domingo 8, diciembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Reclamo del movimiento pyme: suspensión del pago de alquileres y de servicios públicos

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En una carta dirigida al Presidente de la Nación, el Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (Mopyme) propuso medidas respecto de arriendos comerciales, servicios públicos, pedidos de quiebra y ejecución de sentencias por juicios laborales

Por medio de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, el titular del Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (Mopyme), Cristian Caram, acercó al Gobierno nacional una propuesta con cuatro medidas para que los comercios y mipymes puedan intentar sobrellevar este período y garantizar su supervivencia, en un contexto de crisis ocasionado por el Covid-19 y agravado por las restricciones extremas de la cuarentena, sobretodo en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

“Para el universo que representamos han existido medidas del Gobierno nacional con mayor o menor impacto, pero desde nuestra óptica es demencial pretender que el Estado reemplace al sector privado durante un período prolongado como el que se va a necesitar”, afirmó Cristian Caram, titular de Mopyme. “Además creemos que es necesario avanzar hacia una cuarentena mejor administrada y no por eso estamos en contra de la vida”, agregó.

La entidad destaca que la cuarentena viene demostrando resultados satisfactorios para combatir el virus. Sin embargo, señalan que casi 75 días después, la suspensión de las actividades económicas y productivas genera que los recursos para la vida diaria se vayan agotando y que muchas empresas o actividades comerciales ya hayan cerrado o estén en vías de hacerlo. Calculan que son 100 mil las empresas que están en esa situación. 

Las propuestas

En este contexto, Mopyme, un movimiento que tiene como propósito reunir, defender y representar a todas las micro, pequeñas, medianas empresas, profesionales, comerciantes, sus trabajadores y a los trabajadores independientes y autónomos, busca acercar soluciones al Gobierno nacional para aliviar la situación económica a la que se enfrenta todo el “ecosistema pyme nacional”. 

La propuesta está compuesta por cuatro medidas (que deberán excluir las consideradas esenciales), que son las siguientes:

– Suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre. Excluyendo a aquellos propietarios que acrediten debidamente que dependen de esa renta para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar. Los alquileres son, junto con los salarios, el costo más significativo que debe afrontar cualquier emprendimiento y hoy son impagables.

– Exención total del pago de servicios públicos (electricidad, gas y agua) hasta el 30 de septiembre. 

– Suspensión de los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año. “Apenas reabra la Justicia, habrá un aluvión de quiebras, si no se instrumenta esta medida porque la cesación de pagos es generalizada”, advierten. 

-La suspensión por un año de la ejecución de cualquier sentencia por juicios laborales. “Si en medio de esta tragedia recae sobre cualquier emprendimiento comercial la sentencia de un juicio laboral, todos los otros esfuerzos que se hacen para evitar los cierres habrán sido en vano”, destacan desde el movimiento. 

La propuesta incluye, además, un régimen de autoexclusión de los beneficiarios, sin necesidad de explicitar los motivos de la misma. 

Medidas insuficientes

“Muchas fueron las iniciativas que se han implementado a nivel nacional, provincial y municipal, pero ante esta coyuntura las mismas impactan de diversa manera y con distinto efecto, resultando la mayoría de ellas definitivamente insuficientes. Mopyme quiere contribuir activamente en la puesta en marcha de nuevas medidas que permitan resolver en el corto plazo los avatares que atraviesa el 98% de las empresas del país, que le dan trabajo formal a 70% de la gente y constituyen 50% del PBI”, puntualizan. 

Este movimiento nacional presentó este pedido a la vicepresidente Cristina Fernández, a Sergio Massa, presidente de Diputados, y a las autoridades del Congreso nacional.

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