Elevan regulación en quiebra de una persona física pero en porcentaje inferior al mínimo legal

En el marco de la quiebra de una persona, la Cámara 9ª Civil y Comercial de Córdoba fijó en el equivalente a dos sueldos de secretario de Primera Instancia la base regulatoria para los honorarios y confirmó la distribución de porcentajes para el síndico y sus letrados y para el abogado del fallido.

Al apelar, el síndico sostuvo que la regulación de los estipendios profesionales no podía ser inferior a tres sueldos de secretario de Primera Instancia, pues de lo contrario se agraviaría su dignidad profesional y el carácter alimentario que tienen los honorarios.

El tribunal integrado por los vocales Jorge Eduardo Arrambide y Verónica Francisca Martínez indicó que, al cuestionar la sindicatura en su expresión de agravios que no existe proporción entre las tareas desplegadas por ese órgano y la regulación efectuada en su favor, correspondía relevar esas labores.

Así, la alzada precisó que “ más allá de las tareas regulares pertenecientes a la quiebra de una persona física (aceptación de cargo, diligenciamiento de oficios, informe individual de créditos, informe general, informe sobre la regularidad de los embargos de sueldo, participación en la liquidación de los bienes, etc.), destacó algunas tareas diferenciadas que fueron efectivizadas por la sindicatura, como el diligenciamiento del oficio de incautación en la ciudad de Pilar, contesta vista en un incidente de ineficacia de retenciones efectuadas por el empleador, informes de diversas presentaciones de la ex cónyuge del fallido ”.

Además, el tribunal señaló que no “ es sobreabundante agregar que para realizar varias de estas tareas fue necesario trasladarse a la ciudad de Pilar o Alta Gracia ”.

Por otra parte, la cámara tuvo en cuenta que se trata de la quiebra pedida de un consumidor, cuyo activo se compone por la suma de los embargos de sueldo por el término de un año y la subasta de varios bienes muebles pertenecientes al fallido. Asimismo, valoró que han verificado créditos de manera tempestiva tres acreedores, y han tramitado dos incidentes de verificación tardía.

En este sentido, el fallo sostuvo que la tarea encarada por la sindicatura “ fue correcta y diligente y en honor al compromiso y diligencia demostrados por el síndico en la tramitación de la causa, luce como excesiva la disminución realizada en la base económica de la regulación a la mitad ”.

Envergadura

Frente a ello se analizó que más allá de la envergadura económica del patrimonio involucrado, en el caso, “ las tareas encaradas por la sindicatura parecen justificar un emolumento más cercano al que es establecido como piso por la LCQ ”, estimando que era “ justo el elevar la base mínima, a dos sueldos de secretario de Primera Instancia, en lugar de uno y medio, como estipuló el a quo ”, haciendo lugar al tema en tal sentido.

El tribunal evaluó que la potestad de la alzada es amplia, “ por lo que no sólo puede alterar la proporción de los honorarios fijados, sino también recalcular la base patrimonial de la que hubiere partido el juez en su decisión, pues a esos efectos las regulaciones practicadas por la a quo poseen carácter meramente provisorio ”.

De lo expuesto, se derivó que en el caso, “ no cabe cuestionar el temperamento de la a quo por el que realiza la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en la causa, atento las manifestaciones del fallido de cancelar el pasivo ”.

La cámara interpretó que lo relativo al monto tomado como base económica de lo regulado, ya fue resuelto como consecuencia del recurso de apelación planteado, por lo que “ sólo queda pendiente de control los porcentajes en los que fueron distribuidos ”.

Control

Sentado ello, los jueces observaron que para realizar el control de la regulación “ se han relevado las tareas realizadas por los profesionales en las distintas etapas de la quiebra, en el que, a más de las etapas propias del proceso falencial, se incorporaron nuevos acreedores por vía incidental y se practicaron tareas en la liquidación de los bienes ”.

En esa dirección, se estimó correcta la distribución realizada, por la que se ha regulado en favor de la sindicatura 80% de la regulación y el 20% restante al letrado del fallido, correspondiendo 10% a los letrados del síndico, emolumentos que son a cargo del comitente, “ por lo que, en suma, corresponde confirmar la resolución venida en consulta ”.

En definitiva, en el fallo se resolvió “ hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Sindicatura y en consecuencia estimar la base regulatoria en el equivalente a dos sueldos de Secretario de Primera Instancia, a la fecha de la regulación, y confirmar la distribución de los porcentajes establecidos en Primera Instancia y la resolución en todo lo demás que decide ”.