Prisiones domiciliarias: denuncian que hay “acefalía total” en materia de política criminal

Desde que comenzaron a acumularse los pedidos de morigeraciones de encierro, a principios del año pasado, por supuestos riesgos sanitarios en las cárceles, legisladores de parte de la oposición, miembros de ONG y funcionarios judiciales expresaron sus reparos. El crimen de la psicóloga María Rosa Daglio reactivó el debate

El crimen de la psicóloga social María Rosa Daglio durante un robo en Ramos Mejía (Buenos Aires) motivó nuevos debates por las miles de prisiones domiciliarias que se acordaron el año pasado por el riesgo de contagio de covid-19 en las cárceles. [privado]

Cabe recordar que Alejandro Ochoa, el “motochoro” de 55 años que le quitó la vida a Daglio, fue beneficiado con la domiciliaria en abril del año pasado. Purgaba una condena a ocho años de prisión, en Batán, por robo, que sólo cumpliría en 2024.

En tanto, desde octubre de 2020 pesaba sobre él un pedido de captura por un ilícito perpetrado en Morón. Además, ese hecho activó un reclamo similar de un juez de Ejecución Penal, de Mar del Plata, por otro delito.

Ante ese y otros crímenes cometidos por personas que deberían estar, o bien en penales o en sus domicilios vigiladas, la diputada nacional Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) denunció que hay “acefalía total en materia de política criminal”.

La representante jujeña sostuvo que aunque las personas privadas de su libertad merecen condiciones dignas en la ejecución de sus penas, ello no justifica la domiciliaria “si no se puede garantizar mínimamente su cumplimiento efectivo”.

Plan

“Muchos nos manifestamos desde abril del año pasado repudiando la liberación masiva de presos con motivos sanitarios, advirtiendo sobre los peligros que implicaba semejante decisión”, enfatizó Burgos.

En tanto, recordó que la oposición le sigue exigiendo al Gobierno que detalle cuál es su plan en materia de seguridad y justicia y que la única respuesta que se obtuvo fue lo que definió como “la nefasta reforma judicial federal, que nada tiene que ver con los hechos que vemos a diario”.

“Hasta el momento solo hemos escuchado como respuesta un conjunto desordenado de frases sin sustento, relatos ficticios e insultos a quien piensa distinto”, manifestó la legisladora.

Desde que comenzaron a acumularse los pedidos de domiciliarias, varios funcionarios judiciales expresaron sus reparos tanto en sus fallos, negándolos, como en público.

Es el caso de la jueza de Ejecución Penal Número 1 de Quilmes, Julia Márquez, quien en varias entrevistas aseguró que las “razones humanitarias” fueron una “excusa” para poner en marcha un plan que ya estaba decidido, destinado a descomprimir las cárceles.

En tanto, subrayó que si bien la normativa vigente prevé la acción de un “Estado presente” cuando un condenado vuelve a su domicilio, en la práctica no hay controles.

Córdoba

A principios de abril del año pasado, cuando unos 1.400 internos del sistema bonaerense y alrededor de 300 del federal ya habían accedido a la domiciliaria, la Justicia local fijó criterios.

Por unanimidad, la Cámara de Receso Judicial Extraordinario de Córdoba rechazó el pedido formulado por la defensa de un detenido, que invocó peligro de contagio de covid.

El tribunal explicó que la solicitud sólo podría proceder si no se estuvieran aplicando medidas para evitar la propagación de la enfermedad, algo que desestimó, y aclaró que el reclamante no integraba el grupo más vulnerable al virus.

Respecto del planteo del defensor en el sentido de que su asistido no podía tener contacto personal con su hijo discapacitado, el tribunal apuntó que lo mismo le sucedía a las personas que no están privadas de su libertad. “Así como se han impuesto limitaciones extramuros a los efectos de prevenir la masiva propagación y contagio del virus, también resultaba necesario que se implementaran intramuros”, consignó.

Paralelamente, analizó la normativa vigente en los ámbitos nacional y provincial.

En primer lugar, citó que el decreto presidencial 260/20, que declaró la emergencia sanitaria, le confiere facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para implementar acciones respecto de la situación epidemiológica, restringiendo el artículo 14 de la Constitución Nacional y de las convenciones internacionales; en particular, la libertad ambulatoria.

En ese marco, sostuvo que la habitual jerarquía de autoridades había cambiado.

En segundo lugar, expuso que la cartera de Salud provincial estableció un plan de atención para las personas privadas de su libertad y un protocolo de coronavirus para establecimientos penitenciarios cuyo órgano de aplicación es el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Por esa razón, estableció que la competencia en materia de emergencia sanitaria penitenciaria en Córdoba le fue atribuida al COE, conformándose una nueva jerarquización institucional “unánimemente admitida por las autoridades provinciales en ejercicio de funciones”.

Poco antes había naufragado el hábeas corpus colectivo y correctivo presentado por la asociación civil Espacio de Derecho Popular, en representación de la población carcelaria.

La jueza de Control María Celeste Ferreyra desestimó el planteo alegando que las medidas de profilaxis que se estaban implementando eran adecuadas.

Motines

En la Provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, la situación se descontroló tras el primer positivo por covid en la Unidad 23 de Florencio Varela.

El 22 de abril del año pasado ahí hubo un motín, que dejó un saldo de un muerto y 40 heridos.

En ese contexto, 1.500 presos iniciaron una huelga de hambre para que se agilizara el análisis de sus pedidos de morigeraciones de encierro.

Luego hubo otro, en Villa Devoto. El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, negoció y firmó un acuerdo con los internos y renunció a aplicarles sanciones. Durante los siguientes días, más de 300 accedieron a la domiciliaria.

Las medidas en los penales se motorizaron para que se cumpliera el polémico fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que ordenó que se les otorgara el beneficio a personas vulnerables (mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes) o detenidas por delitos leves.

Gracias a esa directiva comenzaron a salir centenares de internos y el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, hizo declaraciones que generaron preocupación: dijo que no había certeza de que no se fueran a dar a la fuga pero minimizó las consecuencias de esa posibilidad porque se trataba de detenidos por “delitos menores”.

La sentencia fue recurrida por el fiscal Carlos Altuve, quien cuestionó la forma como se implementó y denunció que no se indicó cómo evaluar qué es un delito leve, entre otras falencias.

En mayo, la máxima instancia bonaerense revocó parcialmente el decisorio de la Casación y dispuso que los beneficios debían ser analizados caso por caso por el juez competente.

“La mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal”, valoró la Corte bonaerense.

Entendió que el fallo de Casación recurrido por Altuve, que ordenó con alcance general la domiciliaria para los presos por delitos leves, “fue arbitrariamente decidido y suplantó sin razón plausible el necesario examen prudencial de los jueces a cuyo cargo se hallaba cada encausado, al que sólo les deja el estrecho arbitrio de calificar el delito como grave o leve”.

No obstante, si bien revocó la “doctrina Violini” (por el vocal que emitió la sentencia, Víctor Violini), nada dijo sobre la vuelta a las cárceles de los presos ya beneficiados.

Víctimas

Desde que trascendió el tenor del decisorio de la máxima instancia penal bonaerense las víctimas de delitos clamaron por ser escuchadas y manifestaron su indignación cuando 19 defensores generales le pidieron al gobernador Kicillof que conmutara las sanciones de los condenados con fecha de agotamiento de pena durante 2020.

Usina de Justicia, la ONG fundada y dirigida por la filósofa Diana Cohen Agrest, planteó que la pandemia no podía usarse como excusa para consagrar impunidad, y que enviar a los detenidos a sus casas era un despropósito por sus consecuencias sociales y porque se ponía en peligro a la ciudadanía. [/privado]