Por no incluir los salarios reales, invalidan acuerdo firmado ante la cartera laboral

El tribunal concluyó que la empresa demandada falseó los datos respecto de las verdaderas remuneraciones que percibían los trabajadores, quienes cobraban parte de ellas “en negro”

Al quedar acreditado que los ex trabajadores de Pretensados Córdoba SRL percibían salarios superiores a los registrados, la Sala 6ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba admitió la demanda por diferencias en las indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso y por la multa del artículos 1 y 2 de la ley 25323 y desechó la validez de lo firmado ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia (MTP), por no haber contado entonces los demandantes con toda la información para dar consentimiento al acuerdo por la ruptura del vínculo.

Héctor y Jorge Nadaya expresaron haber ingresado a laborar como operarios en 2006 y 2008, respectivamente, y que esa relación fue deficientemente registrada, consignándose en la documentación laboral remuneraciones inferiores a las percibidas.

Aludieron realizar tareas de matriceros y torneros, fabricando herramientas, diseñando matrices, dispositivos y moldes, dibujo de piezas, programación para fabricación y puesta a punto de máquinas, en equipos computarizados, centro de mecanizado, tornos paralelos, fresadoras, tornos de control numérico.

Los Nadaya indicaron que en 2015 se les notificó la extinción del vínculo laboral mediante escrituras, con el pretexto de una supuesta reorganización de la actividad de la empresa.

Acta

Esgrimieron ante el ministerio, y acompañados por el abogado de la empresa, se elaboró un acta que falseó montos de sus remuneraciones a fin de liquidarles sus indemnizaciones, abonándoseles por éstas diferencias de haberes y horas extras de $230.000 y $150.000, respectivamente, haciéndoseles declarar bajo juramento que no tenían reclamo alguno que realizar.

Los trabajadores argumentaron que, por tratarse de una relación deficientemente registrada, los pagos resultaron incompletos, por lo que reclamaron verbalmente y mediante cartas documento la correcta registración, rectificación del libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), recibos de haberes y pago de aportes, impugnando el acuerdo antes mencionado e intimando al pago de lo pertinente, lo que fue rechazado por la empresa.

Así, solicitaron que se declare la nulidad de las actas de conciliación firmadas en el MTP por basarse en denuncia de extremos falsos, derivando en falaz control de legalidad del secretario actuante, tratándose de una maniobra ilegítima para burlar sus derechos.

Ya en el juicio, el tribunal integrado por la vocal Nancy El Hay sostuvo que se observó de lo explicitado por los asistentes el fraude patronal en el pago de sumas muy superiores a las que surgen de los recibos de haberes y sin ser registradas.

Escrito

La magistrada advirtió que en el escrito introductorio los Nadaya aludieron a la deficiente registración del ligamen, relativa al cobro de parte de la remuneración de manera evasiva y sin declararla, firmándose recibos informales, todo lo que fue explicitado con claridad por los testigos, quienes manifestaron que cada operario “tenía sus arreglos”.

Al respecto, el fallo apuntó que tales extremos no podían pasar desapercibidos para el tribunal y, ante la evidencia, “con sustento en los principios protectorios que informan nuestra disciplina y en especial en la instancia el de primacía de la realidad, se ve quebrantada la cosa juzgada administrativa en la que se sustenta la accionada”.

Así las cosas, la jueza precisó que, a pesar del cumplimiento de las formas preservadas en los registros legales que lleva la empresa, las respetadas ante la autoridad de aplicación y el contralor de condiciones efectuado por ésta, el pago fraudulento de salarios efectuado no fue dado a conocer en el MTP.

Por lo expuesto, El Hay indicó que el déficit de la información brindada por la patronal y la sujeción a ella de los trabajadores, sujetos de preferente tutela que deben obtener respuesta ante el crédito alimentario de que se trata y principios protectorios entre ellos de irrenunciabilidad, “evidencian quebrantadas las cláusulas del convenio”.

Vicio

De tal suerte, la decisión interpretó que, si bien aparentemente no medió “vicio en la voluntad” en sentido estricto, sí lo hubo cuando los trabajadores aceptaron los pagos parciales que lucen de la pericial contable e instrumental reseñadas, sin soslayar las denuncias remuneratorias falaces ante la autoridad de aplicación, que impidieron discernir acerca del acto realizado y homologado.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que los conceptos reclamados como diferencias de indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso debían abonarse por los montos indicados en la pericia contable oficial.

Finalmente, en cuanto a las multas de la ley 25323, la vocal señaló que, ante el déficit registral evidenciado, la primera sanción era de recibo, mas no la segunda, por cuanto el pago de las indemnizaciones efectuadas se realizó, aunque de modo acotado a montos registrados, sin evidenciar renuencia que sustente el precepto.