La Cámara Federal de Córdoba revocó el sobreseimiento de tres imputados en causas por delitos de lesa humanidad y recomendó a la Instrucción que se abstenga de modificar situaciones jurídicas “ya resueltas por el Superior, sin sustento en elementos nuevos que avalen y justifiquen dicho cambio”, por cuanto “situaciones como las evidenciadas en la presente causa importan un retardo, retroceso y desgaste jurisdiccional que, al cabo, comprometen el buen desempeño de la administración de justicia”.
El tribunal también ordenó al Juzgado Federal Nº 3 que dicte auto de elevación a juicio respecto de Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz y Luis Alberto López por los homicidios cometidos en mayo de 1976 a los “detenidos especiales” en situación de traslado desde la UP1.
La Sala “B” expresó que “no se cuenta con elementos de juicio nuevos y distintos a los considerados ya por esta Alzada que ameriten una revocación del procesamiento oportunamente ordenado en contra del imputado Pino”, resaltando que la delegación de la jefatura por parte del imputado a la fecha de comisión del delito, “no trae aparejado por sí mismo una desvinculación o eximición de responsabilidad por un hecho cometido a través de una estructura orgánica verticalmente vinculada por la cadena de mandos”.
En relación con Mones Ruiz, los jueces Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y Roque Ramón Rebak sostuvieron que “nada amerita en autos la revocación del procesamiento ordenado en contra del encartado, esto es, la modificación de la decisión jurisdiccional ya firme, que oportunamente dictara este tribunal superior”.
De la misma forma, “los elementos de convicción ponderados por esta Cámara al confirmar el procesamiento de López refieren pues su conocimiento y voluntad de contribuir al hecho de las muertes de Pucheta y Sgandurra. Coincido en el punto con ambos recurrentes –Ministerio Público y querella- respecto de los extremos que echan por tierra la falta de conocimiento de López sobre el destino real de los detenidos”.
