Rechazan planteo de ex enfermeras del Español

Las auxiliares invocaban haber sido discriminadas por no recibir el subsidio que consiguieron sus compañeros ni reubicadas en otra dependencias provinciales, como sí ocurrió con ellos [privado] Por considerar que no existió un acto discriminatorio, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó la demanda de daños y perjuicios entablada por dos ex enfermeras del Hospital Español - Medical Plaza SA, quienes no recibieron un subsidio oficial ni fueron reubicadas por el Estado provincial en sus dependencias, como sí ocurrió con otros ex dependientes. La Provincia apeló la sentencia que la había condenado a indemnizar a Ramona Maclovia Guzmán y María del Carmen Gait en $100.000 y $50.000, respectivamente. Expuso que las actoras iniciaron demanda con el argumento de haber sido objeto de un acto de discriminación al haber sido excluidas indebidamente de un subsidio otorgado a algunos ex empleados del que fue el Hospital Español, sosteniendo que no era responsable de los daños reclamados. Virtualidad La Cámara integrada por Gabriela Lorena Eslava, José Manuel Díaz Reyna y Héctor Hugo Liendo analizó que el tema a determinar era que el hecho de que no hubieran logrado ese "beneficio" fue producto de un acto discriminatorio “que tenga virtualidad para ser catalogado de antijurídico y que sea a su vez causa eficiente del daño provocado a las actoras, el que lógicamente también deberá estar acreditado”. De las testimoniales se estableció que eran los delegados gremiales quienes tomaban la decisión de incluir o no en el listado o anexo a las personas que serían alcanzadas con el decreto 346 (subsidio). El tribunal precisó que la invocación del perjuicio moral, o al menos de padecimientos de dicha índole, no han estado circunscriptos al no otorgamiento del subsidio sino que se observan tres etapas o momentos puntuales, indicando que en su relato de los hechos, las actoras hacen referencia a los sentimientos disvaliosos que les causó la pérdida de su fuente de trabajo al cerrar el referido hospital, lo que luego motivó el otorgamiento del subsidio en cuestión, por el Estado, a quienes se encontraban incluidos en la lista de beneficiarios, de la que las actoras se consideraron “injustamente incluidas”. La Cámara señaló que luego las accionantes presentaron el reclamo correspondiente, del que no obtuvieron respuesta, lo que fue expuesto por ellas como que, "a pesar de cumplir con los requisitos para ser incorporadas como todos los demás trabajadores que así fueron reubicados, a nosotras dos se nos dejó literalmente de lado igual que ocurrió con el subsidio ". Causalidad Los vocales manifestaron que de la demanda inicial “no se extrae con claridad si las razones brindadas se limitaban a la exclusión del beneficio del subsidio o se debía cuando menos a la no ulterior incorporación por parte del Estado a la Administración Provincial del Seguro de Salud; más allá de que se haya invocado una suerte de relación de causalidad entre uno y otro hecho”. De las testimoniales se estableció que eran los delegados gremiales quienes tomaban la decisión de incluir o no en el listado o anexo a las personas que serían alcanzadas con el decreto 346 (subsidio), más allá de que esto no surja de la normativa en cuestión. En virtud de ello, el tribunal ponderó que “no resulta acreditado que tal decisión dependía únicamente” de la Administración y que la obligación de ésta “era otorgar el subsidio a quienes figuraban en el listado”, por lo que debió acreditarse la responsabilidad del Estado en la confección de aquél y así probar que la exclusión de las actoras fue un acto discriminatorio. En al sentido, la Cámara concluyó que en la confección de los listados habrían intervenido terceros ajenos al Estado demandado, con lo cual no puede entenderse que la Administración “no haya acreditado objetivamente la falta de responsabilidad en el hecho dañoso que se le endilga en autos”, ni acreditarse la existencia de un acto discriminatorio. Omisión En consecuencia, no siendo acreditada una omisión abusiva que configure el antecedente necesario o la relación de causalidad adecuada con el daño padecido por las actoras, corresponde hacer lugar a la apelación incoada y el rechazo de la demanda. La Cámara expuso que la procedencia del reclamo exige “que se haya acreditado la existencia de nexo de causalidad adecuado entre la conducta omisiva impugnada y el perjuicio cuya reparación se reclama”, y haber una relación directa entre el actuar del Estado y los perjuicios ocasionados. Así, la alzada no compartió los argumentos del juez a quo, que encontró acreditada la figura de la discriminación como fundamento del daño moral pretendido pues “no ha mediado incumplimiento por parte de los órganos del Estado a ninguna obligación específica”. En conclusión, en el fallo se resolvió que, "sin perjuicio de todo lo expuesto y valorando que debe demostrarse cómo esa omisión fue la causa adecuada, exclusiva o no, del daño producido, y no verificados en la especie estos requisitos indispensables del deber de responder, estimo que la sentencia recurrida merece ser revocada, correspondiendo el rechazo de la demanda”. Descargá el fallo [/privado]

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