de la mesa argentina. Es la idea que impulsó el hasta ahora ministro de Economía Sergio Massa, quien desde la renovación de Precios Justos el 30 de junio pasado, fue impulsando una reducción del promedio mensual de ajustes de precios en el programa, en un esfuerzo por contener la inflación.
El nuevo enfoque liberal sobre la determinación de los precios equivale a un giro copernicano en esa política, dando paso a un escenario donde se espera que las fuerzas del mercado tengan un papel más determinante en la fijación de precios. Lo que no obsta por supuesto de que el propio Milei o sus futuros funcionarios convoque a las empresas a gradualizar los sinceramientos de precios, evitando saltos de tres cifras como ya mencionamos, por ejemplo en el caso del aceite. Los trascendidos hablan de eso, aunque nada se ha podido confirmar al respecto.
Dentro de este contexto, se destaca la necesidad de moderar las expectativas, ya que la eliminación de Precios Justos afectará no solo al consumo masivo, sino a una amplia gama de sectores, algunos particularmente sensibles para el inicio del año escolar, dentro de pocos meses. Efectivamente, entre esos sectores se encuentran la canasta escolar y las cuotas de colegios privados, que seguirán un sendero de aumento del 3,5% mensual. Este cambio de política implica un ajuste en la forma en que se regulan los precios en Argentina, generando incertidumbre sobre cómo impactará en el costo de vida de la población.
En un momento en que la inflación y los aumentos de precios son preocupaciones centrales, la nueva política del gobierno en ciernes plantea desafíos y genera incertidumbre sobre el consumo masivo, el desempeño del mercado interno y en última instancia, en el rumbo económico del país. La liberalización de precios abre la puerta a la competencia y la libre oferta y demanda, pero también plantea interrogantes sobre la protección de los consumidores y la posible escalada de la inflación, con consecuencias que se pueden extender más allá de lo económico y lograr expresiones sociales o políticas. En este escenario cambiante, la población y las empresas deberán adaptarse a un entorno económico en evolución, con el desafío de encontrar un equilibrio entre la libertad del mercado y la sustentabilidad económica, social y política del país.
