Ordenan garantizar una vivienda digna a persona trans

El sentenciante tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la amparista, quien no tiene un empleo formal ni redes de contención; todo ello, sumado a la situación sanitaria que atraviesa el país

El Juzgado en lo Contencioso-administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Número 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hizo lugar a la acción de amparo promovida por una persona trans en contra el Gobierno porteño, para que se le reconozca “prioridad en el acceso a prestaciones de políticas sociales”. [privado]

La actora reclamó una "solución estable y permanente” que le garantice en forma efectiva el derecho a una vivienda y que sea suficiente para abonar un alojamiento en la ciudad de Buenos Aires.

Según consta en la causa, la amparista es una mujer trans de 24 años que se desempeñaba como trabajadora sexual y, en razón de su condición, “jamás accedió a un empleo en el marco de la formalidad”.

El juez Marcelo Segon advirtió de que la accionante se encuentra en una “situación de vulnerabilidad que requiere atención específica del Gobierno”, y estimó que correspondía que la demandada le reconociera “prioridad en el acceso a las prestaciones de las políticas sociales”.

Señaló, asimismo, que la joven no cuenta con un empleo formal ni redes de contención que “coadyuven en la superación de su problemática habitacional”, y enfatizó que a ello se suma “el contexto de las distintas medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos nacional y local” que dificultan el acceso a un empleo en el mercado formal de trabajo.

“Al presente, los ingresos económicos que reúne resultan insuficientes para solventar las necesidades elementales y menos aún para afrontar contingencias”, sostuvo el juez.

En esa línea, destacó que la amparista “forma parte de una de las poblaciones más vulneradas” y que, en virtud de los requerimientos y de “la dinámica excluyente del mercado laboral”, sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad se ven reducidas.

“Esta situación de vulnerabilidad se traslada inmediatamente a su condición económica y a otros aspectos como el acceso y sostenimiento de una alimentación adecuada y la vivienda”, agregó.

Antecedentes

Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió en sentido similar en el caso de una personas trans que requirió una pensión no contributiva, pese a que no cumplía con los requisitos formales que prevé la normativa.

El fallo, publicado por Comercio y Justicia, fue suscripto por los jueces Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, quienes, con perspectiva de género, resolvieron que, aunque la amparista no contaba con 76% de incapacidad laboral, debía igualmente acceder al beneficio de la seguridad social.

En los considerandos del fallo se tuvo en cuenta la precaria situación socioeconómica de la accionante, quien sufre VIH y otras enfermedades. También se ponderó la particular situación que atraviesa el país y el mundo producto del covid-19.