TSJ cordobés interpretó el cómputo de plazos para la perención

Los vocales María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesín y Sebastián López Peña hicieron un pormenorizado análisis de la normativa vigente y fallaron en favor del planteo de la actora [privado] Después de analizar el cómputo de los plazos procesales, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revocó la resolución de la Cámara a quo y admitió la perención de instancia del recurso de apelación presentado por la demandada. La parte actora presentó recurso de casación ante el rechazo de la Cámara a quo del planteo de perención, por prematuro, del recurso de apelación por parte de la demandada. El Alto Cuerpo integrado por los vocales María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin y Sebastián López Peña indicó que los plazos de perención de instancia, sean de un año o sean de meses, según las diversas hipótesis contempladas en la norma del artículo 339 Código Procesal Civil y Comercial (CPC), comienzan a correr el día siguiente de aquel en que se cumplió el último acto de impulso, el cual, en cambio, no se computa en la duración del término. Así, se argumentó que el plazo se inicia a la hora cero del día que sigue al del último acto que impulsó el procedimiento, lo que es exactamente igual que decir que empieza pasada la hora 24 del mismo día del acto de impulso. Por otro lado, consideró el TSJ que con particular referencia al instituto de la prescripción, “esta solución se justifica y es perfectamente razonable, porque si el presupuesto esencial de la perención de instancia es la ausencia de actividad impulsora del procedimiento durante el tiempo previsto por la ley, es natural que no se compute a tales efectos el día en que diversamente sí se cumplió un acto que activó la marcha del proceso”. En consecuencia, los vocales sostuvieron que dilucidado el momento en que debe considerarse que los plazos de perención comienzan a correr, “corresponde (...) precisar el instante en que fenecen e invisten al litigante de la facultad de provocar la extinción anticipada del procedimiento en curso”. Los plazos de perención de instancia, sean de un año o sean de meses, según las diversas hipótesis contempladas en la norma del artículo 339 Código Procesal Civil y Comercial (CPC), comienzan a correr el día siguiente de aquel en que se cumplió el último acto de impulso, el cual, en cambio, no se computa en la duración del término. De tal suerte, se indicó -que de acuerdo con lo estatuido por el precepto del artículo 25 del Código Civil- los plazos de meses y años “deben vencer el día en que el respectivo mes tenga el mismo número de días de su fecha, o sea del día en que sucedió el hecho que determinó su nacimiento”. Además, el TSJ remarcó que la finalidad fundamental que persigue la regla allí consagrada es, en rigor, “la de prescribir que los plazos por meses o años se contarán por unidades y haciendo abstracción de la cantidad de días que contengan los años -y en especial los meses- involucrados en el periodo de tiempo de que se trate”. Forma Por otro lado, el fallo señaló que los plazos deben computarse en forma completa y sin privar a las personas de ningún fragmento de su extensión, incluyendo por tanto en su duración la totalidad de su último día, el que recién acabará a la medianoche, agregando que ello ocurre sin perjuicio de disponerse además de la denominada “prórroga legal” que acuerda el artículo 53 del procedimiento, “en cuyo mérito el término se prolonga durante las dos primeras horas hábiles de oficina del día hábil siguiente”. En consecuencia, el Alto Cuerpo resolvió hacer lugar al recurso de casación y anular el resolutorio recurrido que ha sido impugnado. Luego, el Magno Tribunal se pronunció sobre la cuestión, precisando que la parte actora “solicita la perención de la instancia recursiva, afirmando que había transcurrido el plazo previsto por el art.339 inc.2° CPCC, desde la última actuación tendiente a impulsar el mismo por la demandada”. Continuó relatando el Alto Cuerpo que el tribunal a quo entendió -por mayoría- que era aplicable al caso aquel dispositivo legal, y -conforme el modo de computar los plazos- el planteo lucía prematuro, razón por la cual, rechazó la perención de instancia articulada. Virtualidad Conforme quedara zanjada la cuestión, el TSJ sostuvo que el último acto con virtualidad impulsoria -decreto que provee a la expresión de agravios- “fue cumplido el día 11 de mayo de 2018, agregando que el planteo de perención se concretó el día 12 de Noviembre del mismo año a las 13.30 hs”. En función de la doctrina legal sentada por el Alto Cuerpo, se sostuvo que el plazo de seis meses previsto por el artículo 339, inc. 2º, CPC., comenzó a correr el día 12 de mayo de 2018 y venció a la medianoche del día 11 de noviembre de 2018, prologándose por imperio del art. 53, ib., durante las dos primeras horas de oficina del día 12 de noviembre del mismo año. Por consiguiente, se derivó que el acuse de caducidad efectuado el 12 de noviembre de 2018 a las 13.30 hs. “resulta tempestivo, toda vez que el término legal ya había transcurrido completamente y el incidentista quedó investido de la facultad de prevalerse de la perención de la instancia”. En definitiva, en el fallo se resolvió hacer lugar al pedido efectuado por la parte actora y en consecuencia declarar perimida la segunda instancia abierta en la presente causa. Autos: "Gutiérrez Juncos, Carlos Gregorio c/ Martínez Preaud, María José - Ejecutivo - Cobro de Honorarios - Recurso de Casación" Descargá el fallo [/privado]

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