ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Hablábamos en la pasada columna, a propósito de los recientes atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, sobre las diferencias en la forma de investigar y dilucidar los responsables de ellos allá en Europa, con la penosa experiencia en nuestro país.
Contrapuestas ambas situaciones, las realidades no pueden ser más distintas.
La celeridad y legalidad que se transluce de la experiencia del viejo continente se contrapone fuertemente con la incapacidad de nuestras instituciones públicas para resolver los casos de la misma naturaleza que ocurren en nuestro país. Lamentablemente hemos sufrido una innumerable cantidad de casos de terrorismo, muchos mal resueltos por nuestra justicia y muchos más irresueltos desde hace décadas.
Hace ya más de un cuarto de siglo que, el lunes 18 de julio de 1994, 86 personas perdieron su vida y más de 300 resultaron heridas en el atentado a la AMIA. Dos años antes, el martes 17 de marzo de 1992, el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires causó 22 muertos y 242 heridos.
Pese al tiempo transcurrido desde ambos sucesos, todavía se está discutiendo qué fue lo que ocurrió y quiénes lo propiciaron y ejecutaron. Menos tiempo hace de la aparición sin vida del fiscal Nisman, encargado de investigar el caso AMIA, del que aún no ha podido determinarse si fue un homicidio o un suicidio.
Ni hablar de lo sucedido hace pocos días con el sobre-bomba que explotó en Indra -la empresa encargada de contabilizar provisoriamente los votos de las últimas elecciones PASO-, la bomba incendiaria que detonó en la mutual de Gendarmería en la ciudad de Córdoba, o los atentados incendiarios ocurridos en la La Plata hace muy pocos días.
Como modo de justificar el porqué de la falta de resolución se suele mencionar que el sistema judicial nuestro es antiguo, los procedimientos criminales anacrónicos, la inoperancia de las fuerzas de seguridad, etcétera. Seguramente algo de cierto hay en ello, sin embargo, creemos que el obstáculo más grande para ver resueltos con prontitud este tipo de hechos no reside en los medios materiales o humanos a que debe echarse mano para investigarlos.
Como todo acto humano, la investigación de este tipo de hechos es, también -y decimos que como un rasgo fundamental-, una manifestación de la voluntad, un compromiso de obtener determinados resultados.
En tal sentido, el Diccionario de la Lengua Española nos dice que la voz castellana determinación significa, en primer término, la acción de determinar o determinarse; en segundo lugar, cosa que alguien determina hacer o que se haga, y en tercero pero no menor lugar de importancia, implica “valor, firmeza o resolución en la manera de actuar”.
Las tres se aplican a lo que venimos comentando. La determinación de los objetivos constituye el paso previo para poder actuar con eficacia respecto al asunto. Mantener una vocación de esclarecer y hacer justicia, a pesar de todo obstáculo que pueda presentarse, es vital a la hora de producir resultados palpables.
Lamentablemente, cuando estas situaciones no se esclarecen tras décadas de ser investigadas, es que -pese a todos los discursos sentidos- a muchos de los que dan esos discursos no les interesa que se esclarezca. Ya sea por simple desidia o por no querer que ciertos datos vean la luz pública.
En definitiva, la gran diferencia que notamos que existe con la mayoría de los países que resuelven rápidamente estos casos es el compromiso social y político para hacerlo. Son sociedades que le han dicho “no” a la violencia y al terrorismo, venga de donde viniere y cualquiera fuere el fin en que supuestamente buscan justificarse.
Los atentados terroristas golpean en lo profundo los valores más esenciales de los derechos humanos. Por eso es que no hacer todo lo posible, en la mejor forma, con la mayor celeridad y en el marco de más estricta legalidad es, en definitiva, tocar las puertas de una situación de complicidad con sus autores.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado. Magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
