El estigma de ser profesional

Por Carlos Fernando Arrigoni (*)

En todo el mundo, el profesional posterga su acceso pleno al mercado laboral por los años que le demanda su capacitación técnica o científica y el de obtener el título correspondiente. Y en una abrumadora mayoría de países -desarrollados o no-, esa postergación y el sacrificio del estudio les reporta una mejor perspectiva de futuro, con mejores puestos de trabajo y remuneraciones. Además, los profesionales constituyen un recurso humano estratégico para el desarrollo de esos países.
Sin embargo en Argentina ello no es así. Por el contrario, en nuestro país ser profesional se convierte en un verdadero estigma del cual sólo se salvan aquellos que prestan sus servicios en relación de dependencia; pero no por ser profesionales sino por su condición de empleados.
Los profesionales independientes se ven compelidos a enfrentar penurias de todo tipo, a saber:
• Honorarios “desregulados”.
Mientras todos los trabajadores en relación de dependencia perciben salarios regulados por escalas obligatorias e irreductibles, que son permanentemente actualizados por medio de negociaciones paritarias, los profesionales independientes tienen sus remuneraciones -eufemísticamente designadas como “honorarios”- desreguladas.
¿Qué significa esto? Que su retribución está librada al convenio con sus comitentes, signada por los rigores del mercado liberal más ortodoxo, en el cual la oferta y la demanda usualmente determinan una posición dominante a favor del comitente y en perjuicio del profesional.
Es más, a despecho de las tendencias de protección del trabajo imperantes en nuestro país, la paga de los profesionales está contemplada en el art. 1255 del nuevo Código Civil y Comercial, que, a la par de designar al honorario como “precio” -cual si se tratara de vulgar mercadería que se comercia- dispone que cuando no existiera convenio y debieran por ende aplicarse las leyes arancelarias respectivas la vigencia de éstas queda sometida al criterio de los jueces. Dicho sea de paso, éstos no siempre se caracterizan por ser criteriosos y equitativos.
Esto indica que existe en nuestro país una concepción equívoca y degradante para el profesional, según la cual éstos no serían trabajadores ni gozan de los derechos garantizados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

• Impuestos desiguales, gravámenes parafiscales y gastos:
Para más, el ejercicio de los profesionales está específicamente afectado por diversos impuestos y gabelas. Comenzando por la AFIP, los profesionales de menores ingresos pagan el Monotributo que, en varias categorías, los grava por debajo de los mínimos no imponibles de los trabajadores en relación de dependencia. Los de mayores ingresos, por su parte, están impactados por el IVA, que se convierte en un sobreprecio que deben absorber los propios profesionales, so pena de disuadir al comitente.
Ni qué hablar del impuesto a las Ganancias. En ese tributo, el mínimo no imponible para los profesionales independientes siempre es menor – mucho menor – que el de los asalariados, con lo cual el impuesto a pagar es, simétricamente, mucho mayor.
En los ámbitos provincial y municipal, hasta ahora, los profesionales han resistido a los embates fiscales, pero nada les asegura que en algún momento puedan ser atrapados.
En vista de ello y vigente como está la garantía constitucional de igualdad ante la ley, uno termina preguntándose el porqué de la desigualdad con semejante destrato hacia los profesionales. ¿O será que las diferencias son de tal envergadura que esa discriminación se justifica?
Pero, además, los profesionales pagan por los derechos de matrícula, exigidos para ejercer la profesión en condiciones de legalidad. Y, por si todo esto fuera poco, deben afrontar los gastos que insume una mínima infraestructura para desarrollar su actividad.
• Derecho de huelga:
El derecho constitucional de huelga, que atañe a todos los trabajadores argentinos, en el caso de los profesionales se reduce a una mera declamación. Si el profesional no trabaja, no cobra; ergo, no puede aportar a su actividad y a su subsistencia.
Ahora bien, si a despecho de lo anterior decidiera ejercer ese derecho, ninguna responsabilidad le es dispensada por las consecuencias de no prestar sus servicios.
Mientras tanto, observamos atónitos como sectores de trabajadores dejan “de a pie” a ciudades enteras, o sin dinero o servicios a toda la población, sin más consecuencia que -en el peor de los casos- les descuenten el día sin trabajo.
• Jubilaciones indignas – cobertura social inexistente:
Cuando el profesional en plena tercera edad y trasponiendo el umbral de la vejez (esto es, con 65 años de edad y un mínimo de 30 años de aportes) se decide a concluir su carrera, encuentra que su jubilación proveniente de las cajas previsionales para profesionales escasamente supera los límites de la pobreza.
A todo esto, abrumado por los rigores que el tiempo ha impuesto naturalmente a su salud, toma conciencia de que carece de cobertura social y debe afrontarla como un gasto aparte, que puede consumirle más de la mitad de su magro haber jubilatorio.
La única excepción a ese bochornoso panorama de sobrevida ocurre en el caso infrecuente que durante sus décadas de trabajo, a base de ahorro, esfuerzo y contemporáneas privaciones, aunadas a la fortuna necesaria para sortear los efectos devastadores de las cíclicas crisis económicas que afectan al país, haya conseguido acumular un capital que le reporte ingresos adicionales, suficientes para mantenerse dignamente con rentas.
A todo esto, el Estado, que se cobró de sus impuestos a la actividad profesional y que, por tanto, debiera asistirlo está, como siempre, ausente.
• “La fuga de cerebros”:
Jamás se ha visto que ningún gobierno encare políticas económicas y sociales dirigidas a los profesionales. Ni siquiera especulando con que sumen más de un millón de personas/votos.
Sólo son tenidos en cuenta cuando los políticos – gobernantes o no – se lamentan por aquello que llaman “la fuga de cerebros”, vale decir, por los profesionales argentinos que se destacan en el extranjero, hacia donde el estigma de ser profesional en Argentina los ha expulsado.
¿La solución? ( Acción de unos, omisión de otros):
De nada serviría la retahíla de lamentos que antecede si no se identificara el origen de las causas que han confluido para generar la situación descripta y, a partir de allí, procurar una solución.
Las acciones están claramente identificadas: provienen de los gobiernos que jamás apuntaron a los profesionales y sus legítimos intereses en la agenda pública, económica y social.
La omisión –mea culpa– atañe a los mismos profesionales y a las distintas entidades representativas como colegios, consejos, federaciones, etcétera que, salvo en alguna cuestión puntual intolerable, nunca asumieron la necesidad de crear una trama consistente para la defensa de los intereses comunes a todas las profesiones, con el objeto de encarar acciones enérgicas y efectivas, que les acuerde al conjunto de profesionales un lugar en la “mesa” de la definición de las políticas de Estado.
Es difícil explicarse por qué esa necesidad no ha sido advertida o, aun a sabiendas, nunca se adoptaron los cursos de acción conducentes. En lo personal, creo que existe entre los profesionales un falso pudor, derivado de su presumido status, que los cohíbe al momento de encarar esas acciones. Parece ser que en ellos también ha calado esa concepción equívoca según la cual los profesionales no son, en esencia, trabajadores. Lo principal está dicho; todo lo demás corre por cuenta de los profesionales estigmatizados.

(*) Abogado