ESCUCHAREl gobernador José Manuel de la Sota anunció un nuevo programa de seguridad, con la pretensión de contrarrestar los episodios delictivos que se están produciendo en numerosos barrios de la Capital y el interior.
El programa contempla la implementación de tecnología, la creación de la Policía de Pacificación, la incorporación de 1.768 efectivos, 130 móviles para zonas rurales y 1.200 cámaras de seguridad en puntos estratégicos.
«Este programa ha sido elaborado por el Ministerio de Seguridad y la plana mayor de la Policía y son ellos los responsables de que funcione (…) Se gastarán millones y millones en vehículos, armamento, equipos de protección, comunicaciones», puntualizó el gobernador en su discurso.
Además, se notificó una batería de medidas en materia de seguridad para intentar calmar las protestas vecinales que se esparcen por la ciudad de Córdoba. Alarmas comunitarias y avisos de alertas vía WhatsApp son algunas de las opciones.
Durante la presentación de «Córdoba Más Segura», en el auditorio del Centro Cívico, De la Sota anunció también una aplicación móvil de alarma por georreferencia y ofreció financiamiento para la compra de alarmas comunitarias con la Tarjeta Cordobesa, en 12 cuotas sin interés.
El mandatario agregó que se instalarán 15 «comisarías móviles» de la Policía de Pacificación en «las zonas más conflictivas de la ciudad».
«Tienen la misión de estar ahí hasta que bajen los índices delictuales, ocupando el lugar, patrullando, que gasten combustible no que estén parados, que tengan actividad permanente en contacto con los vecinos, para que los comisarios estén en WhatsApp», expuso. “Tenemos que proteger los derechos humanos de la gente de bien y, a los delincuentes, aplicarles la ley”, expresó el gobernador, repitiendo un polémico concepto ya utilizado por él mismo en otras ocasiones.
Confusión
El anuncio de De la Sota tuvo lugar prácticamente a la misma hora en que se conocía la resolución del juez de Control Gustavo Reinaldi sobre los operativos de saturación que realizó la Policía entre el 1 y el 3 de mayo. Seguramente mal informado, el ministro de Seguridad, Walter Saieg, advertía de que el hábeas corpus había sido rechazado (ver: Los detenidos por contravenciones…)
