El gatopardismo en la lucha contra la violencia

  Por Francisco Lavisse* y Andrea Queruz Chemes**

El fenómeno de la violencia tiene diversos tratamientos y abordajes. Desde que es posible reflexionar sobre su dinámica y particularidades, también lo es su visibilización en la sociedad.
Sin embargo, casi de manera acoplada, sobreviene su distorsión producto de la desinformación o información malintencionada del problema.
El repudio lógico a situaciones extremas de violencia y la apropiación de la problemática por la sociedad civil, los medios masivos de comunicación y agrupaciones políticas tiene un impacto profundo en el comportamiento de las personas así como en las demandas que ingresan al aparato de justicia.
Ésta intenta responder a las presiones que recibe sin detenerse a pensar técnicamente la problemática, su alcance y el impacto que produce la administración compulsiva de una ley que produce más violencia.
O, lo que es peor, apunta a solucionar todo sin hacer nada para que las cosas cambien, en un claro índice de gatopardismo.

¿Cuáles son los factores que deben revisarse en el comportamiento de la institución judicial? Creemos que el primer factor que debe revisarse y corregirse es la propia independencia del poder, que debe partir por una autocrítica destinada a reconocer que si los jueces se dejan llevar por políticas judiciales o “Justicia política” sólo para agradar, dejan de ser jueces para convertirse en escribanías de grupos de presión.
El segundo punto -relacionado con esa independencia- es exigir como corresponde del Estado el cumplimiento de su parte, que incluye prevenir, educar y erradicar.
Aunque se trata de un flagelo cuyas consecuencias son negativas para todos y pretende eliminarse, no puede seguir siendo afrontada de manera improvisada, reduccionista, punitivista a ultranza y con prejuicios que lo refuerzan aún mas, empobreciendo la actuación de la justicia.
La violencia tiene una sensibilidad especial que es usada como bandera de marketing político e inclusive por profesionales que nunca ejercieron en relación a este fenómeno.
Un funcionario público merece nutrirse permanentemente, no sólo a partir del conocimiento dogmático que le confiere la ley, sino de otros saberes provenientes de la interdisciplina aplicada especialmente a este ámbito , que le permitan repensar cada situación y que contribuyan a recuperar fragmentos de la realidad social perdidos en la vida institucional, volviendo a su sana crítica racional.
Pero especialmente debe respetarse y hacerse respetar le guste a quién le gustare. Si juzgan por el qué dirán, no se está cumpliendo ni con la ley ni con el juramento que hicieron.
Escuchar a un juez de Control dirigiéndole a una audiencia de profesionales -tal como sucedió- la expresión “ahora a las víctimas les creemos”, es alarmante.
La escucha victimológica -tal es el nombre que recibe- sin cuestionamientos, siendo uno de sus objetivos la contención, responde a un contexto de abordaje entre paciente y terapeuta, es decir en un espacio clínico.
Este pensamiento fuera de su ámbito específico redunda en una conducta disfuncional de la autoridad que lejos de impulsar la investigación de la verdad del hecho en un proceso judicial, acepta una denuncia y los dichos de la presunta víctima como hechos, introduciendo un sesgo en el proceso, sin indicios, sin evidencia que la permita sostener. ¿Por qué se le cree a la presunta víctima cuando dice que sí y no se le cree al imputado -que hasta la condena es inocente- cuando repite que no?

O es que ha desaparecido el in dubio pro reo por la ola del indicio?
Insistentemente referimos a la necesidad de integrar equipos de profesionales especializados y competentes en atender a problemáticas de carácter jurídico y no de profesionales clínicos atendiendo a hechos jurídicos.
La realidad nos muestra una desintegración de equipos técnicos en pésimas condiciones de trabajo y la conformación de otros, al voleo o bajo la horda de los contactos que sin ningún tipo de planificación o noción del conflicto social y su relación con la ley, actúan como auxiliares explicando a la autoridad sobre algún aspecto particular, atentando contra la imparcialidad y calidad de sus producciones.
Es sabido que no es papel de la Justicia resolver la violencia social, pero sí es su responsabilidad regular los abusos en la administración de la ley de violencia -a tenor de los falsos positivos-, que ocasiona daño a víctimas tales como niños, padres y familiares que ven obstruidos sus vínculos por años, en quienes el daño es difícilmente subsanable.
La violencia no se acaba con “vigilar y castigar”, como decía Foucault, sino que se debe prevenir y educar. El simple llamado de decir “si es víctima denuncie” no es ni el principio para resolver un problema.
Las leyes de violencia imponen obligaciones al Estado y hasta que no actúen jueces y fiscales que lo hagan recordar y cumplir estaremos tratando de curar un cáncer con una aspirina.

* Abogado  ** Licenciada en Psicología