ESCUCHAREl jefe de la iglesia Católica de México, el cardenal Carlos Aguiar, cuestionó la despenalización del aborto en ese país, tras el fallo de la Suprema Corte en la materia.
Para la Iglesia mexicana, la decisión judicial impone el “machismo cultural” porque “deja a la mujer abandonada ante un embarazo no deseado”. Bajo esa premisa, opina que incrementará la violencia que ya se vive en México, al entender que habrá que contar más crímenes.
Asimismo, hizo un llamado a los legisladores para que actúen “bajo los preceptos cristianos” y habló de las “secuelas psicológicas” que sufren las mujeres que interrumpen sus gestaciones.
Desde que la máxima instancia mexicana se pronunció, la Iglesia defendió lo que definió como los “valiosos contenidos” de su fe frente a la “cultura de la muerte, las ideologías, el positivismo jurídico y la confusión”.
En su decisorio, la Corte citó los derechos humanos y la Constitución del país, que consagra el derecho de las personas a decidir el número y el espaciamiento en que quiere tener a los hijos. Además, declaró que no puede castigarse el aborto si el embarazo es fruto de una violación y estableció que los Estados no pueden establecer en sus leyes el derecho a la vida desde su concepción.
Los obispos cuestionan que el Poder Judicial apele a la libertad de las mujeres y a sus derechos humanos y reproductivos porque ve una contradicción entre éstos y los del feto. “No podemos buscar la solución en la eliminación de una de las dos vidas”, afirman.
Reconocen que la cárcel no es una solución y aclaran que no ignoran que muchas mujeres son víctimas de actos criminales o se encuentran en situación de vulnerabilidad, desamparo o abandono. Sin embargo, entienden que el aborto no es más que “una salida falsa”.
Conflicto en EEUU
En EEUU, el conflicto entre el gobierno federal y Texas por la ley de éste que limita la posibilidad de practicar abortos está lejos de dirimirse y el Departamento de Justicia demandó a ese Estado sureño.
El planteo se hizo luego de que el presidente Joe Biden criticó la negativa de la Corte a bloquear la ley de aborto texana (que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas, cuando se detectan latidos fetales, incluso en caso de violación o incesto).
«La ley es claramente inconstitucional», manifestó el fiscal General Merrick Garland, quien agregó que el Departamento de Justicia tiene la obligación de defender la Constitución de Estados Unidos y el Estado de derecho.
Cabe recordar que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Planned Parenthood (Planificación Familiar), el Centro de Derechos Reproductivos y otros grupos le pidieron sin éxito a la Corte que detuviera la aplicación de la normativa por medio de una solicitud de emergencia.
El alto tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, y apuntó a «cuestiones de procedimiento complejas y nuevas».
La decisión fue aprobada por cinco magistrados sobre un total de nueve. Tres de los jueces de la mayoría conservadora fueron elegidos por el ex presidente Donald Trump.
La ley de Texas es la más restrictiva sobre el aborto desde el fallo de “Roe versus Wade”, la emblemática decisión de la Corte que en 1973 reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país mientras el feto no sea viable fuera del útero, lo que suele ocurrir entre las semanas 22 a 24 de embarazo.
La normativa, firmada en mayo por el gobernador del Partido Republicano Greg Abbott, prohíbe la práctica una vez que se detecta el latido del corazón del embrión, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Sólo hay una excepción: en caso de peligro para la salud de la gestante.
En el pasado, otros Estados del país trataron de promulgar restricciones similares pero no lo lograron debido al precedente de 1973.
Texas redactó su ley en forma diferente, ya que no le corresponde a las autoridades hacer cumplir la medida, sino a los ciudadanos, quienes son alentados, gracias a compensaciones financieras, a presentar denuncias civiles contra organizaciones o personas que ayudan a las mujeres a abortar.
