En la década, el Congreso intentó en una docena de oportunidades sancionar una norma regulatoria, que sólo ahora puede convertirse en ley.
El proyecto de ley había recibido media sanción de Diputados el 27 de agosto de 2008, y desde entonces el Senado nunca lo trató. La iniciativa aprobada el miércoles pasado se trató justo antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período de deliberaciones ordinarias. Sin ello, la propuesta hubiera perdido estado parlamentario.
Cabe señalar que con antelación existieron más de 12 proyectos similares y ninguno de ellos logró prosperar hasta ahora. El presidente de Galeno, Julio Fraomeni, advirtió que las compañías de medicina prepaga «deberían retirarse del mercado» y «dejar de vender planes individuales» en caso de aprobarse la norma.
Estudios jurídicos sostienen que «el proyecto -tanto el original de Diputados como la enmienda propuesta por el Senado- implica una definitiva retirada del Estado y una consolidación del sector privado como actor fundamental del sistema de servicios de salud». En ese sentido, se destaca que si hay empresas que puedan soportar este aumento de costos -derivado de la obligación de aceptar a cualquier persona que quiera contratarlas-, sólo serán las más grandes por su cantidad de afiliados. Esto implica que la ley está favoreciendo la concentración en unas pocas y muy grandes prestadoras, puesto que el umbral de ingreso y permanencia en el mercado será tan alto en términos de costos que sólo unas pocas contarán con “espaldas financieras” para soportarlos.
El tema de las enfermedades de tratamiento caro se ha discutido en diversas legislaciones. El problema se resuelve casi siempre con aportes del Estado, como ocurrió en Chile con el denominado Plan Auge, aprobado a fines del mandato de la presidenta Michelle Bachelet.
Vale tener presente que en Argentina el sistema privado de salud alcanza a poco más de 4,5 millones de usuarios en todo el país y ocupa, en toda la cadena, a casi 500 mil empleados, por lo que su regulación resulta más que necesaria.
