No será revisada una solicitud de retiro por invalidez presentada en Salta

En el caso está en juego el acceso a la protección judicial de una persona con discapacidad, residente a más de 1.400 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentra la competencia recursiva en la materia. El Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 49, inciso 4, primer párrafo, de la ley 24241

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario que presentó una mujer domiciliada en Salta capital, quien solicitó un retiro por invalidez, y revocó la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, que entendió que no era competente para tratar el planteo. [privado]

Siguiendo el criterio que expuso en su dictamen el procurador fiscal Víctor Abramovich, la Máxima Instancia declaró la inconstitucionalidad del artículo 49, inciso 4, primer párrafo, de la ley 24241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y citó la doctrina del precedente “Pedraza”.

A su turno, la actora solicitó una pensión por fallecimiento de su padre, quien era su sostén económico.

La Comisión Médica Jurisdiccional de Salta certificó su incapacidad laboral pero sostuvo que no reunía las condiciones para acceder al beneficio.

La mujer apeló la decisión ante la Comisión Médica Central (CMC) y ésta, si bien elevó el porcentaje de incapacidad, confirmó el rechazo del beneficio por no alcanzar el 66% de minusvalía requerido por el artículo 48 de la ley 24241.

Ante ello, dedujo recurso directo ante la Cámara Federal de Salta, con fundamento en la inconstitucionalidad de la norma que la obliga a litigar a 1.500 kilómetros de distancia de su domicilio. Al resolver, la alzada se declaró incompetente para entender en el asunto y dispuso girar as actuaciones a la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS), con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Regla

La demandante presentó un recurso extraordinario federal. Al dictaminar, Abramovich entendió que por las circunstancias particulares de la causa, la regla de competencia del artículo 49, inciso 4, primer párrafo, de la ley 24241 -que concentra en la CFSS la revisión judicial de las decisiones relativas a retiros por invalidez- afecta el derecho de la recurrente a una tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, por lo que resulta inconstitucional.

En el mismo sentido, opinó que el asunto encuentra adecuada respuesta en los fundamentos brindados por la Corte en “Pedraza”, del 6 de mayo de 2014.

El procurador fiscal ante la Corte puntualizó que la condición de discapacidad de la demandante agrava los obstáculos de acceso a la Justicia y destacó que existen protecciones especiales en tratados internacionales con rango constitucional que tutelan a personas en la situación de la actora.

El procurador destacó que la recurrente, quien reside a 1.400 kilómetros de distancia del órgano al que la norma cuestionada le otorga competencia, solicita una prestación de carácter alimentario y padece dolencias que además de impedirle trabajar la colocan en una situación de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, sostuvo que el fallo “Pedraza” es aplicable al caso aunque las normas en discusión son distintas; ello así, porque establece un idéntico sistema de concentración de las apelaciones de todas las solicitudes de retiro por invalidez del país en la CFSS, la única instancia de revisión judicial ordinaria de las decisiones administrativas de las comisiones médicas jurisdiccionales y, en grado de apelación, de la CMC.

Paralelamente, expuso que las prestaciones reclamadas en la causa, al igual que las consideradas en “Pedraza”, atienden condiciones de vulnerabilidad relacionadas con la subsistencia y la mejora en la calidad de vida, y tienen carácter alimentario.

Único

“Es posible concluir que la concentración de la competencia recursiva en un tribunal único con asiento a gran distancia del domicilio de la interesada, con inevitables consecuencias en términos de costos y dilaciones, configura una barrera de acceso en el trámite de un reclamo apremiante y de índole alimentaria que no satisface el deber de adecuación de los procedimientos a su condición de discapacidad”, consignó finalmente Abramovich en su dictamen.

La Corte estimó aplicable al caso las valoraciones de la causa “Pedraza”.

En esa línea, señaló que el principal obstáculo para el ejercicio pleno de la garantía de acceso a Justicia que presenta el artículo 49, inciso 4, de la ley 24241 -en cuanto concentra la totalidad de las revisiones de incapacidades determinadas por la CMC en la CFSS- es la distancia entre ese tribunal y el lugar de residencia de la actora.

La Corte Suprema recordó que en el precedente “Furlan” la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó los deberes del Estado de eliminar las barreras y garantizar el acceso a Justicia de las personas con discapacidad mediante su participación adecuada y efectiva en los procedimientos.

Destacó que la mujer ya enfrentó un periplo al apelar el dictamen de la Comisión Médica 23 de Salta ante la CMC y que estaba obligada a seguir ese derrotero para habilitar la instancia judicial.

Con base en lo decidido en “Pedraza” y en “Constantino”, sostuvo el objetivo que el Estado perseguía mediante la creación del fuero Federal de la Seguridad Social y que el establecimiento de la competencia de la CFSS era instalar un sistema eficiente para cubrir los riesgos de subsistencia de la población mayor de edad o incapacitada para el trabajo, estableciendo un modo de revisión judicial de actos que otorguen o denieguen beneficios y reajustes.

Evidencia

El Alto Tribunal aclaró que, sin embargo, la evidencia empírica demuestra que el tribunal de alzada acumula miles de causas que esperan ser resueltas, lo que afecta la posibilidad de que ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el interior del país obtengan en forma rápida y eficiente respuestas a reclamos de contenido netamente alimentario.

Así, determinó que no es razonable que personas en condiciones de vulnerabilidad se vean obligadas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen e indicó que la solución debe ser “aquella que coloque a la actora en pie de igualdad con el tratamiento que la jurisprudencia ha dispensado a otros grupos de vulnerables”. [/privado]