Controlarán que se cumpla la ley de salud mental

Se trata de un órgano de control ciudadano que medirá y evaluará técnicamente la ejecución de programas y fondos que garanticen los derechos que establece la reciente ley 9848.

Profesionales y trabajadores de la salud mental, cátedras y unidades académicas universitarias, organizaciones de la sociedad civil y del Estado nucleados en la Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos lanzaron públicamente un observatorio para controlar y monitorear el cumplimiento de la reciente ley provincial 9848 de salud mental.

Se trata de una experiencia única en el país.

Cabe recordar que la mesa viene trabajando desde 2007 en el tema y que incluso había presentado un anteproyecto de ley que incluía un organismo de control ciudadano, punto que fue descartado al momento de la aprobación de la norma en la Unicameral. Tras ese desenlace, se propuso avanzar en la definición de estrategias para incidir en la garantía de los derechos que contempla la normativa.

“Desde allí pensamos múltiples estrategias para incidir, controlar y monitorear el efectivo cumplimiento de la ley de salud mental y una de ellas es el observatorio. Se trata de un organismo político- técnico, con la idea de producir información. Hay un déficit muy grande al respecto en salud en general, y en salud mental en particular. Lo segundo, es monitorear que se vayan cumpliendo lo que está puesto en la ley para que no sea una cláusula dormida como pasó con otras leyes. Vamos a vigilar, controlar, que no se desvíe ni se viole su espíritu. La idea es incidir en las políticas públicas de salud mental”, explicó a Comercio y Justicia Jacinta Burijovich, una de las referentes de la mesa e integrante del área de investigación del Hospital Neurosiquiátrico provincial y del Instituto de Investigación y Formación de Administración Pública (IIFAP-UNC).

Según explicó, una parte “importante” del observatorio es la construcción de un sistema de indicadores que no son sólo sanitarios sino también de salud mental con enfoque de derechos humanos. “Con los indicadores se monitorea: cuáles son los programas que se están llevando adelante; cuáles son los fondos que se utilizan para sostener estos programas; si se desarrollan competencias y habilidades para que el personal que lleva adelante esas tareas sea idóneo; si hay mecanismos de exigibilidad de un derecho si no se está cumpliendo y hasta cuestiones más concretas, como el tiempo de estancia de hospitalización y el número de defunciones de pacientes ocurridos durante la internaciones”, detalló.

Cómo denunciar

Una de las formas en que se expresará el observatorio será una página web que en los próximos días estará on line. Allí, además de poder consultarse todo el entramado legal en torno a los derechos en salud mental, habrá información y formularios mediante los cuales la gente va a poder denunciar, plantear quejas y también subir buenas prácticas en la materia. Así lo explicó Stella Regis, otra de las referentes de la mesa y de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, quien -junto a Burijovich- presentó el observatorio. Cabe detallar que la iniciativa ganó una convocatoria de financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial.

Bajo la lupa

Uno de los temas que hoy preocupa a los impulsores del observatorio es la reglamentación de la ley que -según señalaron- “se hizo entre gallos y medianoche, sin un proceso participativo”.

En la mesa están evaluando, junto a abogados, una presentación de inconstitucionalidad sobre la reglamentación, específicamente en lo referido a lo reglamentado sobre el artículo 37 de la ley que es el que habla de la prohibición de la creación de nuevos manicomios. Según advirtieron, la reglamentación abrió la puerta a una excepción para el caso de niños, adolescentes y adictos, “con lo que la reglamentación termina violando el espíritu de la ley que es que no existan más internaciones monovalentes ni instituciones psiquiátricas monovalentes de internación prolongada”, insistió Burijovich.

En este sentido, manifestaron su preocupación por la reciente creación del Centro de Atención Integral para Adolescentes José Ingenieros “que tiene 29 camas y que está habilitado por la reglamentación del artículo 37”. “La creación de este centro viola absolutamente la letra y el espíritu de la Ley de Salud Mental que prohíbe expresamente el artículo 37. Estamos discutiendo que esa reglamentación es inconstitucional, porque no puede el Poder Ejecutivo avanzar sobre el Legislativo, si el espíritu del legislativo es la no apertura de nuevos manicomios; esto es grave”.

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