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La simple autorización legal para que las cooperativas y mutuales puedan brindar servicios de radiodifusión motivó una avalancha de pedidos para que la Afsca las autorice a ingresar a este mercado, hoy concentrado en una gran empresa. Ya hubo 26 autorizaciones.
Por Javier De Pascuale / [email protected]
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual define la comunicación como un derecho de todos los argentinos, que debe ser regulado por el Estado como un servicio de interés público y como un eje central en la defensa de la soberanía nacional.
El cambio de paradigma que trae la ley al enfocarse sobre los derechos ciudadanos destierra de la radiodifusión argentina el viejo modelo neoliberal que concebía la comunicación exclusivamente como un negocio con intervención estatal limitada a defender la seguridad nacional. Hoy, la ley entiende la comunicación como un derecho de todos, donde no caben los monopolios que la encorsetan y concentran las difusiones.
Es por ello que las más diversas organizaciones sociales tomaron en sus manos la decisión de avanzar en la construcción de sus propios medios de comunicación, desde confederaciones gremiales como CGT hasta organizaciones de pueblos originarios o federaciones de mutuales provinciales como Femucor, la federación cordobesa.
La apropiación social de la ley exigió la conformación de nuevas organizaciones sociales. Se formó la Red Federal de Producción Audiovisual (FeCoopTV), se fundó la Federación de Radios Mutuales y Cooperativas, se está conformando TRAMA, una cooperativa que reúne a los cables cooperativos y a las nuevas señales de TV digital para producir y compartir contenidos, al tiempo que se fundaron nuevas organizaciones de diarios y revistas que aspiran a ocupar espacios en el espectro audiovisual. Se amplió la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos (Fadiccra), se fundó Dypra, que reúne a 200 periódicos de todo el país y se crearon Dypsa y Dypso, reuniendo a diarios y publicaciones de Santa Fe y del sudoeste bonaerense. Todas ellas ya desarrollan contenidos en conjunto y preparan su salto a la radio y la TV.
Fueron beneficiadas por la declaración -por parte del Congreso Nacional- de interés público de la producción de papel para diarios. Gracias a esta medida se amplió la producción de Papel Prensa y se garantizó a todos los diarios regionales del país la igualdad en el acceso al insumo básico que necesitan para llegar a sus públicos.
La simple autorización legal para que las cooperativas y mutuales brinden servicios de radiodifusión motivó que unas 130 organizaciones solidarias elevaran pedidos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para que las autoricen a ingresar a este mercado, hoy concentrado en una gran empresa que cuenta con 70% de los abonados de todo el país. La Afsca ya autorizó a 26 cooperativas y se especula que en los próximos meses saldrán decenas de habilitaciones. A su vez, la ley obliga a que cada cableoperador tenga una señal local en funcionamiento, con lo cual ya están naciendo nuevos canales en pueblos y ciudades, que dan más trabajo a los comunicadores y fortalecen las culturas regionales.
Es por esto que las organizaciones que trabajan en el cable cooperativo han fortalecido su integración, de modo de hacerse fuertes para enfrentar los nuevos desafíos. La federación Colsecor ya cuenta con 150 cooperativas de cable asociadas y acaba de lanzar servicios de tecnología de punta como VOD (video bajo demanda) y OTT, que incorpora servicios para televisores tipo Smart TV.
Una realidad similar se vive en el sector de radios comunitarias y de baja potencia. Hay más de 300 radios en el país que son gestionadas por organizaciones solidarias y la mayoría ya cuenta con habilitación legal. Se están desarrollando concursos para licencias de radio en diferentes provincias y llegarán pronto las de TV.
Incluso el nuevo aire llegó al mundo del libro, donde la Red Gráfica Cooperativa trabaja junto a decenas de imprentas diseminadas en todo el país el proyecto Rotativas Argentinas. Buscan recuperar la industria nacional del libro, promocionar la difusión de la cultura regional y popular y abrir las editoriales a los autores locales. Sueñan con que los nuevos medios difundan estas nuevas producciones y construyan nuevas expresiones de la cultura.
Todos estos esfuerzos están haciendo realidad la profunda transformación de “ecosistema de medios” que propugna la ley, hacia uno más inclusivo, plural, diverso, regional y federal y, gracias a su apropiación social, a la decisión de miles de hacerse cargo de lo que hasta ahora era de unos pocos.
Medios públicos e infraestructura
Pero no sólo la sociedad avanzó en la construcción de la nueva comunicación. El Estado hizo lo propio, comenzando por la recuperación de sus medios, los denominados medios públicos. Se creó Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE) como una única empresa pública que administra los medios de comunicación estatales, que son 48 radios de la red de Radio Nacional, Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) y la TV Pública. Se estableció la gestión mixta sobre RTA, con siete directores de los cuales sólo dos son nombrados por el Ejecutivo Nacional, participando el Congreso, las Universidades, las provincias y las organizaciones sociales en los nombramientos de los otros cinco directores.
La recuperación de los medios públicos implicó la multiplicación de su presupuesto, renovación y mejora de sus equipos de transmisión, ampliación de su cobertura territorial, realización de concursos para el ingreso de nuevo personal, mejoras salariales a sus trabajadores y mejoras en la federalización de su cobertura periodística.
Se creó Televisión Digital Abierta argentina (TDA), proyecto que ya ha instalado más de 50 estaciones de antenas transmisoras en las provincias y que tiene otras 21 antenas en construcción en la actualidad. El mismo programa, con el objetivo de apurar la digitalización de los televisores de los argentinos, ya ha entregado gratuitamente 1.080.000 decodificadores entre familias de los sectores sociales más desfavorecidos, 100.161 de ellos repartidos en Córdoba.
La digitalización de la TV permite la distribución de sus contenidos por diferentes plataformas hasta ahora casi inexploradas en nuestro país. Se pasa de una sola plataforma (analógica) a ocho plataformas (inalámbricas, alámbricas y por Internet), de modo que a la vieja televisión de aire se le suman hoy la TV Digital Terrestre; TV Móvil; TV Satelital Directa; Cables; TV Digital sobre redes de banda ancha; TV por Internet, Web TV o IPTV. Todas mostrarán su verdadero potencial cuando termine de completarse el plan “Argentina Conectada”, en un plazo de dos a tres años.
A su vez, para asegurar los contenidos que los nuevos canales de la TV digital pondrán en el aire, se estableció un Banco de Contenidos denominado Bacua, que en poco más de un año de trabajo ya sumó 2.300 producciones, entre programas documentales y de ficción que son fruto de concursos federales en los que todas las provincias son beneficiadas.
Además de avanzar con sus propias empresas audiovisuales y de generación de contenidos, desde el sector público se está montando la infraestructura que permitirá la digitalización y la modernización integral del sistema de telecomunicaciones (un sistema satelital, un sistema de antenas, un anillo digital de gran capacidad de transferencia de datos y que apunta a la «inclusión digital», etcétera). A estos programas se les suman un plan de transferencia de capacidades para realizar contenidos administrados por el sistema universitario público (Plan Polos) y planes de fomento al sector y sus ramas de productos y servicios.
La inversión en infraestructura para la comunicación se lleva a cabo desde empresas estatales como Arsat y desde el plan Argentina Conectada. Se trata de una política de Estado cuyo objetivo principal es generar una plataforma digital de infraestructura y servicios para el sector gubernamental y la vinculación ciudadana. Este plan, impulsado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tiene tres ejes: servicios gubernamentales, contenidos culturales e inclusión digital. Por medio de Argentina conectada, el Estado Nacional está impulsando la construcción de infraestructura nacional de fibra óptica complementaria a las redes de telecomunicaciones existentes. El plan es construir 58.000 kilómetros de fibra óptica (3.200 km en Córdoba) y multiplicar la red instalada en la actualidad.
