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Tal vez no con la celeridad deseada ni con la habitualidad necesaria, poco a poco se van dando pasos en la lucha contra la criminalidad organizada.
De más está decir que el crimen organizado se ha transformado en un serio problema en nuestro país, que en algunas zonas -como Rosario, el Conurbano Bonaerense y demás conglomerados urbanos argentinos, incluyendo el Gran Córdoba- es un verdadero flagelo.
La dificultad en su persecución, sumada a algunas “complicidades”, hace que la efectividad de esta tarea sea menor que la debida. No obstante, como decíamos, algunos avances se están notando.
Al respecto, destacamos la recuperación de una cuenta abierta en un paraíso fiscal del dinero proveniente del narcotráfico. Ocurrió luego de un trabajo conjunto de nuestro país, Colombia y Estados Unidos, en el marco de una causa por lavado de activos.
En dicha investigación, luego de un largo trajinar se logró descubrir (y posteriormente recuperar) unos US$900.000 que el fallecido narco argentino -abogado él- Carlos Salvatore había depositado, tras una sofisticada ingeniería financiera, en entidades bancarias de la isla de Man, territorio de la corona británica en el mar de Irlanda.
Salvatore había sido condenado a 21 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, junto con el representante de jugadores de fútbol, también fallecido, Patricio Gorosito. Ambos encabezaban una banda que enviaba cocaína desde los puertos de Rosario y Buenos Aires a Europa, depositando el dinero mal habido en distintos paraísos financieros.
Como manifestó el fiscal federal Federico Carniel al diario La Nación, “a lo largo de un extenso período de tiempo (al menos desde el año 2004 hasta 2015), la organización llevó a cabo un proceso de reciclaje de activos provenientes del tráfico transfronterizo de estupefacientes. Estas maniobras de blanqueo de capitales, múltiples y sistemáticas, fueron realizadas mediante inversiones en los rubros más diversos (inmobiliario, construcción, automotor, cinematografía, gastronomía y financiero, entre otros), y por medio del diseño de una sofisticada red societaria y financiera”.
La recuperación del dinero no fue sencilla porque requirió de un largo proceso de tipo administrativo y diplomático para hacer efectiva su restitución, que había sido ordenada en el año 2019 por el tribunal que condenó a Salvatore. Es decir que pasaron casi cuatro años hasta que se pudo materializar lo decidido en la sentencia.
Según la información conocida recientemente, US$900.000 recuperados, que representan una parte importante de la totalidad de los valores decomisados, serán depositados vía transferencia en una cuenta bancaria abierta a nombre de la Justicia argentina.
Entendemos que esta noticia tiene un valor trascendental en lo que hace a la lucha contra el crimen organizado porque implica, por un lado, un paso muy importante que da el Estado nacional para recuperar algo del dinero generado vía la actividad delictiva. Abogamos para que esto se extienda no sólo a lo recaudado por narcotráfico sino también a lo producido por otras actividades ilícitas, por ejemplo, la corrupción de funcionarios.
Pero su importancia no se agota en alcanzar este objetivo sino que constituye también un avance relevante en la forma de combatir la criminalidad organizada: es que no se discute que una herramienta fundamental en esta tarea es atacar los ingresos y fuente de financiamiento de los grupos de criminalidad global.
Si bien no decimos nada nuevo afirmando que nuestro país adolece de una legislación insuficiente en la materia y, sobre todo, que los organismos oficiales encargados del tema tienen una dudosa eficacia, sabemos que hay sectores políticos, productivos, académicos y formadores de opinión bregando por actualizar y adecuar las herramientas necesarias para hacer frente al crimen organizado y el lavado de dinero.
Hacer efectivo este propósito y optimizar los resultados será, indudablemente, una buena forma de mostrar a nuestra sociedad que el crimen realmente paga, y que empiece a recuperar la fe perdida en la efectividad de ciertas instituciones estatales.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
