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En un final de año 2023 agitado -algún lector dirá que en la Argentina siempre lo son-, hay noticias que pasan un tanto desapercibidas pero que, en condiciones normales, o en sociedades no tan «convulsivas» con la nuestra causarían la consternación y preocupación en relación proporcional con la gravedad implica.
En este caso nos referimos a lo que está sucediendo con el Servicio Penitenciario de Córdoba que ha sido intervenido días pasados por el nuevo gobierno provincial, a causa de las irregularidades que ocurrían desde hace años en la institución.
Desde hace un tiempo la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo del Dr. Gavier viene investigando una serie de ilícitos que se cometían en las cárceles de Córdoba. A consecuencia de lo comprobado en dicha instrucción, se ha detenido a los jefes de distintas unidades carcelarias, empleados y funcionarios de menor jerarquía, abogados de la matrícula y, días pasados el ex jefe del Servicio Penitenciario y colaboradores cercanos.
Si bien la investigación lleva un tiempo ya, a medida que avanza, se va conociendo con mayor profundidad el alcance de las maniobras. No se trata, como inicialmente se consideraba, de una «avivada» de un grupo de personas que tenía acceso a la toma de decisiones para beneficiarse y beneficiar delictivamente a un puñado de presos con ciertos privilegios, sino que van perforando los límites del poder de Córdoba, como se refleja en la detención del jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba cuya gestión abarcó nada menos que quince años en tal cargo.
No es menor la importancia del área: lo penitenciario tiene en la seguridad general un fuerte peso específico del que no siempre la sociedad es consciente, y que no sólo abarca mantener fuera de circulación social a quienes han sido condenados por delinquir. Su tarea de resocialización es la clave para apartar de la senda delictual sobre todo a primerizos de delitos de poca envergadura, algo que redunda a futuro en no sólo mayor seguridad sino en una reparación no menor del tejido social, disminuyendo la marginalidad social. No por nada, las sociedades más integradas socialmente tienen de forma invariable, servicios penitenciarios de excelencia.
De allí que la existencia de este actuar delictivo en el área, resulte particularmente grave.
Según lo informado públicamente por el fiscal al Doce TV, se estaría, de confirmarse los indicios investigados, frente a una asociación ilícita extendida, cuyos miembros cometían y consentían delitos de diversa índole en donde «todo tenía un precio». Según el fiscal, los altos jefes involucrados habían formado una «suerte de mafia aprovechando sus cargos y prerrogativas personales» estimando que su accionar «arrancó en 2015 y se ha ido consolidando y agravando con el paso del tiempo hasta llegar a la situación actual».
Entre los delitos que podrían haberse cometido encuentran, según lo informado por el funcionario judicial, la liberación de zonas para que reclusos estafen desde los distintos servicios penitenciarios de la provincia y para que los reclusos puedan castigar a otros. El ingreso y venta celulares con los cuales los presos podían estafar y extorsionar a los ciudadanos. El traslado de los reclusos de una unidad a otra a cambio del pago de un precio. La venta de informes de conducta falsos y de certificados de haber cursado estudios que jamás se realizaron, con los que podían mejorar su situación dentro del sistema de progresividad del régimen penitenciario, etcétera.
Tal es la magnitud de las maniobras detectadas que el mismo Gavier afirmó que por la «entidad y multiplicidad de hechos haya muchos otros responsables también» y que no se puede asegurar que los delitos se agoten en lo sucedido en las cárceles de Córdoba.
Entendemos que esta última afirmación encierra una gran verdad, ya que la sistematicidad extendida en el tiempo de estos delitos es difícilmente compatible con la ignorancia de funcionarios de más alto rango. Está por verse si existía un conocimiento cierto, sospechas que «algo malo estaba pasando», o meros rumores a los que no se prestó atención. Cada situación tiene su distinta implicancia que va desde lo penal a la mera responsabilidad política.
Como dijimos al comenzar nuestra columna, son tantos los problemas que nos toca vivir, que hechos como el narrado no adquieren la magnitud pública que en realidad tienen. La gravedad de que cosas así pasen durante años sin que haya una reacción de parte de quienes tienen que controlar que esto no suceda, es algo difícil de aceptar y colabora decisivamente al descreimiento social frente a nuestras instituciones.
Esperemos que de una buena vez las cosas se normalicen y que los ciudadanos seamos capaces de dimensionar acontecimientos de esta naturaleza y actuar en consecuencia. Ya que, si bien la sociedad no tiene una responsabilidad directa, la participación democrática no se agota en decidir quienes nos van a gobernar con nuestro voto, sino que también exige un deber de controlar, por la participación en la opinión pública fundamentalmente, que las cosas se hagan dentro de la ley y de modo eficiente. En todas las áreas.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
