Rechazan planteo laboral al no probarse que la demandante vendiera planes de salud

Al comprobarse que la demandante no demostró que vendía planes de salud, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el rechazo de la demanda en cuanto pretendía diferencias de haberes por no haber estado encuadrada como empleada de comercio del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, como tampoco la multa por la falta de entrega de la certificación de servicios, ya que la demandada Cobertura de Salud SA la puso a disposición en la audiencia de conciliación. Sin embargo, al advertir errores en esa documentación el fallo ordenó realizarla nuevamente bajo apercibimiento de astreintes.

En el caso, la accionante manifestó que la a quo aplicó erróneamente la ley al no encuadrar sus tareas en el CCT N° 130/75, agregando que se contradijo al afirmar que la empleadora no podía disponer unilateralmente del encuadramiento sin especificar el convenio correspondiente.

Encuadramiento

En esa dirección, señaló que conforme el factum fijado en el pronunciamiento, las labores de la accionante encuadraron en la categoría “vendedora del CCT N° 130/75”, extremo negado con base en una valoración parcial de los testimonios.

En ese punto, la mujer refirió que el tribunal vulneró las reglas de la sana crítica racional al descartar que fuera vendedora porque no realizaba cobranzas, pero dejó de lado que no se limitaba a promocionar o asesorar sino que gestionaba el alta, hacía llenar las fichas y remitía a la prepaga, es decir, concertaba operaciones comerciales.

La accionante también denunció violación de la ley en el rechazo de la multa del artículo 80 LCT, toda vez que la entrega efectuada por la empleadora fue parcial e insuficiente porque no acompañó el formulario de afectación de haberes, ni las constancias de pago de las cargas sociales, aporte sindical y ART.

Finalmente, la actora afirmó que la documentación era errónea porque contiene datos falsos respecto de la remuneración percibida, al no consignar los pagos efectuados sin registro.

El Alto Cuerpo -integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Juan Domingo Sesin y Luis Enrique Rubio- indicó que era inadmisible el agravio sobre las diferencias de haberes y despido indirecto es formalmente inadmisible al indicar que la a quo desestimó el encuadramiento de la actora en el CCT N° 108/75, “ toda vez que la empleadora no estuvo representada en su celebración y tampoco lo suscribió ”.

Labores

Además, el TSJ señaló que, atento a las labores denunciadas por la propia reclamante en el escrito inicial, la normativa pretendida “ no era aplicable porque regula, principalmente, la actividad en institutos médicos u odontológicos sin internación, laboratorios de análisis clínicos, rayos X, institutos de preservación de la salud y en general toda otra organización sin internación cuya finalidad sea la recuperación, conservación y/o preservación de la salud ”.

Específicamente, se indicó que se desestimaron las tareas de “venta de planes de salud”, toda vez que con la confesional de la accionada y las testimoniales “ se demostró que su función principal era promover y procurar el ‘traspaso’ de trabajadores afiliados en otras obras sociales ”, a la perteneciente a la demandada, considerándola correctamente registrada como “asesora” fuera de convenio.

El fallo agregó: “ La impugnante para sustentar el planteo se involucra en la valoración de la prueba oral, pero no evidencia ningún quebrantamiento en su consideración porque consigna referencias aisladas de las testimoniales para intentar justificar que la actora ‘vendía’, circunstancia que -se reitera- quedó descartada ”.

Multa

El TSJ indicó que lo mismo ocurre con el cuestionamiento al rechazo de la multa del artículo LCT “ desde que sólo discrepa con el criterio del a quo -coincidente con el de esta sala referido a que no se verificó la renuencia que justifica la sanción- en tanto la patronal entregó las constancias requeridas ”.

Sin embargo, la decisión entendió que “ distinto acontece con el planteo vinculado a que la documentación acompañada debe corregirse, aspecto en el que le asiste razón a la recurrente (...) que al haberse verificado pagos sin registro, las constancias entregadas no reflejan la remuneración percibida y determinada por la sentenciante ”.

Finalmente, el Alto Cuerpo resolvió que correspondía anular parcialmente el pronunciamiento y, entrando al fondo del asunto, ordenó que la empleadora, en el término de 30 días desde que quede firme el fallo “ corrija las constancias entregadas, bajo apercibimiento de astreintes equivalentes a un día de SMVM por cada día de demora posterior al vencimiento del plazo, en beneficio del accionante y hasta un máximo de treinta días, bajo apercibimiento de que el tribunal a quo las otorgue ”.