ESCUCHAREl magistrado sugirió medidas a la Policía para evitar arrestos arbitrarios. Recordó que las detenciones tienen carácter “excepcional” y que ante la privación de la libertad de un menor debe notificarse a los juzgados en lo Penal y Juvenil. Opinó que el Código de Faltas debería reformarse.
El Código de Faltas no es inconstitucional, aunque para el juez de Control Gustavo Reinaldi la necesidad de su reforma es “innegable” para evitar futuras detenciones arbitarias como las ocurridas entre el 1 y 3 de mayo, en los operativos de saturación que llevó adelante la Policía de Córdoba.
El magistrado hizo estas consideraciones en la resolución que dictó ayer sobre el hábeas corpus preventivo colectivo que había presentado Hugo Seleme, en representación del Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Allí, el juez sugirió medidas que deberá adoptar la Policía de la Provincia para evitar futuros arrestos arbitarios, a la vez que recomendó al Gobierno de la provincia que adopte medidas para garantizar la defensa técnica de las personas privadas de su libertad en actuaciones contravencionales, desde el primer momento de éstas.
“El tiempo que en definitiva dura la privación de la libertad y la falta de previsión respecto de la posibilidad de asistencia letrada en el mismo momento de la detención, implica que el acceso a un defensor resulte siempre tardío y, en la mayor parte de los casos, económicamente inaccesible para quienes suelen resultar así privados de la libertad”, subrayó Reinaldi.
Y continuó: “Así, junto a las ‘malas prácticas’ convive la posibilidad de que éstas no sean controladas o cuestionadas, pues la posibilidad de una ‘defensa efectiva, real’ parece sólo teórica”.
Arrestos
En total, según la información que recibió el juez, hubo 341 arrestos, de los cuales sólo 39 fueron por delitos. En ese total, cinco casos se corresponden a menores. Pero en paralelo, Reinaldi constató que hubo otros 104 menores de edad detenidos, sobre los cuales no hubo notificaciones a los juzgados en lo Penal y Juvenil ni tampoco la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), situación que calificó como “preocupante”.
Con estos datos, el juez recordó que aún ante la constatación de un infracción de naturaleza contravencional, “no siempre resulta indispensable la privación de la libertad, pues ésta ha de tener el carácter de excepcional”.
Asimismo, remarcó a la Policía que que no constituye merodeo el “sólo hecho de estar merodeando en un lugar, (…) tener una actitud sospechosa (…),deambular en la vía pública (no estar bien vestido, mirar los comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la mirada cuando la policía llama) y que no hay norma alguna que obligue a los habitantes de esta provincia a tener siempre consigo el documento de identidad”.
A modo de guía para la Policía, el juez señaló que las razones de los arrestos «deberán constar expresamente» y que deberán seguirse las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina” .
También se notifica al jefe de la Policía que «deberá disponer lo que resulte necesario» para que «se respeten los derechos y garantías fundamentales de los menores de edad (art. 37 y 40 de la Ley 23.849 –Convención sobre los Derechos del Niño)».
Confusión
En la conferencia de prensa posterior a la presentación del nuevo programa «Córdoba Más Segura», el ministro de Seguridad, Walter Saieg, declaró -confundido con la resolución del fallo- que el juez Gustavo Reinaldi había rechazado el pedido de hábeas corpus. Al respecto, indicó: «Hubo un fallo reciente, hace una hora, en el cual se rechaza el hábeas corpus. Ahí nos damos cuenta de que en plena campaña electoral hay muchas denuncias de este tipo. Por dos meses, hasta el 9 de agosto (PASO nacionales), vamos a estar con este tipo de denuncias. Nosotros no hacemos nada que sea ilegal”, remarcó. (ver también: De la Sota anunció plan para paliar la inseguridad).
