Rechazan anular investigación sobre facturación dolosa

La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba confirmó la resolución que rechazó el planteo de nulidad solicitado por la defensora oficial en favor de imputado por investigación de informes de IP (siglas en inglés de “Protocolo de Internet”) en causa por operaciones y facturación dolosa, planteada porque el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de investigación sin autorización judicial [privado]

En autos: “Incidente de Nulidad en causa “Iturria, Matías Emanuel por Alteración Dolosa de Registros, el tribunal integrado por los vocales Graciela Montesi -autora del voto-, Eduardo Ávalos e Ignacio Vélez Funes resolvió confirmar la resolución del juez federal de Villa María.

La causa se inició con la presentación efectuada por la defensora pública oficial en representación del imputado Iturria. Cabe aclarar que la fiscalía solicitó a la AFIP informes respecto a inscripciones o modificaciones de sus registros relativos a la denunciante, requiriendo además -sin autorización judicial- datos de identificación de IP desde la que se habría solicitado cambios de domicilios, emisión de facturas y actividades económicas a raíz de la denuncia formulada por Andrea Ayelén Herrera.

La defensora argumentó que la información obtenida sin autorización judicial consiste en datos personales de los titulares de IP amparados por el derecho a la intimidad conforme el artículo 18 de la Constitución Nacional y solicita que se declare la nulidad por inconstitucionalidad. María Marta Schianni, a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de la ciudad de Villa María se opuso a la nulidad solicitada por la defensa y el juez federal de esa ciudad resolvió no hacer lugar al pedido de nulidad, considerando que la fiscalía se encuentra facultado para disponer la medida al solicitar informes sobre las IP sin previo requerimiento al juez.

La camarista Montesi dijo que de la lectura de la resolución recurrida surge con claridad que el juez de Instrucción cumplió con la fundamentación de la sentencia, que si bien al inicio se remitió a las razones expuestas por la fiscalía federal en su dictamen, luego expresó las razones por las que considera que la medida adoptada se encuentra autorizada por la normativa adjetiva y que los informes sobre la titularidad del IP no resultan equiparables a las intervenciones telefónicas, así como la autorización que otorga la ley de Protección de Datos Personales Nº 25326 para arbitrar tal medida.

Según Montesi, ese magistrado efectuó una correcta delimitación de las razones que lo condujeron al rechazo de la nulidad planteado por la defensa, entendiendo la camarista que “el planteo de la defensa carece de sustento, toda vez que la resolución en crisis cumple con los estándares de motivación del art. 123 de la ley procesal y se verifican los supuestos correspondientes para calificarla como acto jurisdiccional válido. En ella se exponen los fundamentos por los que se adopta la decisión cuestionada, con base en la valoración fáctica y jurídica, acorde a la reglas de la sana crítica racional (...).

Sobre si la medida requerida por la fiscalía se enmarca dentro de aquéllas para las que se encuentra facultado a realizar, el fallo consideró que -tal como se ha señalado- la dirección IP constituye la identificación de la interfaz en red que permite sindicar cual es el proveedor del servicio de internet, pero no implica el acceso a datos personales, ni se trata de conocer las comunicaciones o cuenta de mail de su titular ni las páginas visitadas, por lo no se encuentra vulnerada la intimidad del usuario al no estar equiparada dicha medida a la interceptación telefónica.

Por consiguiente, “la invocación de la Ley 25326 -Protección de Datos Personales- no resulta atinente para la discusión del presente caso, toda vez que no se encuentra afectado en el presente caso el secreto de las comunicaciones”, se añadió, considerando que “tal como lo señalara el Juez y el Ministerio Público Fiscal, que la diligencia probatoria propuesta no requiere autorización judicial, en cuanto el pedido de informes a la empresa prestataria de internet sobre la titularidad de las IP de donde provenían las operaciones y facturación detectada (fs. 44, 47 y 48) no vulnera la privacidad del titular, tratándose de datos de identificación externos que no permiten conocer el contenido de la información del usuario de internet, encontrándose dentro las facultades con que cuenta el Fiscal de conformidad al art. 212 del CPPN”.