ESCUCHARLa semana próxima llamarían a las organizaciones de inquilinos y de propietarios, además de las instituciones que agrupan a los corredores profesionales
La reforma a la ley de alquileres, con media sanción de la Cámara de Diputados y que este miércoles comenzó a ser debatida en un plenario de Comisiones del Senado, continuará siendo discutida durante los próximos días a pedido del interbloque oficialista del Frente de Todos, en contra de la opinión de Juntos por el Cambio que pretendía firmar el dictamen en la misma jornada.
La discusión se prolongó por más de una hora entre ambas bancadas en un salón de reuniones que estaba atestado y al que habían asistido también representantes del sector inmobiliario que, unas horas antes, mantuvieron una audiencia con los integrantes del bloque de la oposición.
La intención del oficialismo se impuso gracias a la mayoría absoluta que mantiene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y al apoyo recibido por legisladores del peronismo disidente en la de Legislación General.
Por el contrario, Juntos por el Cambio insistió constantemente en pasar a la firma el dictamen y llevarlo al recinto la semana próxima para aprobarlo sin discusiones y, de ese modo, convertirlo en Ley.
El proyecto de reforma aprobado la semana pasada precisa que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.
En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
Cuando estaba terminando la discusión, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Zimmermann, advirtió que Juntos por el Cambio pretendía pasar inmediatamente a la firma el dictamen, pero el oficialismo logró imponer su mayoría para pasar a un cuarto intermedio y continuar discutiendo el tema, en principio, el próximo jueves con la presencia de representantes de propietarios, inmobiliarias e inquilinos.
La oficialista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, coincidió con la oposición en «la urgencia del tratamiento de este proyecto», pero señaló que «no es la urgencia la diferente mirada sobre el proyecto, sino el contenido, porque no estamos de acuerdo con la sanción que vino de Diputados».
«No es una cuestión de alargar el tratamiento sino de buscar mayores consensos posibles para hacer mejor ley. Buscamos un amplio consenso para que, cuando el expediente vuelva a Diputados, pueda ser ley», insistió.
El presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista pampeano Daniel Bensusán, adelantó la intención de «trabajar en un dictamen de consenso, con la posibilidad de invitar a asociaciones o a grupos de inquilinos» y que «no haya un limbo sin tiempo».
El acuerdo al que se llegó al final el plenario fue precedido de una serie de discusiones entre los integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos por la rapidez con que debía tratarse la iniciativa.
El radical riojano Juan Carlos Martínez, por ejemplo, dijo que no creía que el «kirchnerismo quiera tratar hoy el proyecto».
«Tenemos que denunciar que este Senado está cerrado, porque sino somos cómplices», cuestionó y conjeturó que el oficialismo podría «imponer la condición de que en la sesión de alquileres traten, además, los pliegos de la jueza Figueroa», integrante de la Cámara que debe revisar la investigación de la Causa Hotesur en la que está implicada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A su turno, la opositora porteña Guadalupe Tagliaferri aseguró que el Frente de Todos «no tiene ninguna intención de aprobar la sanción que viene de Diputados» y pidió: «no le mientan a los argentinos».
«He visto proyectos de ley que no afectaban, como este, a ocho millones de personas obtener dictamen en diez minutos», recordó.
Por ello, la oficialista bonaerense Juliana Di Tullio contraatacó remarcando que Tagliaferri era «parte de un proyecto político que vendió la ciudad entera para hacer negocios inmobiliarios».
Profesionales de Córdoba presentes
El Colegio Profesional de los corredores inmobiliarios (CPI Córdoba) estuvo presente este jueves en el Senado nacional al momento de iniciarse el debate de las modificaciones de la Ley de Alquileres en el cuerpo «a fin de representar a los inmobiliarios de la provincia y exponer la situación real del sector inmobiliario», expresó la institución.
El presidente del Colegio, Alejandro Hadrowa, coincidió en la oportunidad con Virginia Manzotti, ex titular del CPI cordobés pero ahora presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI). Hadrowa presentó un informe elaborado por la consultora local Economic Trends para el Centro de Estadísticas Inmobiliarias que refleja la reacción negativa del mercado ante la Ley de Alquileres sancionada en julio del 2020, que «perjudicó por igual a propietarios de inmuebles y a inquilinos».
El informe señala que desde mediados de 2021 hasta julio de 2023 se retiró del mercado 37% de los inmuebles en oferta y, durante julio de 2023, los montos de los nuevos alquileres de departamentos superaron 212% el valor del contrato vencido. Esta situación se explica por el retraso relativo pero constante que va acumulando el precio del alquiler, cuando la inflación y los precios en general de la economía se aceleran pero la actualización de los alquileres se congela durante cada año.
«Ocurre que el propietario, atrapado en una situación que tiene que soportar durante los 36 meses del contrato, toma dos posibles decisiones una vez finalizado dicho plazo: retirar su inmueble del mercado, o aumentar el valor inicial del alquiler para que, cuando se deprecie por efecto de la mayor inflación que espera, termine cobrando, en promedio, lo que esperaba cobrar originalmente», afirma.
«Ambos efectos perjudican al locatario«, aclara. «El retiro de unidades del mercado lo perjudica porque tendrá que pagar un mayor valor promedio durante todo el periodo siguiente de alquiler. El incremento del valor inicial lo perjudica porque tendrá que hacer
un esfuerzo económico desproporcionado durante los primeros meses de cada periodo anual del contrato», agrega, para luego ofrecer una salida: «Una forma de reducir el impacto de una aceleración de la inflación es aumentando la frecuencia del ajuste», señala.
En suma, el documento expone gráficos y cifras concretas que justifican el pedido del conjunto del sector inmobiliario que solicita la urgente modificación de la ley 27.551, en el sentido que le otorgó la Cámara de Diputados.
De este modo, «el informe permite a los senadores tomar decisiones en base a la situación real del mercado. Continuaremos así, trabajando para mejorar las condiciones de los profesionales inmobiliarios y sosteniendo firmemente la necesidad de un cambio en la legislación», expresó el Colegio cordobés.
