Validan despido indirecto luego de admitir discrepancias en una carpeta médica

El fallo concluyó que la empresa demandada desnaturalizó el régimen previsto en la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto al procedimiento del empleador frente a una licencia por enfemedad inculpable [privado] Al considerar que la empleadora desnaturalizó el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) respecto a lo prescripto sobre el procedimiento del empleador ante una licencia por enfermedad inculpable del trabajador, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió el recurso presentado por la parte actora y condenó a Sistemas de Urgencias del Rosafe SA al pago de las indemnizaciones por el despido indirecto en el cual se colocó la actora. El tribunal a quo estimó que el despido indirecto dispuesto por la actora fue injustificado, con el argumento de que la negativa a la reincorporación como resultado de la discrepancia médica era una posibilidad que la accionante podía representarse, concluyendo que ésta debió cuestionar el diagnóstico pero no estaba autorizada para denunciar el contrato. Ese fallo consideró que la actora no había intimado a una conducta específica para el caso de oposición a su estado de salud, y agregó que el emplazamiento sobre los haberes devengados no estaba en discusión ya que el inicio del período de conservación del empleo fue a partir del 1 de noviembre siguiente y en ese momento el plazo de tres meses de licencia había terminado. La trabajadora María Cristina Benito cuestionó el rechazo de la demanda por indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido, porque entendió que la negativa a otorgar tareas con base en la prescripción del médico de control -que no es especialista en psiquiatría-, que prolongó la licencia por treinta días, fue avalada por la a quo al sostener que ello no constituye injuria que impida la continuidad del vínculo. Sin embargo, esa decisión no valoró que la demandante tenía un alta otorgada por su médica tratante y que solicitó retornar a su puesto habitual, y destacó que el juzgador se equivocó al consignar que no estaba en período de conservación del empleo desde el 1/11/2013, ya que ello fue comprobado en la causa. Finalmente, Benito consideró que lo más gravoso fue convalidar la extensión de licencias en ese período por parte de un médico de control de ausentismo. Frente a ello, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), integrado por Domingo Juan Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Rubio, al analizar la casación presentada, señaló que la conclusión de la a quo “prescinde de circunstancias relevantes en la apreciación de la injuria invocada”. Facultad En tal sentido, el Alto Cuerpo argumentó que el control médico del art. 210, LCT, como facultad otorgada dentro de los poderes de dirección y organización, debe ejercerse sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. El Tribunal Superior de Justicia cordobés concluyó que la conducta de la empresa en la emergencia desnaturalizó la finalidad del art. 210, LCT. Así, subrayó que la negativa al reintegro a la actividad con base en que el médico de la empresa dictaminó un trastorno depresivo moderado, aparejó la pérdida del salario pese a la puesta a disposición de la fuerza de trabajo (art. 103, LCT). La decisión sostuvo que el 9/10/2013 la actora pidió el reingreso (por contar con alta médica) y se sometió al control de la demandada y que el 24 del mismo mes reiteró que tiene el alta y emplazó a que le comuniquen si abonarán salarios pues está en condiciones de prestar servicios. En ese orden, el TSJ consideró que la patronal, siguiendo dictamen de su médico, “considera que debe mantenerse alejada de su ocupación al menos treinta días más y comunica inicio del período de conservación del art. 211, LCT”. Los vocales advirtieron de que esta última circunstancia no fue evaluada por el tribunal a quo y resultaba trascendente, por cuanto el reclamo incluyó el pago de los salarios precisamente porque estaba finalizando el plazo del art. 208, LCT. A ello se agregó que “no fue motivo de controversia que éste se extendió por seis meses debido a que la empleada es madre y que terminaba en el mes de octubre ya que la propia accionada así lo señala en la comunicación que remite el día catorce de noviembre de ese año”. Por las razones expuestas, el Alto Cuerpo concluyó que la conducta de la empresa en la emergencia desnaturalizó la finalidad del art. 210, LCT, “no resultando respaldado el no pago de la remuneración cuando estaban dadas las condiciones legales para generar su cobro -puesta a disposición con apoyo en certificado médico-”, ponderando que la genuina discrepancia sobre el estado de salud “debió zanjarse a través de un tercero imparcial (autoridad administrativa o judicial), resguardando los derechos del trabajador.” En definitiva, se resolvió que el despido dispuesto por la dependiente “encuentra motivo en el agravio provocado por el empleador”, por lo que se ordenó el pago de los rubros derivados de la extinción del vínculo. Descargá el fallo [/privado]

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