Nicaragua: tras el duro cuestionamiento de HRW a Solá, la CIDH exigió la liberación de presos políticos

El tribunal regional concluyó que si los encarcelamientos se mantienen, se erosionarán “las reglas del juego democrático y del Estado de derecho”. Resaltó que los detenidos son precandidatos y que no se sabe dónde están ni si cuentan con un defensor de confianza. Antes, el titular de Human Rights Watch para las Américas desmintió varios dichos del canciller argentino sobre cómo plantear posiciones diplomáticas en organismos multilaterales

La semana pasada, en Nueva York, mientras escalaba la polémica por la posición del país sobre la situación en Nicaragua, el canciller Felipe Solá tuvo varias reuniones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reiteró los reclamos argentinos por Malvinas. [privado]

Cabe recordar que en la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina se abstuvo de votar la resolución que condenó el arresto de varios opositores nicaragüenses, a quienes consideró presos políticos, y conminó al gobierno de Daniel Ortega a liberarlos.

Luego, no firmó una declaración de la ONU sobre el tema, en Ginebra (Suiza).

Desde EEUU, mientras varios organismos de derechos humanos (DDHH) seguían cuestionando el silencio del país, entrevistado por Clarín, Solá aseguró que antes de la votación en la OEA el Gobierno le envió una carta a la administración nicaragüense objetando “absolutamente la violación de derechos humanos”.

Además, dijo estar convencido de que “en derechos humanos no hay doble rasero” por parte de Argentina y que hay “una idea equivocada” con respecto a las posiciones diplomáticas en los organismos multilaterales. “Lo que hacemos es seguir a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada sobre Derechos Humanos de la ONU”, manifestó el funcionario.

Además, aseguró: “Nosotros siempre votamos individualmente. No votamos con otros. No admitimos juzgar en patota”.

“Solá dice que un Estado no se puede ‘meter a objetar las leyes’ de otro Estado. Este argumento no tiene sentido. Las leyes de cualquier país pueden ser inconsistentes en sí mismas con estándares internacionales de DDHH y es habitual que otros Estados las critiquen”.

(José Miguel Vivanco, de HRW)

En otro tramo de la entrevista, afirmó: “Organizaciones de derechos humanos sostienen que la política de Argentina es zigzagueante, que no es coherente con Nicaragua. Eso es una visión simplista porque en lugar de ver lo que hace Argentina, ven lo que hace el conjunto de los países ¿Por qué el conjunto? ¿Por qué Rumania o Bulgaria van a saber más de Nicaragua que nosotros?”.

En tanto, ponderó que no se puede “votar en contra de las leyes que tiene un país” porque “tiene un control de constitucionalidad interno” y, al ser consultado sobre si en Nicaragua todavía hay democracia, respondió: “Hay una Corte, hay una Legislatura y hay un gobierno.

Tenemos derecho a condenar lo que queremos condenar, no lo que quieren condenar otros”, insistió.

Comunicado

Los dichos de Solá generaron más controversia y el abogado chileno y director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, emitió un comunicado vía hilo de Twitter cuestionando la visión del canciller y lo que definió como una postura “desafortunada” y “basada en decisiones ad hoc”.

“Solá dice que un Estado no se puede ‘meter a objetar las leyes’ de otro Estado. Este argumento no tiene sentido. Las leyes de cualquier país pueden ser inconsistentes en sí mismas con estándares internacionales de DDHH y es habitual que otros Estados las critiquen”, escribió Vivanco. Como ejemplo, recordó que el actual gobierno argentino apoyó varias resoluciones criticando normas de otros países (como la 46/22 sobre Siria y la 46/26 sobre Israel).

Sobre el punto de vista de Solá sobre las instituciones de Nicaragua, el titular de HRW apuntó que omitió aclarar que son “de papel” y destacó que, tal como estableció Bachelet, no hay independencia judicial.

“Solá sugiere que no apoyaron el pronunciamiento de 59 países porque ‘Bulgaria y Rumania’ no saben más que Argentina sobre Nicaragua. Olvida que la resolución fue apoyada y presentada por Costa Rica (el país que más de cerca ha sufrido la crisis en Nicaragua)”, expuso también.

Sobre la versión del canciller en cuanto a que el Gobierno adoptó la posición de pronunciarse individualmente sobre la situación de DDHH en otros países, Vivanco, de HRW, inquirió: “¿Por qué? ¿Cuál es el problema con firmar pronunciamientos conjuntos como hace gran parte de los Estados del mundo?”.

Sobre la versión del canciller en cuanto a que el Gobierno optó por pronunciarse individualmente sobre la situación de los DDHH en otros países, inquirió: “¿Por qué? ¿Cuál es el problema con firmar pronunciamientos conjuntos como hace gran parte de los Estados del mundo?”.

“Una cosa es adoptar una posición individual y otra muy distinta es invocar el principio de ‘no intervención’, como hizo Argentina (junto a México, por cierto) para justificar su abstención ante la resolución de la OEA”, acotó Vivanco, quien recordó que durante su historia democrática Argentina normalmente tuvo una posición coherente de defensa de los DDHH y juzgó que hoy “tiene un rol que cumplir”.

Situación procesal

A un día de ese cruce, el jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución reclamándole al régimen de Ortega que libere a cuatro de los presos políticos que encarceló durante las últimas semanas.

El tribunal regional destacó que falta información acerca de la situación procesal de aquéllos (todos políticos activos) y enumeró: ocultamiento del o de los lugares de detención; imposibilidad de asistencia jurídica de abogados de confianza e incomunicación prolongada.

“En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”.

(De la resolución de la CIDH).

La CIDH concluyó que se trata, prima facie, de detenciones arbitrarias y que ello, dadas las características del caso y sus antecedentes, configura una situación de urgencia y gravedad “susceptible de consecuencias irreparables” que fundan la “necesidad de adoptar medidas provisionales”.

Mensaje

Además, enfatizó que la privación de libertad de los opositores a Ortega “conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores”, cuestión que, según alertó, cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales.

La Corte regional valoró que si los encarcelamientos se mantienen se erosionarán “las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho”.

“En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”, recalcó.

Horas antes de que la CIDH se pronunciara, Daniel Ortega reapareció en público -después de un mes y cinco días de ausencia- y dio una justificación de la oleada represiva en contra de precandidatos presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas, que suma una veintena de detenidos.

Bajo esas premisas, consideró que se debe liberar inmediatamente a Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Maradiaga Blandón y Violet Granera Padilla.

Asimismo, intimó al Estado nicaragüense a garantizar integridad y libertad personal a los cuatro, así como a sus núcleos familiares.

Reaparición

Horas antes de que la CIDH se pronunciara, luego de más de un mes de ausencia pública, el presidente Ortega reapareció y justificó la oleada represiva contra precandidatos presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas, que suma una veintena de detenidos.

“No estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país”, arengó.

La CIDH concluyó que se trata de detenciones arbitrarias y que ello, dadas las características del caso y sus antecedentes, configura una situación de urgencia y gravedad “susceptible de consecuencias irreparables” que fundan la “necesidad de adoptar medidas provisionales”.

Ortega no había hablado sobre la escalada de detenciones que la policía y la Fiscalía de Nicaragua ejecutan en conjunto y usó la conmemoración del natalicio de uno de los fundadores del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, para ratificar su postura, que desoye la amplia condena nacional e internacional; en especial, la de Naciones Unidas.

Lo hizo mientras 59 países exigen el fin del asedio a la oposición por un gobierno que ya es calificado por casi la totalidad de los medios de prensa del mundo como “dictadura”.

No obstante, Ortega mantuvo que todo lo que se hizo y se hace en su país es “conforme a la ley” y “con los códigos establecidos para investigar, procesar y enjuiciar a los que han cometido delitos contra la patria”.

Se refirió a la investigación por supuesto lavado de dinero y a otros cargos basados en la ley 1055 (de “Soberanía del pueblo”), que se aplicó para retener a los precandidatos opositores; entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y la más popular entre los aspirantes, según las encuestas.

Bajo el señalamiento general de “traición a la patria” por “incitar injerencia y sanciones internacionales”, también están procesados los ex guerrilleros Dora Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, otros líderes opositores y el banquero Luis Rivas Anduray.

Paralelamente, la investigación por supuesto lavado de dinero se amplía cada día más e incrimina a empresarios de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y a periodistas. [/privado]