Varios proyectos de ley buscan evitar el crecimiento del phishing

Se calcula que suman 20 mil los damnificados. Hay varias iniciativas en el Senado que apuntan a exigir a los bancos que activen mecanismos que garanticen mayor seguridad a los usuario s

Ante los crecientes casos de robo de identidad, mensajes engañosos y llamadas telefónicas falsas para conseguir información personal y cometer fraudes, varios proyectos de ley ingresaron al Congreso para su tratamiento. [privado]

Una de las modalidades más repetidas es el phishing, modalidad mediante la cual delincuentes engañan a personas, obtienen sus credenciales de acceso al homebanking, sustraen el dinero de las cuentas y a toman los “préstamos preaprobados”.

De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticos (Ufedyci), desde marzo de 2020 hasta la actualidad, este tipo de delitos aumentó más de 3.000% y hay al menos 20.000 damnificados, pero se presume que la cifra es mucho mayor porque este tipo de crímenes no suelen denunciarse.

Dado que los bancos comerciales deslindan responsabilidades argumentando que no pueden diferenciar el acceso del titular legítimo de la cuenta del de otras personas con finalidad maliciosa, los impulsores de las iniciativas consideran importante que sea obligatoria la introducción de mecanismos de doble o triple validación.

Así lo expresa el proyecto Nº 1292/21 de la senadora nacional Pilatti Vergara (Frente de Todos), que insta al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a “regular la actividad con el fin de reducir el riesgo de estafas, y a arbitrar los medios necesarios para la protección de los damnificados”.

Respecto a los préstamos “preaprobados”, la senadora destacó que ser sujeto de este tipo de préstamo “es una decisión unilateral de la entidad bancaria, poniéndolo a disposición de los clientes con tan sólo un clic, sin ningún tipo de consulta, aceptación de condiciones por parte de ellos, o información de los riesgos inherentes”.

“A los bancos les interesa colocar liquidez excedente en destinos más lucrativos que los instrumentos convencionalmente a disposición de ellos, sin importarles las necesidades reales del cliente. Prueba de ello es que ante la estafa los bancos buscan desentenderse de la situación”, apuntó.

Otra iniciativa

La senadora pampeana Norma Durango también presentó un proyecto de ley que dispone, entre otros puntos, que la comunicación entre la entidad bancaria o financiera otorgante de un crédito y sus solicitantes se realice de manera fehaciente y por escrito al domicilio, lo que permitirá que el acuerdo expreso quede registrado en soporte papel y se aloje el contrato en un registro habilitado por el BCRA para tal fin.

Además, el proyecto exige que el débito de la primera cuota del crédito o beneficio no sea interpretado como un “consentimiento” del consumidor.

Fallos contrapuestos

Mientras se avanza en una regulación que minimice el riesgo de estafas, la Justicia recibe las denuncias y debe resolver en consecuencia. Recientemente, en una acción de amparo que presentó una clienta contra el Banco Santander Río, la sala F de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial confirmó un fallo de primera instancia y ordenó dejar de cobrar cuotas de préstamos que, según la denunciante, sucedieron “de modo fraudulento”, desde su homebanking y en plena pandemia, por 590.000 pesos.

El banco apeló y argumentó que su clienta “no resguardó debidamente sus datos y claves bancarias, dándoselas a terceras personas para que contraten en su nombre”.

Por eso, sostuvo que “no le correspondía a su parte ‘perder’ el recobro de los $590.000 otorgados en concepto de préstamo, cuando no había obrado de modo ilegítimo.”

La clienta apuntó a las ”falencias que el sistema informático y de seguridad del banco ofrecía a los clientes, al no resguardar suficientemente la confiabilidad de las operatorias concertadas de modo telemático.”

Pero además advirtió de que la “obligación de seguridad básica debía robustecerse en el marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, ya que la operatoria había quedado derivada principalmente a los canales electrónicos y de cajeros ‘automáticos”.

Los jueces Rafael Barreiro y Ernesto Lucchelli y la jueza Alejandra Tévez descartaron la apelación del banco. “No debe perderse de vista la especialísima protección que el ordenamiento jurídico depara a los consumidores”

Sin embargo, otra sala de la misma cámara, la B, firmó un fallo totalmente opuesto. Rechazó una cautelar para suspender los cobros de préstamos a una clienta del BBVA Banco Francés, quien sostuvo haber sido engañada.

Los jueces destacaron que su versión de los hechos era “unilateral” y que, según informes que entregó el banco, “no parece haber registrado en esas fechas la existencia de indicios de fraude”.

La clienta entregó la copia de su denuncia policial, de una carta documento y capturas de pantalla “que resultarían insuficientes, por sí solos, para acreditar la ocurrencia del engaño del modo invocado, el cual, según la actora, se habría configurado a través de un llamado telefónico a una tercera persona.” [/privado]