Resuelven en sólo 131 días causa por accidente laboral

Se indemnizó a un trabajador de una empresa transportista de caudales. El tribunal aplicó el Procedimiento Declarativo Abreviado, creado en la provincia para acelerar los tiempos procesales

Por medio del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA), creado por la ley provincial 10596, el Juzgado de Conciliación de 3ª Nominación de Córdoba resolvió una causa derivada de un accidente laboral en sólo 131 días.

El tribunal a cargo del juez Mario José Miranda admitió la acción por la cual Marco Antonio Abregú reclamaba un porcentaje incapacitante mayor al dictaminado por la comisión médica como consecuencia del infortunio de trabajo y ordenó a La Segunda ART SA pagar la indemnización establecida en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la ley 24557 y la adicional del artículo 3 de la ley 26773, por la patología limitación funcional del 3º y 4º dedos de la mano izquierda, de la que resultó una incapacidad del 3,6% de la total obrera (TO), como diagnosticó la pericia médica oficial.

Cronología

En orden cronológico, el 24 de abril de 2021 Abregú inició la acción, relatando que trabajando para Transportadora de Caudales Juncadella SA, el día 23 de noviembre de 2019, mientras descargaba dinero del camión blindado cerró la puerta del tesoro sin percibir que tenía puesta la mano y se la apretó, sufriendo un fuerte traumatismo en la mano izquierda.

Añadió que puso en conocimiento de la empleadora el accidente sufrido y fue derivado al Sanatorio Allende, donde se le efectuaron radiografías, le inmovilizaron la mano con férula y le indicaron medicación, reposo, fisioterapia y control hasta el alta médica definitiva.

Señaló que como que los dolores fuertes no cesaban, inició trámite ante la comisión médica, que dictaminó que el accidente de trabajo sufrido le ocasionó una incapacidad parcial, permanente y definitiva, otorgando un grado de 1,05% TO.

Luego, con base en el diagnóstico de su médico particular, disintió con el porcentaje de incapacidad física otorgada y agregó que las secuelas del accidente le genera una incapacidad parcial, permanente y definitiva de 8% TO, con factores de ponderación, calificable médico legalmente como secuela del accidente.

Paralelamente, reclamó se adicione a la prestación reclamada 20% de dicho monto en concepto de artículo 3 de la ley 26773.

Admitida la demanda, se le imprimió el trámite del procedimiento declarativo abreviado. Con fecha 26 de mayo del año en curso se receptó la audiencia única en su fase liminar, ocasión en la que, atento a no haber mediado avenimiento, se fijó el objeto de la litis y las cuestiones controvertidas, como así también se dispuso lo relativo a la prueba.

Al analizar la cuestión, el juez Miranda precisó los detalles en que se basaba la acción, descriptos en párrafos anteriores y señaló que la aseguradora demandada cuestionó la procedencia de esas pretensión, por lo que trabada así la litis correspondió el análisis de la prueba incorporada.

Memorial

En ese orden de ideas, el magistrado señaló que surgió del memorial de contestación el expreso reconocimiento del accidente de trabajo denunciado, manifestado la accionada que brindó las prestaciones médicas que la situación exigía hasta el alta otorgada, infiriendo que lo expuesto se corresponde a una confesión en los términos del artículo 217 Código Procesal Civil y Comercial (CCyC).

Así, el juzgador advirtió que la accionada negó que corresponda un porcentaje mayor al establecido en la instancia administrativa, aunque no desconociendo el accidente.

Luego, respecto de la pericia médica, el juez indicó el galeno oficial tuvo en cuenta el relato inicial, los antecedentes de atención médica, las preexistencias, capacidad residual y las actuaciones administrativas previas para establecer el grado de incapacidad laborativa, diagnosticando “limitación funcional del 3º y 4º dedos de la mano izquierda (3,25%T.O)”, lo que unido al porcentual que asignó a los factores de ponderación edad y dificultad para realización de las tareas (0,35%), determinó una incapacidad parcial, permanente y definitiva de 3,6% derivada del accidente de trabajo denunciado en la causa.

Asimismo, la decisión destacó que dicha pericia no ha sido desvirtuada por elemento probatorio alguno, ya que la impugnación de la aseguradora por medio de su perita de control careció de razones en ese sentido.

Decisión

En consecuencia, el 30 de agosto pasado, es decir a 131 días de iniciada la acción, en el fallo se resolvió que correspondía hacer lugar a la demanda del trabajador en cuanto pretende el cobro de la prestación dineraria por una incapacidad parcial, permanente y definitiva de 3,6% TO determinada en autos.

Al cuantificar la pretensión, el juez precisó que conforme la fecha del accidente, el 23 de noviembre de 2019, a los fines de cuantificar la prestación prevista en la LRT, resulta aplicable la ley 27348, con la modificación establecida por el DNU 669/10. Por ello, efectuada la operación aritmética prevista por la norma de aplicación, el magistrado determinó que el capital asciende a $636.765,33.

Finalmente, el juez ordenó que, en virtud de la fecha y características del infortunio, era favorable el pedido de aplicación del adicional previsto por el artículo 3 de la ley 26773 requerido en demanda y tras realizar el cálculo, determinó que el actor resultó acreedor de la suma de $127.353,06, lo que hace un total prestacional de $764.118,39.