ESCUCHAREl juez penal económico N°6, Marcelo Aguinsky, elevó a juicio oral la causa por el contrabando de importación de mercaderías a gran escala conocida como “mafia de los contenedores”, por la que hay 97 personas procesadas y 11 empresas involucradas.
La megacausa involucra a empresarios, exfuncionarios y empleados de la Aduana, despachantes de aduana y contadores, entre otros, acusados de conformar una asociación ilícita por contrabando calificado en 571 hechos, de los cuales 532 se consideran consumados y 39 en grado de tentativa, desde principios del 2014 y hasta el 13 de mayo de 2016.
Para el juez Aguinsky, “los delitos económicos, especialmente el contrabando, perjudican la actividad económica y financiera del Estado, obstaculizando el logro de los objetivos establecidos en nuestra Constitución Nacional”.
En esa línea, el magistrado sostuvo que el contrabando, aunque no atrae la misma atención pública que otros delitos, “causa un daño significativo a la sociedad y pone en evidencia, como en este caso, la connivencia de las autoridades aduaneras con el delito. Es crucial que la Justicia no ignore estas prácticas, ya que al hacerlo perpetúa la impunidad y promueve el desaliento en los buenos funcionarios”.
Los procesados están acusados por el delito de asociación ilícita, que tiene una escala penal de 3 a 10 años de prisión, en tanto para los considerados jefes de la asociación ilícita tiene un mínimo 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, según el Código Penal. Respecto al contrabando agravado, el Código Aduanero prevé una escala de 4 a 10 años de prisión en sus artículos 863 y 864.
En el auto de elevación a juicio, el juez Aguinsky recomendó al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Nicolás Posse, que la Aduana implemente la utilización de cámaras portátiles, conocidas como “bodycam”, para que el agente aduanero sea el que genere la evidencia digital con su propia actividad y así todas las verificaciones físicas de mercaderías que ingresen al país queden grabadas en video.
“Ya no solamente nos encontramos ante iniciativas privadas apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control, sino también frente a una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios”, señaló el juez.
Tal como surge del requerimiento de elevación a juicio, «estas personas habrían actuado de manera organizada, conformando múltiples eslabones en una cadena de responsabilidades», con el accionar de agencias navieras, agentes de carga, depósitos fiscales, despachantes de aduana, funcionarios públicos, compañías exportadoras y de los reales importadores -beneficiarios finales de la maniobra- que «se ocultaron detrás de interpósitas personas jurídicas, a las que se utilizó como consignatarios de la mercadería y formales importadores ante la Aduana».
Así, del expediente se desprende que el delito de contrabando se materializó en una serie de hechos perpetrados bajo dos modalidades diferentes: un grupo de casos donde se habría efectivizado el ingreso al país de mercadería «mediante la presentación de documentación apócrifa y la incorporación de datos falsos en las presentaciones efectuadas ante el organismo de control aduanero. Por estas maniobras, habrían ingresado a territorio nacional diversas mercaderías en cantidad, especie y/o calidad distinta de las especificadas en las respectivas declaraciones», sostuvo la fiscalía en la acusación.
El otro grupo de casos se refiere a una serie de operaciones de importación en las que «el organismo de control habría detectado reiteradas y significativas diferencias entre las mercancías que se intentaban ingresar al territorio nacional y las manifestaciones juradas presentadas a tal efecto«, describe la pieza acusatoria.
