Eliminando fantasmas sobre el sector público

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia

Las críticas sobre su gestión no siempre son fidedignas ni bienintencionadas y, en muchos casos, encubren objetivos que no se exponen explícitamente porque obedecen a intereses específicos de franjas reducidas pero muy poderosas de la sociedad.

El rol, facultades, dimensión y funciones que debe asumir el Estado constituyen temas que suelen “dividir las aguas” en materia ideológica. No obstante, en Estados Unidos -líder mundial y emblema máximo del pensamiento liberal que postula evitar su crecimiento- la relación respecto del producto bruto interno llegó al récord de 54,2% en 1944. Esto significa que, cuando se ponen en riesgo los esquemas liminares, no vacilan en el habitual prejuicio de cargar la gestión pública con toda la responsabilidad.

Si el ejemplo precitado no fuera suficiente, al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la triunfante Unión Soviética llegó con sus ejércitos a orillas del río Oder, en Alemania, las grandes potencias occidentales de Europa recibieron ingentes fondos bajo el régimen denominado de Préstamos y Arriendo, originado en el circuito financiero Internacional con epicentro en Wall Street, para acelerar su rápida reconstrucción y contener cualquier eventual intento de expansión que proviniera del Este. Entonces, no se cuestionó la sostenida ampliación del gasto público.

En el Reino Unido, Francia y Alemania Occidental, la relación del gasto publico respecto al PBI trepó raudamente por encima de 40%. Sólo después de 1989, cuando se desintegró la URSS, se advierte una cierta reversión de la antes mencionada tendencia de encargar al Estado un número creciente de funciones. No obstante, los países escandinavos que ostentan niveles muy elevados de prosperidad y menor grado de polarización en materia de la distribución de los ingresos, siguen confiando en la idoneidad de la acción estatal para sostener e incluso perfeccionar esos indudables logros dentro de sus respectivas fronteras.

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Por lo visto, mucho más que la dimensión, gravita el grado de eficiencia con que se realiza la gestión; aunque los de pensamiento liberal extremo arguyen que “el Estado es siempre, por naturaleza, ineficiente”.

El gasto público en Argentina
En ocasión de difundirse el Decreto Nacional Nº 1246/14 del 1º de agosto, que acrece el presupuesto público en materia de gastos para el presente año en $199.044 millones, se renovó el amplio abanico de opiniones en uno u otro sentido. Es que, con ese suplemento de 22,5%, superan por primera vez el billón de pesos al totalizar $1.083.728 millones. La “lluvia” de objeciones va desde las de tipo formal, que rechazan que la decisión no haya tenido previo tratamiento por parte del Congreso, a las de examinan y ponderan cada una de las 171 partidas incluidas en aquél. En realidad, la norma es absolutamente ajustada a derecho pues el PE dispone de facultades delegadas que lo autorizan.

Una de las facetas que generaron críticas más airadas en estas circunstancias reside en la perspectiva cierta que el desequilibrio original, ya antes de signo negativo, con los nuevos rubros de gastos llegue a exceder $200 mil millones y, por ello, la futura mayor emisión monetaria asuma proporciones harto peligrosas. Este riesgo se acentúa ya que existe la certidumbre de que no será el último reajuste, en vista de que hay muchos conceptos que exhiben un elevado nivel de ejecución y no alcanzará el margen aún disponible para llegar a fin de año.

Cuando procedemos a analizar la composición de la mencionada corrección alcista, se advierte que en algunos casos de gran relevancia sólo proceden a perfeccionar legalmente acuerdos que ya habían sido convenidos, tales como el relativo a la reestatización de 49,5% que estaba en poder de Repsol, de la cartera accionaria de YPF por $40.002 millones; devolviéndole al Gobierno el manejo de esta estratégica empresa.

No menos explicable es la decisión de ampliar el capital operativo de Cammea, para consolidar el área energética, aportándole a ese efecto $37.035 millones y otros $18.407 millones a Enarsa; como así también los $14.463 millones que se afectarán a extender la red de distribución domiciliaria de gas natural. Los emprendimientos citados explican la causa de nuevos potenciales egresos que ahora han sido autorizados por $109.907 millones; es decir, 55,2% del total previsto en el decreto. Otros incrementos de menor cuantía individual se orientan a reforzar las finalidades existentes para subsidiar los servicios de transporte, tanto terrestre como aéreo; el consumo de energía y financiar el régimen de pensiones no contributivas para beneficiarios con escasos, o totalmente carentes, ingresos.

La dimensión en las tres jurisdicciones
La medición bajo este aspecto se suele realizar técnicamente estableciendo su relación porcentual respecto del PBI (o del producto geográfico en el caso de las provincias). Según estimaciones elaboradas en el Departamento de Pronósticos Económicos del FMI, se espera que aquél llegue en 2014, expresado en moneda nacional, a 4.38 billones y suponemos que muy posiblemente el gasto público, al que da destino final la Nación, se ubique en alrededor de $1,2 billones por lo tanto el índice entre ellos ascendería a 27,4%.

Evaluadas de la misma forma, las jurisdicciones de las 23 provincias y la Capital Federal podrían incrementar ese porcentaje en 6,3% y el conjunto de administraciones municipales en otro 1,4%; razón por la cual, en conjunto representarían a 35,1%; lo cual implica una relación inferior a la vigente en Brasil, que se ha calculado llegará a fines de 2014 a 36,8%. Esta constatación nos releva de discutir y abrir juicios evaluatorios sobre la mayor o menor magnitud del gasto público para concentrar nuestra atención en el medir el grado de eficiencia con que se opera en cada una de las tres jurisdicciones que contempla nuestra organización federal y, muy especialmente, en la forma que son financiados.

Otro enfoque que revela ciertas particularidades es el vinculado con su nivel de ocupación. Sobre este aspecto circulan una serie no coincidente de datos, pero incluyendo la existente en las empresas públicas, se puede admitir que el total general ronda 3,7 millones de agentes. Al margen de ellas que registran 110 mil asalariados en relación de dependencia; es la Nación con 580 mil la que exhibe la menor dotación en términos numéricos de las tres antes referidas jurisdicciones; seguida por los trabajadores de todos los municipios del país que llegan a 670 mil; mientras que sumadas las 23 provincias y la Capital Federal llegan a 2,35 millones. En consecuencia, los planteles proporcionan 3.710 miles de puestos de trabajo que representan 29,7% del total de asalariados que prestan sus servicios a la economía.

Se debe aclarar que estos datos incluyen a los que figuran como “contratados transitorios” distorsionando su verdadero carácter, el cual no difiere del que le cabe al resto del personal, incorporando de esta forma a no menos de 950 mil agentes. En la Provincia de Córdoba, 21 mil (17,4%) de los 121 mil que totaliza su personal aparece en los presupuestos bajo esa equívoca denominación.

Otro “botón de muestra”: la recaudación nacional de agosto
Con notable diligencia, el 1 de septiembre, se dispuso la información del monto percibido en agosto de 2014 que ascendió a $99.847,9 millones; cifra que -para éste- es aceptable, pues los períodos precedentes son tradicionalmente los de máxima recaudación. Pero se advierte una pequeña baja porcentual en el cotejo interanual, que ha sido de 31,3%; mientras el acumulado de los 2/3 de este ejercicio de $755.922, lo hizo en 34,2%.

El IVA ha recuperado el primer lugar como tributo de mayor rendimiento al totalizar $28.191,3 millones (28,2% del total mensual); destacándose el aumento operado en el que grava las operaciones internas, al llegar a $19.981.2 millones (+34,9%). El factor de reducción surge del bastante disminuido comercio exterior que, con $ 8.450.1 millones, registra un escuálido incremento, respecto de 2013, de 9,6% y en el lapso enero-agosto lo ha hecho en 34% con $212.045.3 millones.

Por su parte, el impuesto las Ganancias logró mantener su ritmo de aumento, pues rindió una notable gestión con $22.815.8 millones, que implican una suba de 45,7% y, en el sumatorio de ocho meses, llegó a $170.403,4 millones (+39,3%); es decir, 17,1% de lo recaudado por todo concepto en materia de tributos. Muy próximos, los Recursos de Seguridad Social, en conjunto, aportan $23.704,5 millones; trepando a un excelente total de $191.154 millones en los meses transcurridos del corriente año.

Ocupan el cuarto lugar, como es habitual, los que gravan específicamente el comercio exterior que, pese a la caída de esta actividad aportó $9.168,1 millones; al par que el acumulado llegó a $80.644,7 millones. De éstos, los Derechos de Exportación aparecen como los más reditivos con $6.633,8 millones; aunque este importe es 3,4% inferior al de un año atrás. Es evidente que la fuerte desaceleración del intercambio con Brasil fue el principal factor de este retraso relativo.

En el lugar inmediato siguiente está el impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente, que llegó a $6.796 millones (+34,9%). Este registro revela que el nivel de transacciones internas no se ha contraído siendo el acumulado de $48.604,1 millones (+36.3%). Los instrumentos detallados precedentemente representaron en agosto nada menos que 90,8% del total ingresado; razón por la cual la decena de tributos restantes son de muy escasa significación, si se tiene en cuenta que los tres que recaen sobre los combustibles ascendieron a $3.976,5, un 3% del total general del mes.

El destino de la recaudación
Según la información oficial, del total obtenido en agosto, la Administración Nacional ha sido el destino para $46.018,1 millones (46,8%) y un incremento interanual de apenas 28,4%. En segundo término, está lo girado a las provincias, que ascendió a $ 26.362,2 millones, 30,1% mayor al importe de un año atrás e implica 26,5% de la percepción de agosto; mientras $23.066,6 millones (23,7%) correspondieron al Sistema de Seguridad Social, que integra 23,1% de los recursos totales.

Si se evalúa este aspecto para los ocho meses de 2014, obviamente sigue siendo la Administración Nacional el mayor receptor con 347.644,7 millones, con un llamativo incremento de 38,2%; correspondiendo a las provincias $194.488,6 millones que representa una mejora de 34,9%. En tercer lugar está el sistema de Seguridad Social, que con $186.929,4 millones significa el menor avance de sólo 28,15%.

No obstante, en términos generales, la gestión realizada es adecuada a las circunstancias pero habrá que poner mayor celo en seguir de cerca el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social por la tendencia a trabajar “en negro” que caracteriza a períodos difíciles.

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