“El Consejo se ha convertido en un botín de los partidos y el Gobierno”

CARLOS ANDREUCCI. “Tenemos que trabajar para reformar el reglamento de subrogancias que ha desplazado a los abogados como conjueces“.

El representante de los letrados asegura que el actual cuerpo es ineficiente y que la nueva conformación no mejoró su funcionamiento. Asegura que hay que trabajar para reformar la ley del organismo y mejorar el servicio de justicia.

Carlos Andreucci tiene una larga trayectoria como representante de los abogados. Entre otros cargos ejerció durante casi 10 años la presidencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y hoy preside los colegios de abogados del Mercosur. El Consejo de la Magistratura de la Nación es su próxima meta. Crítico del actual organismo, el abogado, quien visitó Córdoba, dialogó con Comercio y Justicia.

-¿Por qué decidió postularse en las próximas elecciones del Consejo de la Magistratura?
-Me gradué de abogado en 1975 y desde entonces ejerzo la profesión con matrícula federal. Tengo una larga trayectoria, fui incorporado a la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados La Plata, donde trabaje en el Instituto de Derecho Administrativo, fui electo consejero titular del consejo directivo, secretario académico del colegio y en 2000 me eligieron presidente, cargo que desempeñé hasta 2003, cuando asumí como presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados hasta 2011. Luego asumí la responsabilidad de presidir los colegios de abogados del Mercosur. Asimismo, en mi participación en la Unión Internacional de Abogados y como vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, siempre nos ocupamos de la realidad del abogado, de modo de elegir mejores jueces, defender la independencia del Poder Judicial y la garantía ciudadana para que la gente crea en la justicia. Este derrotero me llevó por todos los lugares del país, estrechando contactos con colegas de todos los colegios y viviendo en directo esa realidad. En todos estos ámbitos mi compromiso y acción ha sido y es luchar por una abogacía independiente y una mejor justicia para el ciudadano. Como consecuencia de esta labor continuada, colegas de todos los lugares del país me propusieron este desafío. Lo acepté en cuanto un trabajo de equipo nacional que nos permita a los abogados elegir un representante genuino, libre e independiente de todo sector político partidario o poder público o privado.

-¿Qué opinión le merece el actual Consejo de la Magistratura?
– Es claramente ineficiente, pues aparece como un instrumento que no tiene efectividad para contrarrestar la sensación de arbitrariedad, parálisis e impunidad que se han instalado en diversos casos.

A ello hay que sumarle la falta de prestigio: el promedio de la opinión pública le asigna un 67% de signo negativo a la imagen de la justicia y sobre ello el Consejo tiene mucho de responsabilidad. Las tensiones politizadas dentro del cuerpo han desnaturalizado su función y justificación constitucional, que se tuvo en mira para despartidizar políticamente selección, formación, capacitación y juzgamiento de magistrados y funcionarios en favor de su eficiencia. Pero se ha pretendido afectar la independencia y libertad del Poder Judicial que es una garantía ciudadana pilar fundamental de la república y el Estado de derecho. Siendo un organismo creado por la Constitución con el principal objetivo de ser pieza vital para asegurar la independencia de la justicia, no está cumpliendo con su cometido y se ha convertido en un botín de los partidos políticos y el Gobierno.

-¿Ha notado más celeridad con las nuevas incorporaciones?
– No se observa ninguna mejora ni ha dado señales de cambios. Esto lo puede apreciar cualquier seguidor del cuerpo y sus resultados, ya sea por demoras en la cobertura de vacantes -que superan 200-, demoras en elevar los pliegos para tratamiento del Senado, demoras operativas y funcionales del cuerpo. Baste recordar deficiencias en cada uno de los juzgados y dependencia federales y de la matrícula federal de todo el país con juzgados vacantes, subrogancias, serias dificultades de infraestructura, falta de personal, juzgados y secretarías desbordadas por la necesidad litigiosidad, demoras de despacho y duración de procesos, inadecuada asignación de recursos – más allá de la implementación electrónica que se avanza en la actualidad-. Como abogado en ejercicio sufro dramáticamente con estas dificultades para ejercer y defender en la Justicia federal, al igual que todos los colegas que diariamente trabajan de la profesión en ese ámbito.

-En ese escenario ¿qué cambios cree podría imprimirle usted en caso de ser elegido consejero?
– Es necesario cambiar la historia que presenta el Consejo y sus impedimentos. Que el estamento de la abogacía tenga un abogado, auténtico, profesional, representativo, independiente de todo sector político partidario o poder público o privado, y que genuinamente sepa de qué trata. Concretar que esa representación exhiba una trayectoria e imagen ejemplar, irreprochable, genuinamente federal y mantenga en una red nacional de trabajo un contacto permanente con todos los colegas y sectores vinculados con la Justicia federal para un seguimiento contundente y eficaz que permita revertir los problemas que afectan a nuestra justicia.

También es necesario trabajar coordinamente para una reforma de la ley del Consejo que logre un equilibrio adecuado de participaciones y funciones en las cuales los abogados tengamos el lugar que perdimos, y nos merecemos. Debemos recuperar nuestro lugar en la Comisión de Selección, fortalecer la Escuela Judicial reforzando y aumentando los centros regionales de capacitación judicial y sus accesos para la igualdad de oportunidades de abogadas y abogados en el ingreso y ascenso.

Tenemos que trabajar para reformar el reglamento de subrogancias que ha desplazado a los abogados como conjueces, permitiendo en ello a los secretarios, afectando la igualdad y el principio de juez natural.

-¿La demora de los concursos ha sido el talón de Aquiles de este Consejo de la Magistratura?
-En ocasión del avance de la política sobre el Consejo, que se plasmó en la ley 26080, nos opusimos como presidente de FACA y abogado de la matricula federal activo, a semejante vulneración constitucional, operativa y reglamentaria. Advertimos entonces en debates parlamentarios de que esta lentitud e ineficacia se iba concretar. Lo mantuvimos y mantenemos en las acciones judiciales en trámite, en representación de la FACA y como abogado particular, pues ello afectó el cuerpo íntegramente, abarcando los concursos y sus presiones políticas. El actual reglamento adolece de estos vicios y se agrava en la desigualdad de trato a los colegas abogados que pretenden concursar para ingresar por vocación al servicio de la justicia. Esa discriminación es intolerable

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