Preliminares del derecho del consumidor

El consumo constituye un fenómeno polifacético y como tal puede ser abordado -al decir de Estigarribia Bieber (Introducción al derecho del consumidor)- desde diferentes ángulos de observación: desde la economía, la psicología, la sociología, la historia y, en lo que atañe a nosotros, desde el derecho.

Conceptualmente, conforme María Moliner en su Diccionario del uso del español , consumo es la acción y efecto de consumir, verbo éste proveniente del latín “consumere” (gastar, destruir). Consumir implica utilizar, de modo renovable o no renovable, bienes para satisfacer determinadas necesidades o deseos.

Es así que se trata de una primordial función de satisfacción de necesidades mediante la oferta y la demanda de bienes y servicios, actividad ejercida por casi todas las personas, aun sin tener cabal conciencia del complejo acto que realizan.

En tal contexto, el concepto de sociedad de consumo se utiliza para designar el tipo de ésta, en que las necesidades primarias -y gran parte de las secundarias- de su población son satisfechas por la vía del consumo masivo de bienes y servicios, disponibles por la producción a la misma escala de éstos.

En opinión de Araujo Morales en su trabajo “El surgimiento de la protección al consumidor”, las normas dirigidas a proteger a los consumidores tienen el extraño privilegio de ser la rama más antigua y, a la vez, más moderna de lo que hoy entiende como el área del Derecho de la Competencia. Ya en el Digesto de Justiniano (libro XIX, título 1, 13) se distinguía entre quien, a sabiendas o con ignorancia, vendió ganado enfermo o un madero defectuoso o no, teniendo el primero que responderle de todos los perjuicios que el comprador hubiera experimentado por esa compra.

Con el fraccionamiento del Imperio Romano y la consecuente reducción de la actividad comercial, la protección al consumidor prácticamente desapareció en la Edad Media, si bien en la Suma Teológica de Santo Tomas de Aquino (2-2, cuestión 77, artículos 2 y 3) se encuentran discusiones acerca de si una venta se hace ilícita por defecto en la cosa vendida y acerca de si el vendedor está obligado a manifestar los vicios de la cosa vendida. Pero no será sino hasta principios del siglo XVII que se encuentren referencias aisladas a la máxima caveat emptor , “que el comprador esté alerto”, en el Derecho Común Inglés; y luego en las centurias siguientes, algunos casos de fraude y venta de medicinas y alimentos en mal estado llevados a juicio, conforme Araujo Morales.

La revolución industrial representa un hito en este tránsito histórico porque permitió la producción en serie y, por tanto, el consumo masivo de bienes. Paralelamente la sociedad ha ido incorporando permanentemente otros factores que dinamizaron el consumo (medios masivos de comunicación, desarrollo de la publicidad). Hoy, con el auge de la revolución tecnológica, en la era de las comunicaciones y con la globalización de la economía, el mundo asiste a una creciente masificación de la producción y el consecuente desarrollo del consumo que esto lleva aparejado.

Ya a finales del siglo XIX aparecen en Europa las primeras asociaciones de consumidores, que canalizan de modo organizado planteos en la cuestión, los cuales pronto pasaron a formar parte de las agendas gubernamentales.

Es en tal época que comienzan a presentarse en tribunales casos de responsabilidad por productos defectuosos con cierta frecuencia. En tal sentido, el caso de MacPherson v. Buick Motor Co. (217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (1916)), decidido por la Corte de Apelaciones de Nueva York el 14 de marzo de 1916, sienta el principio de la responsabilidad moderna por productos defectuosos del fabricante a quien los usa, con independencia de existir una relación contractual. Se trata, en la realidad de las cosas, de una extensión a otras situaciones de la garantía de evicción contractual.

En el caso, la parte actora, Donald C. MacPherson, era dueño de una cantera de piedra. Resultó herido cuando una de las ruedas de madera de su Buick Runabout de 1909 colapsó. La demandada, Buick Motor Company, había fabricado el vehículo pero no la rueda, que había sido realizada por un tercero e instalada en el vehículo por la demandada. Si bien se probó que la rueda defectuosa podría haber sido descubierta durante una inspección, la demandada negó la responsabilidad porque el demandante había comprado el automóvil a un concesionario, en lugar de comprárselo directamente.

En el voto opinion del juez Benjamin N. Cardozo, que decide la cuestión, se expresa: "Si la naturaleza de una cosa es tal que es razonablemente cierto que pondrá en peligro la vida y la integridad física cuando se hace con negligencia, entonces es una cosa peligrosa. Su naturaleza advierte de la consecuencia que se espera. Si al elemento de peligro se le suma el conocimiento de que la cosa será utilizada por personas distintas del comprador, y utilizada sin nuevas pruebas, entonces, independientemente del contrato, el fabricante de esta cosa peligrosa tiene el deber de hacerlo cuidadosamente” .

En 1932, lo decidido en tal caso fue citado por Lord Atkin para resolver el caso “Donoghue v. Stevenson” ([1932] AC 562), en la House of Lords, el máximo tribunal inglés en tales fechas.