ESCUCHAREl representante del Estado nacional pidió ayer 25 años de prisión para el último dictador, Reynaldo Bignone, y otros cinco generales por considerarlos penalmente responsables de 25 desapariciones forzadas y decenas de tormentos, allanamientos ilegales y robos cometidos en Campo de Mayo.
Ciro Annichiarico, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió la pena al concluir su alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (TOF 1) donde se desarrolla el juicio oral y público. El querellante oficial pidió igual pena para el entonces comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; para el jefe de la Escuela de Infantería, Jorge García, y para el jefe de Inteligencia de la guarnición, Fernando Verplaetsen . La misma pena reclamó para el jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Alberto Roque Tepedino, en tanto pidió 20 años para Eugenio Guañabens Perelló, que comandaba la Escuela de Logística.
Por segundo día consecutivo, Bignone, de 81 años, escuchó el reclamo sentado en el banquillo junto a los demás acusados, con la sola excepción de Verplaetsen, internado en el Hospital Militar. Otro acusado, el comisario Germán Montenegro, que comandó la comisaría de Bella Vista, no está requerido por las causas que llevó la Secretaría de Derechos Humanos, una de las seis querellas reconocidas. En el proceso sólo se juzgan delitos contra 58 víctimas, una porción ínfima de las cinco mil que se estima pasaron por la guarnición, donde funcionaron cuatro campos de prisioneros con escasos sobrevivientes.
Tras el alegato de Annichiarico y Mariana Mauer, hará el suyo Alcira Ríos, querellante por algunas familias de desaparecidos, y luego comenzará el de los fiscales Juan Murria, Marcelo González Berro y Javier de Luca. Para el martes 9 está previsto que el Mi
