Un shopping y una cadena de comidas rápidas responden por la caída de un cartel publicitario

El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que las demandadas no demostraron eximentes de responsabilidad ante su deber de seguridad del consumidor

Al demostrarse que, en ocasión de encontrarse la demandante en el patio de comidas del shopping propiedad de la demandada, sufrió lesiones porque se le cayó encima un cartel de Mc Donalds y de conformidad a lo dispuesto la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la responsabilidad de Capdel SA, titular de Nuevo Centro Shopping y de Arcos Dorados Argentina SA.

Ambas accionadas habían apelado el fallo que hacía lugar parcialmente a la demanda incoada por la actora y las condenaba a pagar $750 por gastos terapéuticos; $30.000 por tratamiento psicoterapéutico; $10.000 por daño moral y $108.771,58 por pérdida de chance futura, más los intereses.

La cámara integrada por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes indicó que al contestar demanda, Arcos Dorados SA reconoció la existencia de un cartel de su propiedad y la caída de éste sobre la actora, derivando que tal manifestación reviste el carácter de confesión judicial.

El tribunal consideró, además, que la codemandada señaló que el personal del local ese día controló el cartel en cuestión, de lo que se deriva que era suyo y puesto por ella, y que aquél cayó por motivos imprevisibles pero, en definitiva, reconoció expresamente lo ocurrido, por lo que se estimó que, sufrir un accidente encontrándose en el patio de comidas dentro del shopping reviste la condición de consumidora expuesta.

La alzada precisó que la figura del “consumidor expuesto” o “by stander” fue introducida en la ley 24240 por la ley 26361, que remplazó su artículo 1°, que disponía que ”se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”.

Para los camaristas, determinada la calidad de consumidora expuesta de la actora y el carácter de proveedoras de las codemandadas, se torna aplicable la normativa consumeril.

Luego, la cámara valoró que Capdel SA dice que la actora no acreditó la caída del cartel y que no resultan suficientes las pruebas valoradas por el a quo, considerándose que, tal como surge de la sentencia en crisis, a los fines de tener por acreditada la existencia del hecho el juez ponderó diversos elementos probatorios, entre ellos la declaración testimonial de la damnificada, la informativa del servicio de emergencia médica convocado por el hecho, la historia clínica de la mujer y fotografías.

El fallo sostuvo que ambas demandadas, en su calidad de proveedoras, se encontraban en mejores condiciones de probar que el hecho no aconteció o que sucedió de manera disímil, destacando al respecto que resulta de público y notorio que en los centros comerciales se encuentran instaladas cámaras de seguridad y que estas filmaciones deben encontrarse a disposición de, al menos, Capdel SA en su calidad de titular del shopping.

Los magistrados apuntaron que el artículo 53, LDC, atinente a la carga de la prueba, responde a la presunción de que al consumidor le suele ser más difícil obtener las pruebas del caso que a su proveedor, ya que, por la propia dinámica de las relaciones de consumo, aquéllas suelen encontrarse justamente en poder de estos últimos.

La alzada concluyó que, al analizar la prueba rendida y las constancias a la luz de las normas, principios y criterios de interpretación referidos, “luce debidamente acreditado el hecho tal como fue relatado por la actora en la demanda”.

Arcos Dorados SA indicó que, ante la ausencia de prueba que permita determinar que es el propietario del cartel, es improcedente pretender que haya mediado obligación de seguridad de su parte, a lo que la cámara respondió que fue la propia accionada la que reconoció que el cartel que se cayó era de su propiedad.

Expresiones

De ello se infirió que tales expresiones indudablemente conducen a concluir que el cartel que se cayó sobre la accionante pertenecía a Arcos Dorados SA y que como proveedora pesaba sobre ella el deber de seguridad objetivo previsto en la normativa consumeril.

Por otra parte, se señaló que Capdel SA pretende eximirse de responsabilidad alegando que solo reviste el carácter de locadora del local comercial de Mc Donalds, a lo que el fallo respondió que no sólo es “locadora del local” sino la titular explotadora del shopping, como surge de las constancias de autos y de la póliza de seguros de La Meridional que acompaña la citada en garantía.

La decisión argumentó que el contrato de arrendamiento de un local ubicado en un shopping es un contrato atípico cuyo objeto es la explotación comercial —a la que ambas partes están asociadas—, en el cual el precio del alquiler estipulado se integra en relación con un porcentaje de facturación y existe de parte del arrendatario un sometimiento al control de la administración del centro comercial y una contribución a un fondo de promociones colectiva.