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Modos en que los poderes judiciales invierten en ética judicial 

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Por Armando S. Andruet (h) twitter: @armandosandruet

Hemos tenido ocasión en estas contratapas de referirnos a diferentes avances que los distintos poderes judiciales (PPJJ) de nuestro país tienen respecto al tema de la ética judicial. 

En algunos casos ello es advertido en razón de que se visualiza en modo inequívoco algún impacto institucional en tales PPJJ del Código Iberoamericano de Ética Judicial, y así es como varios de ellos (Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa) han tomado como propio dicho instrumento, mediante el dictado de la acordada respectiva. 

Dicha línea operativa, en nuestro parecer, no es la adecuada, puesto que el Código Iberoamericano de Ética Judicial no fue pensado como un instrumento operativo per se sino como uno suficientemente dúctil para ser modalizado por diferentes PPJJ acorde a sus propias estructuras. Por ello también se lo reconoce como código modelo. 

Por esa razón, algunos PPJJ que lo tomaron debieron generar otros instrumentos locales que hicieran que el código no se convierta, pese a ser muy valioso sustantivamente, en algo completamente inservible o banalizando. 

Por el contrario, otros comprendieron el designio de no ser dicho código un instrumento operativo, sino uno tal en el cual se puedan inspirar los PPJJ para producir sus propios códigos éticos, acordes con sus particularidades socio-judiciales que, como tales, nunca se deben despreciar a la hora de hacer cartabones de materia tan sensible como es la ética judicial. 

Así, cabe recordar el excelente proyecto que la magistratura bonaerense alcanzó a conjugar años atrás. Los entresijos y tensiones de poder de la misma Corte Suprema provincial culminaron obrando negativamente y aquél nunca fue aprobado. 

También existe hoy un valioso proyecto de código ético, inspirado también en el iberoamericano y en otros instrumentos, que goza de una factura excelente, puesto que es moderno, breve, claro y completo. 

Lo hemos podido considerar científicamente en su totalidad y hacemos votos para que pueda ser abonado mediante un acuerdo próximo por el Poder Judicial del Chaco. 

Huelga decir en este inadecuado repaso, que nuestra Justicia federal/nacional (aun estando bajo la égida del Código Iberoamericano) hace una constante negación de ello y todavía las nuevas autoridades e integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación no han dado ninguna señal unívoca, orgánica e institucional de alguna transformación que, como tal, accione sobre la matriz de la preocupación ciudadana por la ética judicial, donde reposa, al fin de cuentas, la confianza pública en el Poder Judicial. 

A tal respecto, hay que señalar que los compromisos morales que funcionarios, fiscales y jueces pueden tener y que todos sanamente apreciamos no son suficientes para fortalecer una alicaída perspectiva ética en un poder judicial que colectivamente guarda demasiada distancia con dicha problemática.

En el ámbito regional, los avances también se producen de manera espasmódica. La mayoría de los PPJJ de la comunidad iberoamericana ha sancionado varios años atrás su propio instrumento; en la mayoría de los casos, con antelación al Iberoamericano, mas ello no ha impedido que por una vía incidental no se fueran reordenando estrategias para atender las aportaciones que desde el nombrado instrumento resultan.

En la mayoría de los casos, la actualización de las modernas discusiones de ética judicial en esos países está cumplida bajo la inspiración de los mismos aportes que la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) -dependencia dispuesta en el mismo Código Iberoamericano- va realizando mediante la activa producción científica de dictámenes. Por ellos, se produce una actualización constante del Código Iberoamericano y todos los PPJJ de la región por dicha vía, actualizan su software ético.

Por estos días, el Poder Judicial de República Dominicana, que desde hace varios años lidera en la región caribeña y central del continente la preocupación y satisfacción de la problemática de la ética judicial (y que el pasado año actualizó su Código de Comportamiento Ético) es sede de un cónclave académico y científico sobre la ética judicial, en el que no sólo se materializa la discusión por la teoría general de la ética judicial sino que se están visualizando los desafíos a corto plazo que la ética judicial presenta en la región y más allá. 

Se ha convocado para estos días a cuatro comisionados de la CIEJ -sobre nueve que son en total-, quienes a su vez corresponde ilustrar que por ser el código y la CIEJ productos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, por defecto los comisionados son integrantes de las Supremas Cortes de la República.

Los comisionados actualmente son de los siguientes PPJJ: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay. A ellos se suma la Secretaría Ejecutiva que está en responsabilidad de España. De ellos, están presencialmente en el evento que se ha dado en nombrar como «Diálogos sobre la Ética Judicial, con Comisionados de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial», por Colombia: Octavio Tejeiro Duque; por Costa Rica participa Luis Sánchez Rodríguez; por Cuba, Fara Saucedo Pérez, y por República Dominicana Justiniano Montero Montero. El secretario Ejecutivo es David Ordóñez Solís, quien tiene una participación telemática. 

El mencionado diálogo se centraliza en los intercambios que se inician a partir de diferentes dictámenes de la CIEJ, el cual es presentado por uno de los comisionados que preside cada una de las seis mesas que se encuentran dispuestas, y luego existe un conjunto de interlocutores en cada una de ellas. 

A tal efecto se ha convocado a magistrados locales, profesores, juristas, abogados y ciudadanos que otorgan un total de entre cuatro y seis participantes por mesa, que habilitan novedosas consideraciones de los dictámenes, poniendo al descubierto las diferentes perspectivas que se pueden tener de un mismo instrumento; y con ello queda demostrado el valor productivo del diálogo en materias siempre abiertas al debate. 

Los dictámenes que han sido seleccionados para los intercambios han sido cuidadosamente considerados, acorde a la proyección que sobre la misma praxis de los tribunales de ética judicial se presenta. 

Así, el que lleva el Nº 12 es sobre «Libertad de expresión y la ética de los jueces»; el Nº 5, sobre «Implicaciones éticas del endeudamiento y la jubilación de la población judicial»; el Nº 17, «El abuso de la jurisdicción por el juez en clave ética»; el Nº 4, «Consideraciones éticas respecto del relacionamiento entre los jueces y los medios de comunicación», el Nº 9 sobre «El uso por el juez de las nuevas tecnologías: ventajas y desafíos éticos», y finalmente el Nº 16 es sobre «La acción disciplinaria y la ética en el control del comportamiento de los jueces».

El evento, a los efectos de mostrar la trascendencia e importancia que en el país se le presta a todo lo relacionado con la ética e integridad judicial, es inaugurado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y es clausurado por el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Dariel Suárez Adames.

Por último, también ilustramos que en el nombrado evento nos correspondió brindar la conferencia de apertura, en la que presentamos el alcance y los puntos centrales del nuevo Código de Comportamiento Ético de Magistrados de República Dominicana del año 2021. También, destacar la importancia de la puesta en funcionamiento, bajo nuestra dirección internacional, de la Cátedra de Ética Judicial, y la dirección nacional de Justiniano Montero, como también la significación para el espacio latinoamericano y del Caribe del Observatorio Iberoamericano de Ética Judicial, en convenio con la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina).

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