Nuevo reclamo para que se avance con la designación del defensor del Pueblo de la Nación

La figura es clave en la vida institucional del país, ya que su función es garantizar que la población, en un sentido colectivo, acceda a la Justicia. En 2014, la CIDH instó al Estado argentino a seleccionar al abogado. La Corte hizo lo propio en 2016, con motivo del denominado “tarifazo”

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, parlamentarios de la oposición reclamaron que el Gobierno federal avance en la designación del defensor del Pueblo de la Nación. [privado]

La senadora Elisa Carca (Juntos por el Cambio) presentó una iniciativa por la cual le solicita al Congreso Nacional que inicie el proceso del nombramiento del letrado, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Carta Magna y las leyes, cargo que está vacante desde hace más de una década.

Carca recordó el llamamiento realizado en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado argentino a seleccionar al profesional que encabezará la defensoría, un órgano independiente, que actúa con autonomía funcional, cuyo titular es designado y removido por el Poder Legislativo de la Nación con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras.

Human Rights Watch

Cabe recordar que a fines de marzo, Human Rights Watch (HRW) difundió un comunicado en el que sostuvo que el Gobierno de la Provincia de Formosa puso en marcha medidas “frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus. Además, señaló que se corroboró que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, podrían considerarse detenciones arbitrarias. Paralelamente, planteó que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, no fue exhaustiva ni priorizó registrar “los atropellos” que el Estado provincial cometió durante las protestas ciudadanas.

HRW criticó el polémico pronunciamiento del área de Pietragalla Corti, que -si bien condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”- apuntó también a una supuesta “campaña de desprestigio” llevada adelante por “medios hegemónicos”.

Por ello, HRW recomendó que el presidente Alberto Fernández alentara la puesta en marcha del mecanismo para la designación del defensor; ello así, porque se trata de un órgano independiente del Ejecutivo que podría documentar y denunciar abusos.

La figura, incorporada a la Constitución Nacional (CN) en 1994, es clave en la vida institucional del país, ya que su función es garantizar que la población, en un sentido colectivo, acceda a la Justicia.

“Control cruzado”

En su discurso de apertura de la 139ª Asamblea Legislativa, en marzo, Fernández criticó la Justicia y propició cambios urgentes alegando, entre otras cosas, que ésta “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.

Por otra parte, le pidió al Congreso que, “con el solo propósito de mejorar la calidad institucional”, asuma su rol de “control cruzado” sobre aquélla. Sin embargo, no le dedicó ningún tramo de su alocución a la necesidad de promover en el Legislativo la designación del defensor del Pueblo de la Nación.

La ONG Poder Ciudadano -que junto a otras organizaciones de la sociedad civil lleva adelante una causa para que el Congreso nombre al defensor- advirtió de la omisión y destacó que se trata de una vacancia inédita en el continente, que afecta la única institución local de derechos humanos reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El cargo está vacante desde 2009 cuando, después de pasar una década frente a la dependencia, el cordobés Eduardo Mondino presentó su renuncia.

Se retiró con mandato cumplido, ya que el artículo 86 de la CN prevé que el defensor del Pueblo dura cinco años, pudiendo ser nuevamente designado una sola vez.

En 2014, la CIDH instó al Estado argentino a seleccionar al profesional que encabezará la defensoría, un órgano independiente, que actúa con autonomía funcional, cuyo titular es designado y removido por el Legislativo, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras.

Luego de una etapa durante la cual funcionó con interinos, a partir de 2015 el subsecretario General, Juan José Böckel, dirige la institución.

Sin titular, las funciones de la defensoría están esencialmente afectadas: Böckel no tiene la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Estado y, así, en los hechos, es una entidad administrativa que formula recomendaciones.

Elecciones

En agosto de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, entre los considerandos del fallo que frenó el “tarifazo” del gas para los usuarios residenciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó al Congreso a que designara al ombudsman.

El proceso de nombramiento parecía haberse encaminado, pero en 2017 se estancó por las elecciones legislativas. Finalizada esa etapa, se esperaban novedades pero la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, de la cual debe surgir el nombre, no avanzó.

De no haber novedades, la situación podría llegar a ser corregida por una manda judicial, tal como sucedió con la figura del Defensor del Niño de la Nación.

Por lo pronto, el arco político está ocupado en la campaña por las próximas elecciones legislativas.

Desinterés

El desinterés de la clase política por seleccionar al funcionario quedó en evidencia en 2015, en el último tramo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, cuando el edificio de la defensoría estuvo a punto de quedar clausurado. En 2013 había vencido el mandato del por entonces defensor Adjunto, Anselmo Sella, y la repartición quedó olvidada.

Ante ese panorama, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, conformada por siete diputados y siete senadores (actualmente desactivada) tuvo que otorgarle un poder especial al por entonces secretario General del organismo, el jujeño Carlos Haquim, para que pudiera abrir el inmueble, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Cuando Haquim se convirtió, a fines de aquel año, en vicegobernador del primer mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, el área quedó a cargo de Böckel, quien no tiene firma ni representación para accionar ante la Justicia.

Jorge Maiorano, el primer defensor del Pueblo, publicó una carta reclamando que se cumpliera el mandato constitucional, sin éxito.

El último y único intento por remediar la acefalía se hizo sobre el final de 2017, como respuesta al fallo de la Corte que bloqueó el aumento del gas y que, en sus considerandos, le exigió al Congreso que cumpliera con la Constitución y designara al defensor del Pueblo.

Opinión

Recientemente, en una columna de opinión publicada en la prensa, titulada “Mayor poder, menor control, menor responsabilidad”, Maiorano alertó nuevamente sobre que “nuevos peligros se ciernen sobre los defensores del Pueblo en general”.

En esa inteligencia, escribió que en los 35 años que transcurrieron desde la primera incorporación de la figura a una Constitución latinoamericana, aquélla “se generalizó y alcanzó reconocimiento internacional”, aunque planteó que el futuro de la institución está en duda por proyectos de eliminación, recortes de facultades, cercenamientos presupuestarios y “hostigamientos varios, apetencias políticas que amenazan su independencia y, en suma, el serio riesgo de que la figura se vaya diluyendo en los países de América Latina”.

“Ante la gravedad y dimensión de la crisis sanitaria y económica que afecta y afectará a toda la humanidad como consecuencia de la pandemia, resulta necesario ubicar en este contexto inédito al defensor del Pueblo”, concluyó el ex funcionario.

Maiorano asumió como defensor el 17 de octubre de 1994 y ocupó el cargo hasta 1999.

En 1996 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la VI Conferencia Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman (OIO), oportunidad en la que fue elegido vicepresidente de ella.

En 1998, en Islamabad, Pakistán, asumió la presidencia del instituto. Fue el primero y único hispanoparlante que llegó a ese cargo.

Entre 1994 y 1999 intervino en numerosas acciones y fue el primer ombudsman del mundo que acudió a un organismo internacional en defensa de los derechos humanos: en octubre de 1996, ante la demora de la Corte para resolver más de 60 mil causas judiciales sobre reajustes previsionales y su negativa a aceptar sus reclamos.

Maiorano acudió ante la CIDH y demandó al Estado argentino, pero la Máxima Instancia se pronunció y la causa no continuó.

Ombudsman

Al ombudsman , una figura inspirada en el derecho escandinavo, le compete la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses de los ciudadanos ante hechos, actos u omisiones de la Administración pública y el control del ejercicio de las funciones del Estado. Tiene legitimidad para promover amparos y puede iniciar de oficio investigaciones dirigidas a esclarecer cualquier tipo de irregularidad cometida por una repartición pública o por las empresas prestadoras de servicios públicos.