Desestiman existencia de un socio oculto que deba responder por indemnizaciones laborales

El TSJ cordobés admitió parcialmente la casación de la demandada: corrigió el cálculo del resarcimiento por despido y anuló la multa por negativa a entregar documentación

Después de rechazar la casación del accionante, quien planteaba la extensión de responsabilidad a un socio oculto en la demandada Jefra SA, quien supuestamente actuaba como su real empleador, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación presentada por la parte demandada en cuanto el cómputo de la indemnización por antigüedad a las fechas determinadas en la sentencia y ordenó que se revocara la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), al no existir renuencia de la empresa en la entrega de la documentación laboral luego de la desvinculación.

El trabajador denunció que el a quo ignoró los principios y pruebas obrantes en la causa que demostraban la existencia de un socio oculto, H. J. R., y explicó que éste no figuraba en el estatuto ni participó en el capital social de la firma pero que de manera encubierta tomaba decisiones, diagramaba tareas y proporcionaba bienes necesarios para el funcionamiento, así como el know how del negocio.

El demandante también destacó que el juez omitió la falta de exhibición de la documentación requerida y menospreció hechos, tales como la titularidad del inmueble en el que funcionaba la empresa, del servicio de energía eléctrica y el comportamiento de aquél como empleador.

Responsabilidad

El Alto Cuerpo, integrado por Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel, indicó que el presentante insistía en la responsabilidad de H. J. R. a partir de una versión interesada de los hechos y de la prueba, que dista de la analizada por el a quo.

El TSJ sostuvo que esas postulaciones genéricas no consiguen revertir el decisorio, pues sólo muestran que discrepa con el resultado que lo perjudica.

En cuanto al planteo de la empresa, se apuntó que cuestionaba la decisión del a quo de mandar a pagar las diferencias salariales correspondientes al periodo noviembre de 2015 a enero de 2016 y, además, se quejó de que se admitiera el concepto vacaciones no gozadas, ya que el reclamante no identificó el año al que correspondían, siendo que el tribunal que consideró que se trataba de 2017.

De igual manera, el fallo indicó que la demandada criticó la procedencia de la multa del artículo 80 LCT, por no haber renuencia de su parte. Y por último, planteó violación del principio lógico de razón suficiente en tanto declaró procedentes las indemnizaciones del desahucio aun cuando el trabajador fue despedido con justa causa.

El TSJ entendió que los planteos vinculados a las diferencias salariales, las vacaciones no gozadas y rubros derivados del despido eran inadmisibles, por cuanto el a quo, luego de analizar las constancias de la causa, tuvo por cierta la fecha de ingreso y las tareas que invocó el actor.

Asimismo, se indicó que el tribunal a quo consideró legítima la retención de tareas que efectuó el dependiente frente a la deuda de la empresa y la actitud asumida frente a la intimación de pago y de registración y juzgó ilegítimo el despido por abandono, por lo que el impugnante no consigue demostrar los quebrantamientos que le atribuye al pronunciamiento.

El Alto Cuerpo indicó que tampoco se evidencia el error que le achaca al resolutorio con relación a las vacaciones no gozadas que el a quo entendió compensables en dinero, porque no solicitó oportunamente aclaración alguna de tal concepto si lo consideraba oscuro, infiriendo que por ello resultó tardío.

Cálculo

Finalmente, el fallo observó que distinto ocurre con el planteo vinculado al cálculo de la indemnización del artículo 245 LCT, en lo que le asiste razón al recurrente al argumentar que el juez consideró que la relación se extendió del 25/11/2015 al 16/1/2018 y determinó que la remuneración del trabajador ascendía a $26.132,28.

Sin embargo, el vocal advirtió que, con posterioridad, ordenó abonar la suma de $78.396,84.

En tales condiciones, de conformidad a lo verificado por el a quo, el Alto Cuerpo indicó que la antigüedad del trabajador fue de dos años, un mes y 22 días, por lo que correspondía el pago de dos meses de la mejor remuneración normal y habitual, debiendo entonces corregirse el monto mandado a pagar.

Asimismo, se sostuvo que lo propio acontecía con la multa del artículo 80 LCT, pues se demostró que no existió renuncia en la entrega de la documentación que exige la norma. En consecuencia, en el fallo se resolvió dejar sin efecto esa sanción y se ordenó el pago de la indemnización sólo por dos períodos.