Revocan que se restablezca contacto entre un menor de edad y su padre, denunciado por abuso

El fallo interpretó que la cámara a quo no dio una fundamentación adecuada para suspender la cautelar solicitada por la madre que impedía el contacto

Entendiendo que la cámara a quo no dio razones suficientes para revocar la resolución de la jueza de familia, que había suspendido el régimen comunicacional entre un padre, denunciado por supuesto abuso sexual, y su hijo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ordenó reenviar el caso a otra cámara a fin de que se dicte otra resolución que tenga en cuenta todos los elementos probatorios.

La madre del menor de edad cuestionó que la cámara original omitiera otorgar las especificaciones necesarias sobre su postura con relación al hecho denunciado y basó en meras argumentaciones estereotipadas, sin valorar certificados médicos, que resultaron decisivos para la suspensión ordenada en primera instancia.

Añadió la mujer que el tribunal a quo priorizó el derecho de comunicación sobre la necesidad de proteger integralmente al niño y destacó la omisión de considerar la falta de firmeza del archivo de las actuaciones penales motivadas en la denuncia acerca del supuesto abuso.

El TSJ, integrado por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Sesin y Luis Angulo , indicó que era necesario inspeccionar si el razonamiento del órgano jurisdiccional para evaluar la configuración de los recaudos para el dictado de la medida preventiva solicitada por la madre se correspondía con las pruebas y las normas jurídicas. Para los vocales, el discurso de la cámara incurre en una fractura lógica al no haber dado razones justificantes de su decisión y omitiendo una evaluación indispensable para la resolución de la petición interpuesta.

Presentación

Al respecto, se indicó que la cámara revocó lo dispuesto en primera instancia en relación a la medida cautelar urgente, recordando que la peticionante se remitió a su propia presentación de fecha 18 de febrero de 2019 en la que mencionaba hechos supuestamente acontecidos durante el contacto entre el menor de edad y su padre y se refirió a la denuncia efectuada ante el Ministerio Público Fiscal, a las certificaciones médicas a la intervención del Comité de Maltrato Infantil, del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.

Frente a ello, se recordó que la juzgadora a quo consideró que esperar a las resultas de la denuncia en sede penal atentaría en contra del interés del niño, en caso de constatarse los hechos denunciados, y destacó el deber del tribunal de preservarlos preventivamente ante un posible hecho de abuso hasta que obren en autos elementos de convicción que permitan modificar lo resuelto, razones por la cual dispuso la suspensión del régimen comunicacional hasta contar con los resultados de los estudios y pericias ordenadas en el marco de la denuncia penal.

Advertencia

El TSJ advirtió que se prescindió en la explicitación de motivos de elementos que en su momento resultaron determinantes, destacando que resulta fundamental advertir que los informes a que hace alusión la cámara para extraer la conclusión de que no hay indicadores de abuso sexual datan de los años 2016, 2017 y 2018, que fueron anteriores al supuesto hecho que se denunció y a raíz del cual en su momento la jueza de Familia dispuso hacer lugar a la medida de suspensión.

Asimismo, el Alto Cuerpo valoró que no existe confrontación alguna con la certificación de la doctora R. que la jueza tomó en consideración al dictar la medida, quien contundentemente manifestó: “El menor expresó situación de abuso ocurrida con el padre” y contraindicó contacto con el progenitor (con o sin acompañante).

Para los vocales, la falta de fundamentación que da lugar a la anulación se ve respaldada, a su vez, por el rechazo del argumento sostenido por la madre, en torno a la falta de firmeza de la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones penales, y que no puede fundarse en la discrecionalidad del tribunal, sino en su improcedencia o inadmisibilidad para favorecer la pretensión controvertida.

Justificación

El fallo observó que la justificación de la irrelevancia de la tramitación penal en curso viene dada, según la tesitura esgrimida por el mérito, por la confirmación del archivo de la denuncia formulada conn relación a un hecho anterior (2017), lo cual deviene insuficiente.

Por lo expuesto, la decisión resolvió reenviar la causa a la cámara que sigue en nominación, a fin de que se provea nuevamente la apelación que queda pendiente.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los vocales aclararon que la anulación dispuesta no importa dar razón en lo sustancial a la recurrente en torno a la suerte de la apelación deducida contra el proveído que suspende el régimen de contacto, cuestión ésta que escapa a la competencia del Alto Cuerpo y quedará sometida al tribunal de reenvío.

Lo anterior -se expuso- “simplemente, implica señalar que no se han dado los argumentos que justifiquen el acogimiento de la apelación, violándose así la exigencia constitucional de fundamentar las sentencias”.

Autos: "Cuerpo de Apelación en autos caratulados: G., J. c/ L., S. - Régimen de visita / Alimentos - Contencioso - Cuerpo de copias - Recurso Directo"